La Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado una investigación por la denuncia presentada por accionistas del Banco Popular contra el empresario Antonio del Valle Ruiz y otros por revelación de información confidencial, informó el despacho que representa a los denunciantes.
La denuncia fue presentada el 7 de junio ante la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la PGR y ratificada el 6 de julio, “y la PGR ya está trabajando en ello”, declaró María Teresa Llantada, socia del despacho Gastelum Abogados, a la agencia EFE.
La denuncia es contra Antonio del Valle Ruiz, su primo Jaime Ruiz Sacristán y otros, a quienes atribuyen “revelación de información confidencial, engaño y aprovechamiento del error”, según Llantada.
Aclaró que la denuncia se presentó en nombre de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, que agrupa a inversionistas del Popular y que ha contratado abogados tanto en España como en otras partes de Europa y México para defender sus intereses.
Según la abogada, la investigación está en sus inicios atendiendo a pruebas aportadas en la denuncia, que sostiene que tanto Del Valle Ruiz como Ruiz Sacristán revelaron “de forma directa o indirecta” a través de los medios de comunicación la información confidencial a la que tenían acceso.
“Se tendrá que hacer diversas gestiones a través de la Procuraduría General de la República con su equivalente en España para que se interrogue a testigos. Hay que integrar toda la carpeta de investigación para acreditar la comisión de la conducta delictiva”, informó.
Un portavoz de Antonio del Valle informó que la demanda “hace referencia a hechos acaecidos en España que están siendo revisados por las autoridades competentes en ese país”.
“Las personas mencionadas en la nota no han sido notificadas en México de los procedimientos a los que se refiere en la misma”, agregó el mismo portavoz.
Llantada aclaró que la demanda pone de manifiesto que el objetivo de la filtración era “desestabilizar el mercado, mover artificialmente el valor de la acción, y con ello provocar que a través de un aumento de capital se pudieran hacer ellos (los investigados) con el banco por una cantidad muy inferior al valor de los activos”.
“Al final del día la jugada, como todos sabemos, no les sale porque bajan tanto las acciones que evidentemente se toma la decisión de venderlo (el Banco Popular) por un euro al Santander”, declaró.
Insistió en que “toda la conducta desde que entra el señor Antonio del Valle como consejero (del banco) el año 2014 fue tendente a desestabilizar el precio y el valor de la acción a través de la divulgación de noticias falsas o tendenciosas, o simplemente ciertas, pero con información confidencial”.
Varios medios de comunicación publicaron en marzo que Antonio del Valle y otros mexicanos antiguos accionistas del Banco Popular, que llegaron a poseer más de un 4% de la entidad, reclamaban a España 470 millones de euros a través de un arbitraje internacional.
Antes, Del Valle Ruiz ya había presentado un recurso legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Junta Única de Resolución de intervenir Popular y adjudicarlo al Banco Santander.
El inversor mexicano de origen asturiano considera que sus acciones fueron “expropiadas” y acusa al Gobierno de España de una participación activa en la resolución.
Fuente: proceso.com
