El plan de austeridad de López Obrador ha provocado una onda expansiva de descontento e incertidumbre por los pasillos de las instituciones públicas mexicanas. El cóctel de leyes aprobado exprés por la mayoría parlamentaria de Morena permite reagrupar oficinas, deshacerse de otras, ajustar más de 6.000 plazas de la alta burocracia y colocar un techo salarial: ningún trabajador público puede cobrar más 108.000 pesos mensuales, el nuevo sueldo del presidente. Más de 200 jueces anunciaron este lunes que han promovido juicios de amparo en contra. No han sido los únicos. Desde el anuncio de la primera norma a finales de septiembre, la reacción ha sido una catarata de trabajadores públicos renunciando a sus puestos, solicitando prejubilaciones o directamente, siendo despedidos.
“Hay mucho temor. Todos estamos esperando a la quincena para ver qué pasa”, explica un administrativo que prefiere no dar su nombre y que lleva 10 años en el Senado, uno de los primeros lugares donde empezó la tijera. En los últimos dos meses han salido 2.041 trabajadores según las cifras oficiales. La mitad eran puestos de confianza –chófer, secretaria, asistente– nombrados por los senadores salientes. La otra mitad eran trabajadores llamados de estructura, con funciones técnicas, como el administrativo que opta por no dar su nombre. El Senado ha pagado ya 350 millones de pesos (unos 17 millones de dólares) en liquidaciones.
El equipo de López Obrador ha repetido con ahínco que la medida no afectará a los trabajadores sindicalizados. Desde el sindicato del Senado afirman: “De momento, estamos tranquilos”. Otro de los mantras es que habrá una compensación para los sueldos más bajos. En Banobras, banco público, otro trabajador no sindicalizado, que lleva tres años en el área de negocio y con un puesto que apenas supera los 40.000 pesos al mes también, teme al menos por la calidad de su puesto. “Nos están avisando de que nos van a quitar prestaciones, como el seguro médico que es privado”. Habla incluso de “terror” psicológico y asegura que 970 trabajadores, al menos 200 –todos en la parte alta de la escala salarial–, han solicitado la prejubilación.
López Obrador, en la rueda de prensa que ofreció este martes por la mañana, salió al paso de las protestas y defendió que se bajan “los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. Es justicia laboral”. “Si esto no les parece justo a los funcionarios públicos, tienen su derecho a manifestarse, como lo están haciendo, y la autoridad competente resolverá”. El presidente insistió en que su llegada al poder implica un cambio y que se va a aplicar una política de austeridad. “Yo creo que hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600.000 pesos mensuales. Eso es corrupción de un país con tanta pobreza”, recalcó.
Las prejubilaciones también se han disparado en el Instituto Nacional Electoral (INE). Entre ellas, la de Miguel Ángel Solís, director ejecutivo de la organización electoral durante más de dos décadas. Fuentes de la institución reconocen el acelerón de solicitudes, aunque matizan que “siempre se produce una subida por estas épocas. Este año, en todo caso, es mayor”. Puestos directivos como el de consejero presidente o el secretario ejecutivo superan los 160.000 pesos netos al mes.
“El equipo de transición ha llegado con la aplanadora para todas las posiciones altas, es como una guerra contra los altos mandos”, afirma la directora de marketing de un organismo dependiente de la secretaría de Hacienda con un sueldo de 170.000 pesos mensuales y un contrato como “personal de confianza” desde hace siete años. “Ya me han notificado –añade– que me tengo que ir. Pensábamos que iban a negociar, pero están despidiendo a directores, subdirectores y gerentes de área. Nos tememos, además, que no nos van a pagar las liquidaciones por despido. Ya estamos hablando con abogados para defendernos y si es necesario llegar hasta los tribunales”.
La bolsa de puestos de confianza en rangos altos y medios dentro de la Administración mexicana ronda los 70.000, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De llevarse a cabo el recorte previsto por el nuevo Gobierno –en torno al 70% del total–, casi 50.000 trabajadores, en su mayoría de perfiles técnicos y de gestión, pasarían al mercado privado. “La mayoría estamos esperando a que nos liquiden y mientras tanto moviendo el currículo por empresas privadas”, reconoce la directora de marketing que no da su nombre.
Otros casos, no han esperado si quiera a la finalización de su contrato. Durante el mes de noviembre, 56 trabajadores presentaron su renuncia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Entre ellos, cuatro vicepresidentes y siete directores generales de la comisión reguladora de bancos, casas de bolsa y fondos de pensiones en México.
El País
