Con el objetivo de garantizar la legalidad y transparencia en la entrega de recursos y donativos recibidos para atender la contingencia derivada de los sismos ocurridos en el mes de septiembre, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) de Oaxaca, en coordinación con la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), revisó las acciones integrales en materia de vigilancia de los mismos destinados a la restauración del Istmo de Tehuantepec.
El Contralor del Estado, José Ángel Díaz Navarro, junto con la titular de la SFP, Arely Gómez González y el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, encabezaron una reunión para fortalecer los mecanismos de control y supervisión, con el objetivo de que sean utilizados para los fines previstos, con transparencia y apego a la legalidad.
“La intención de reunirnos en este momento en que ha iniciado la restauración de los municipios más afectados, es fortalecer el control y vigilancia, así como poder prevenir, detectar o sancionar posibles actos de corrupción en el manejo de los recursos para la reconstrucción de viviendas en Oaxaca”, subrayó Díaz Navarro.
El funcionario estatal señaló que se realizaron acciones de coordinación -en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización-, donde cada una de las instituciones integrantes en sus ámbitos de competencia, supervisen la asignación de los recursos federales transferidos a la entidad, así como los que correspondan al presupuesto del Estado y los que se canalizan como resultado de donaciones.
Reunidos en la sede de la Función Pública en la capital del país, Díaz Navarro, detalló que en las horas siguientes al sismo del 7 de septiembre, fueron habilitados un total de 41 Comités de Contraloría Social en igual número de municipios, declarados como zona de desastre en el Istmo de Tehuantepec.
Asimismo, la SCTG emprendió acciones en materia de transparencia, contraloría social y participación ciudadana, en los centros de acopio y albergues para la supervisión de la recepción y distribución de apoyos.
De los 283 municipios afectados, se convocó a los Comités de Contraloría Social acreditados por la SCTG de los 41 municipios del Istmo en situación de emergencia extraordinaria, sumando un total de 117 contralores sociales, a quienes se instruyó para que recibieran quejas, denuncias o reportes de ciudadanos afectados en caso de presentarse el condicionamiento de apoyos o venta de víveres.
De igual manera, a través de los Comités de Contraloría Social se acompañó y verificó el proceso de levantamiento del censo de daños a viviendas, y a partir de la conformación de la base de datos se determinó que en la región del Istmo se cuenta con 265 Comités de Programas Federales en 34 municipios de programas como Diconsa, Pensión para Adultos Mayores, Estancias infantiles, entre otros.
