Si alguna fallatiene el manejo gubernamental del tema de la Guardia Nacional, habría que buscarla en tres errores: carece de una política de comunicaciónsocial, cayó en la trampa del concepto de militarizacióny ha desdeñado el avanceen las estrategias de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
Sin entenderel modelo de creación de un grupo ciudadano en el 2004 que acompañó y le dio basesocial a la Ley de Seguridad Nacional que habría de ser necesariamente coercitiva, la forma de operar la creación de la Guardia Nacional notuvo una verdadera estrategia política y de seguridad nacional.
A ello se ha agregado la faltade habilidad para centrar el tema en lo sustancial: el juicio de Joaquín El ChapoGuzmán en Brooklyn ha reveladola profundidad del problema de seguridad en los temas de criminalidad, recursos financieros, armamento sofisticado y sobre todo corrupciónpolítica y civil.
El dato oficial de más de 93 mildelincuentes fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en ocho años habla del tamañode la criminalidad. ¿Qué númerode delincuentes podrían calcularse si murieron casi 100 mil en ocho años? ¿Esos 100 mil delincuentes muertos podrían ser el 10%–más, menos– del totaldel crimen organizado? ¿Son cientos de miles o milloneslos delincuentes si sacrificaron casi 100 mil sinperder su fuerza operativa?
Y lo más graveque ilustra la necesidad de un nuevo cuerpo de seguridad diseñado de manera directapara combatir a esa realidad criminal: ¿qué sistema político, social, de seguridad y de gobierno ha permitidola existencia de una estructura criminal de bandas, cárteles, federaciones, pandillas y bandidos en solitario sinque se haya sometido a control a los criminales y delincuentes?
La llamada militarizaciónfue una decisión de Estado para incorporar desde diciembre del 2006 a las fuerzas armadas en apoyoa las fuerzas civiles de seguridad pública que habían sido rebasadaspor la organización, armas y criminalidad de los delincuentes. Esa participación de las fuerzas armadas noimplicó el desplazamiento civil de las instituciones políticas, de gobierno y sociales.
A la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador le faltaun modelo de debate político y social que reconozca que las estrategias anteriores fueron criminógenas–no resolvieron el problema del crimen y provocaron mayores formas de criminalidad– y que ahora ha llegado la horade una estrategia integral de seguridad criminal. Los funcionarios del área de seguridad han perdidola batalla conceptual de seguridad y justicia porque nohan creado una narrativa sobre los éxitoslogrados –95% de caposdetenidos o muertos– ni sobre los desafíosde la nueva criminalidad.
La fallade comunicación del gobierno de López Obrador radica en la centralidaddel tema de la Guardia Nacional como cuerpo de seguridad formado con cuadros militares y marinos bajo directrices civilesde seguridad: el presidente de la república, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación, el fiscal general, todos los gobernadores, todos los alcaldes, los mandos en las dos cámaras son civilesy los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina han demostrado estar sometidos a la lealtada las instituciones republicanas.
Los temoresa la participación de militares y marinos en la GN se centran en abusosdenunciados y en procesos judiciales, pero a partir de la contabilidad de que la gran represión social en la historia reciente de 1958 a la fecha fue ordenaday perpetrada por civiles y policías. Es paradójico que se frenea los militares que dieron resultados en la lucha contra los cártelesy nose condene a los policías cuya ineficacia, corrupción e incapacidad llevaron al país a una República de Cárteles.
Los responsables de la estrategia de seguridad se han ahogadoen el tema organizacional de la Guardia y no les han dado mayor interés a las tareas sociales, políticas y de políticas criminales. El gran retode la política de seguridad del gobierno de López Obrador radica en el paso de una estrategia criminógenaque no terminó con la delincuencia y sí permitió mayores bandas y delincuentes a una estrategia propiamente de seguridadinterior, a partir del hecho de que la seguridad interior no es sólo policiaca sino de recuperaciónde la tranquilidad social en la república con bienestar asociadoal combate a la delincuencia.
La nueva política de seguridad ha perdidola batalla de las percepciones sociales por la faltade una política de comunicación estratégica, por la centralizacióndel tema en el tratamiento incoherente y sin objetivos políticos en las conferencias presidenciales mañaneras y por la ausenciade articulaciones sociales de las metas policiacas con organizaciones sociales. Una revisión de medios escritos podría revelarque la crítica hacia la GN y la estrategia en general ha carecidode respuesta comunicacional.
La batalla por la GN se puede ganaren el Congreso, pero perderen la sociedad civil.
Política para dummies: La política bien entendida es lo que no se ve, pero se siente.
