La propuesta de Pablo Gómez retiraría la capacidad de regular la entrega de propaganda a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado de la fracción parlamentaria de Morena, Pablo Gómez, presentó una iniciativa para que se expida una Ley General de Propaganda Oficial, por medio de la cual se regule la contratación de espacios publicitarios por parte del gobierno.
La propuesta del legislador pretende imponer candados claros y definitivos al uso de los recursos públicos en esas tareas, en comparación con la norma vigente y la reforma aprobada en abril pasado, al cierre de la anterior Legislatura, que dejaron abierta la puerta al uso discrecional del presupuesto para comunicación social.
Entre los puntos incluidos en la iniciativa, se estipula que quedaría prohibido contratar con un solo grupo de comunicación, adquisiciones cuyo costo total sea mayor al 25 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda.
Además, propone que los medios de comunicación que no cuenten con el registro debido, no podrán ser considerados para ser contratados como difusores de propaganda oficial de la Federación.
De ser aprobada, la ley impedirá la promoción personalizada de servidores públicos y evitará que se desvíen recursos públicos, lo cual coadyuvará a que se desarrollen contiendas políticas equitativas.
Entre otras consideraciones, la propuesta contempla garantizar el respeto a las libertades de expresión y de difusión de opiniones, información e ideas por cualquier medio y el derecho de acceso a la información pública oficial en forma suficiente y fidedigna, al tiempo de proscribir la censura previa.
Además pretende evitar que actores ajenos a los procesos electorales incidan en las campañas y votaciones a través de medios de comunicación, y establece un nuevo modelo de comunicación que impediría el uso del poder público en favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular o para promover ambiciones.
Al presentar el proyecto, Pablo Gómez refirió que “el gasto en propaganda gubernamental no puede ser elevado durante el ejercicio”, y destacó que éste proyecta que “ningún funcionario puede hacerse propaganda, salir en la propaganda, su nombre, su imagen, sus símbolos, sus iniciales, ¡nada!, como dice la Constitución”.
Además resaltó que con la legislación, “la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales deja de ser el instrumento a través del cual se rige la propaganda gubernamental en los tiempos de los informes de gestión”.
Fuente: sdpnoticias.com
