Tres sexenios de dilapidar el dinero público

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En el presente sexenio la deuda pública creció más rápido que la economía. En consecuencia, el pago del servicio de esa deuda se encuentra en un máximo histórico, pues representa 2.9% del producto interno bruto (PIB), inferior a la inversión del gobierno federal en obra pública. Según Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, pasó de 6.3 billones de pesos al inicio de la administración peñanietista a un estimado de 11.3 billones al cierre de este año.

Lo más grave es que esa deuda se utilizó para financiar el gasto corriente y el pago de intereses, pues la inversión pública apenas alcanza 3.3% del PIB, según Foncerrada. Mientras el diario Reforma, en su edición del miércoles 19, señala que mientras en el sexenio de Felipe Calderón se invirtió en obra pública 4.3% del PIB, en el de Peña Nieto (al cierre de 2017) era de 2.6; mientras el costo financiero de la deuda era en el pasado sexenio de 1.9% y en el actual, de 2.4.

De acuerdo con estas cifras, en el presente sexenio un mínimo porcentaje de los 5 billones de pesos en los que creció la deuda pública se dedicó a la inversión pública, lo que se refleja muy claramente en el decremento de la misma y su consecuente impacto en los bajos índices de crecimiento de la economía nacional.

Sin embargo, esta práctica no es exclusiva del actual gobierno, pues un rápido repaso a los dos sexenios panistas (los más beneficiados por la bonanza petrolera nacional, por la combinación de una alta producción y los precios récord del barril de la mezcla mexicana) muestra que éstos pudieron moderar el crecimiento de la deuda, precisamente por la renta petrolera, pero los excedentes también los dedicaron principalmente a financiar el gasto corriente.

El periódico digital Sin Embargo publicó el 30 de mayo de 2016 una información en la que señala: “De 2000 a 2012 el país obtuvo del crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) 7 billones 753 mil millones de pesos (ingresos totales por la venta de crudo). Sin embargo, la gran oportunidad que representó la captura de ese monto extraordinario se esfumó, debido al despilfarro, la falta de rendición de cuentas y el hecho de que México nunca ha tenido una política energética integral o porque se ha manejado dentro de una política de privatización de los recursos naturales, explicaron especialistas”.

En el mismo reportaje se apunta que el entonces gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, señaló que el gobierno de Fox obtuvo un ingreso ­extraordinario (refiriéndose a que no se había presupuestado porque se preveían ­precios por barril más bajos) por la exportación de crudo de alrededor de 180 mil millones de pesos en promedio por año; es decir, poco más de 1 billón de pesos en el sexenio. Ortiz Martínez cuestionó que esos recursos “se habían destinado a financiar el gasto de la administración y no a mejorar la competitividad nacional”.

En el sexenio de Calderón, de acuerdo con la evolución de los precios del barril de petróleo, los excedentes petroleros deben haber sido incluso un poco mayores, por lo que en los dos sexenios panistas se deben alcanzar aproximadamente 2.5 billones de pesos de ingresos extraordinarios.

Así, si se consideran los excedentes petroleros en esas dos administraciones y la deuda pública contraída en el sexenio peñanietista, la suma alcanza alrededor de 7.5 billones de pesos, que en su mayoría se han destinado a financiar el gasto corriente, mientras un pequeñísimo porcentaje se ha destinado a inversión y a incrementar las reservas del Banco de México.

Con la llegada de la alternancia a la Presidencia de la República, también arribó la época de la bonanza petrolera, que les permitió a los gobiernos de Fox y Calderón financiar sin problemas su operación; cuando ésta llegó a su fin, al inicio del presente sexenio, éste tuvo la posibilidad de recurrir al endeudamiento porque este mismo era muy manejable en esos momentos, al representar aproximadamente 34% del PIB, mientras que en este momento se encuentra en 48%, aproximadamente.

Sin embargo, al haber destinado casi la totalidad de esos recursos al gasto corriente y al pago de intereses de la deuda, se impactaron negativamente las finanzas públicas y se restringieron mucho los márgenes de maniobra para incrementar los ingresos públicos, ya que el magro crecimiento del PIB limita el endeudamiento, mientras la disminución en la extracción de petróleo y la refinación de gasolinas convierte cualquier aumento en los precios de los hidrocarburos en un factor negativo.

Los tres gobiernos del nuevo milenio tuvieron los recursos económicos suficientes para impulsar el crecimiento de la economía mexicana, los dos primeros por los altos precios del barril de petróleo (que llegó a un máximo histórico para la mezcla mexicana, el 14 de julio de 2008, con 132.71 dólares por barril); y el último, por la buena salud de las finanzas públicas que le permitieron recurrir al endeudamiento.

Lamentablemente esos recursos no se dedicaron a la inversión en la misma industria petrolera, el desarrollo de la infraestructura nacional o a la implementación de políticas públicas que combatieran los ancestrales problemas estructurales (desigualdad socioeconómica, mala calidad de la educación, bajos salarios, la mitad de la población en pobreza, entre otros) que hubiesen impulsado el crecimiento de la economía mexicana.

Estos recursos se destinaron al gasto corriente, y una cita de un documento del investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Roberto Gutiérrez Rodríguez, que hacen en el reportaje de Sin Embargo, refleja claramente el despilfarro que se hizo de los mismos: “Al inicio de su sexenio (el foxista), en el corporativo de Pemex trabajaban cerca de 24 mil personas, mientras que, con Calderón, la cifra estaba en 48 mil personas; es decir, se duplicó la burocracia. Gente en el escritorio, no en actividades productivas”.

Los despilfarros de tres sexenios con altos ingresos públicos dejaron las finanzas públicas federales en peores condiciones que al inicio del milenio.

Este análisis se publicó el 26 de septiembre de 2018 en la edición 2186 de la revista Proceso.

Fuente: proceso.com

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