Lo más obvioes decir que México se encuentra en una crisis de seguridad, que el nuevo gobierno de López Obrador está teniendo dificultades para obtener resultados con su estrategia y que el alto índice de homicidios dolosos –o asesinatos violentos– puede serequiparable con saldos de una guerra regular.
Pero la crisis de seguridad no se puede explicar echándole la culpa a gobiernos anteriores, que en verdad han tenido responsabilidad. Pero cada gobierno desde 1982 ha eludido cuando menos una explicación política y realista del origen del problema. Por tanto, cada nuevo gobierno cuando menos se justificanegando su culpabilidad en la inseguridad.
Sin embargo, todos son responsables: la crisis de seguridad es un problema de sistema político mexicano. El PRI –que gobernó de 1929 como Partido Nacional Revolucionario hasta 2000 y regresó en el sexenio 2012-2018– logró estabilidad de seguridad porque mantenía un controlpolítico y policiaco de los delincuentes. Y los grupos que sesalieron del control –la guerrilla armada en los setenta– fueron aplastados sin piedad.
La inseguridad tiene dos fases generales: la delincuencia común y la delincuencia del narcotráfico. Como punto de partida se establece aquí una tesis central: la delincuencia en México sólo ha podido ser posible por el aval, la complicidad y el apoyo de las instituciones políticas y de gobierno. En diciembre de 1976 el presidente López Portillo designó como jefe de policía de la capital de la república a un comandante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS, la policía política del Estado) acusado y revelado en los EE. UU. como responsabledel tráfico de droga en el aeropuerto de Ciudad de México. Obvio, las bandas criminales controladas por la policía se multiplicaron.
En 1985, en medio de las presiones brutalesde la Casa Blanca y de su embajador John Gavin por el secuestro, tortura y asesinato en Guadalajara del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, el arresto de uno de los dos jefes del principal cártel de la marihuana, Rafael Caro Quintero, revelóque el capo portaba una credencial oficial válida como agente de la DFS, con su foto y con otro nombre. La reacción del gobierno de Miguel de la Madrid y de su secretario de Gobernación (Interior) fue quitar al jefe de la DFS y hacerlo ¡candidato a diputado estatal del PRI por Hidalgo! En 1989 ese jefe policiaco, José Antonio Zorrilla Pérez, fue encarceladocomo responsable del asesinato del columnista Manuel Buendía el 30 de mayo de 1984, cuando Buendía se disponía a publicar en su columna en Excélsior nombres de funcionarios que protegían a los narcotraficantes.
A 35 años del crimen de Buendía, la inseguridadvinculada al narco es mucho peor: 250 mil homicidios dolosos en el sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012) y del priísta Peña Nietro (2012-2018), pero con indicios de que la criminalidad asociada al crimen organizado se disparóal alza en 1997 y existió desde 1982.
Una explicación política señala que en 1982 los viejos políticos priístas que manteníanel control interno del sistema con mano dura fueron desplazados por los economistas de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas en 1982. La tecnocracia se deslindóde cualquier control de delincuentes y la inseguridad encontró camino libre. Los cárteles del narco nacieron justamente durante el gobierno de De la Madrid y la gestión de Manuel Bartlett Díaz (hoy activopolítico del gobierno de López Obrador) como responsable de la política interna. El jefe de la policía política que protegió a los capos funcionaba bajo el mando directo de Bartlett.
A pesar del aviso que representó la crisisde 1985 por la presión estadounidense y sesiones públicas en el Senado para juzgar a México como un Estado protector de delincuentes, ningún presidente de la república ha hechoalgo realmente positivo en esa materia. En México se publicaron versiones en medios en 1985 señalando que el gobierno había abiertoventanillas negras para captar los dólares del narco, ante la crisis de divisas para sostener el tipo de cambio. En mayo de 1993 el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue acribillado en un enfrentamiento entre bandas de Tijuana y de El Chapo Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara. Y sigue latenteen la sociedad la sospecha de que el candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio pudo haber sido asesinado por órdenes de algún cártel del narco.
Todos los gobiernos recientes limitan su estrategiade seguridad a la vigilancia en las calles y en la captura o muerte de los grandes capos, pero ninguno se ha echado a cuestas la tarea de desmantelar la red de intereses políticos y gubernamentales de los cárteles. A la fecha existen cuando menos una veintena de fuertes cárteles, cuyos mandos superiores han sido muertos en combate, arrestados o extraditados a los EE. UU. El Chapo Guzmán está encarcelado de por vida en los EE. UU., pero su banda del pacífico siguemás fuerte que nunca.
El nuevo gobierno de López Obrador ha presentado algunas variantes en su estrategia de seguridad, con la novedad de una Guardia Nacional. Algunas iniciativas tibias quieren quitar legalmente propiedades a narcos, pero las cifras de inseguridad siguen al alza. La Guardia sería el camino para ir regresando a los militares a sus cuarteles, después de ser lanzados a la guerra contra el narco en diciembre de 2006 con el saldo positivo de descabezar los cárteles, pero en lo negativo no haber tocado —noles correspondía– la estructura de las bandas.
La violencia criminal refleja la rupturadel tejido social, el desmantelamiento del Estado como autoridad, la corrupción de las fuerzas policiacas y judiciales y, la peor parte, la complicidad de la sociedad que protege a los delincuentes.
