Por presiones del equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Enrique Peña Nieto rechazó 20 millones de dólares asignados en la Iniciativa Mérida por la administración de Donald Trump, para la repatriación de inmigrantes indocumentados en México.
“El gobierno mexicano no aceptó los 20 millones de dólares, están ahí en el fondo de la Iniciativa Mérida, pero no se aceptaron para realizar repatriaciones”, aclaró a Apro un funcionario del gobierno de Peña Nieto, en reacción al despacho que público este semanario en su página de Internet, dando cuanta que se firmaría la propuesta de Washington de financiar en México el costo de las deportaciones.
Un integrante del equipo de transición del presidente electo, informó a Apro que, desde hace unas semanas, Marcelo Ebrard Casaubón (futuro secretario de Relaciones Exteriores), le indicó a la cancillería a cargo de Luis Videgaray Caso, que no aceptara ningún dinero del gobierno de Trump para sufragar los gastos de la deportación de inmigrantes indocumentados.
“Sabíamos de las negociaciones y de la intención del gobierno del presidente Trump de aportar fondos para la deportación de personas de México a sus países de origen, por ello, se le pidió al gobierno de Peña Nieto que no se aceptará ni un solo centavo”, subrayó la fuente informativa del equipo de transición de López Obrador.
Por encima de la negativa del todavía gobierno mexicano, el Departamento de Estado como encargado del asunto del financiamiento y revisión de la Iniciativa Mérida, notificó recientemente al Congreso federal estadunidense sobre la asignación de los 20 millones de dólares.
Es obligatorio el trámite de informar al Capitolio sobre el destino de fondos para el presupuesto de asuntos internacional por parte del Departamento de Estado, lo cual, no implica como lo aclara el gobierno de México, que se acepten los 20 millones de dólares.
El presidente Trump pretendía convencer al gobierno de Peña Nieto para que México se convirtiera en una especie de filtro migratorio de Washington desde que llegó a la Casa Blanca y aplico la política Cero Tolerancia a la inmigración indocumentada, al aprobar la separación de niños de sus padres al llegar como inmigrantes indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos y criminalizando a los mayores de edad.
En secreto, Luis Videgaray y Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, negociaban como el gobierno de Trump el acuerdo para convertir a México en un Tercer País Seguro (TPS).
Con la tipificación del TPS, Trump pretendía que todos los inmigrantes extranjeros no mexicanos solicitantes de asilo por cualquier razón o motivo en los Estados Unidos, primero lo pidieran en México para que con ello ni siquiera pudieran acercase a la frontera sur estadunidense.
Luis Videgaray y el embajador mexicano en Washington, Gerónimo Gutiérrez Fernández negaron públicamente la negociación del TPS, sin embargo, Proceso y diversos medios de comunicación de Estados Unidos, entre estos el diario The New York Times, publicaron evidencias de lo contrario.
Después en entrevista (Proceso 2180), el embajador Gutiérrez Fernández aceptó que el caso del TPS sí fue revisado con el gobierno de Estados Unidos, pero aseguró que ya se había desechado la idea de concretar el acuerdo.
Con el financiamiento de 20 millones de dólares, la administración de Trump buscaba que el gobierno mexicano aceptara una especie de cuotas de deportación de inmigrantes indocumentados.
The New York Times, en su edición impresa de hoy, publica un despacho en el que da cuenta al igual que Proceso sobre la intención de Trump de lograr que el gobierno mexicano aceptara la repatriación de indocumentados.
El rotativo neoyorkino incluso da a conocer que los 20 millones de dólares cubriría los costos de la deportación de México a sus países de origen de unos 17 mil inmigrantes indocumentados.
Los fondos migratorios en la Iniciativa Mérida se enfocaban a la repatriación de migrantes procedentes de los continentes como el africano y el asiático.
En México, y ante la incapacidad de infraestructura y capacitación del personal de Instituto Nacional de Inmigración (INI), inmigrantes detenidos de países como Bangladesh, Camerún o la India, son liberados y las personas llegan a la frontera norte para intentar ingresar a los Estados Unidos.
Los 20 millones de dólares del Departamento de Estado saldaría el costo de los vuelos intercontinentales de inmigrantes indocumentados en México, lo que a Trump le convenía para evitar el flujo migratorio en su frontera sur, otro filtro migratorio no de la calada del TPS que pretendía firmar con el gobierno de Peña Nieto.
En el caso de inmigrantes centroamericanos detenidos en México como indocumentados, a los mayores de edad se les deporta por tierra (en autobuses) y a los menores de edad por avión.
“Los 20 millones de dólares están ahí, en la Iniciativa Mérida, el gobierno del presidente Peña Nieto ya los rechazó para los propósitos migratorios, y le tocará al próximo presidente (López Obrador) decidir si los toma o no”, agregó el funcionario del gobierno saliente.
The New York Times al desconocer la negativa del gobierno mexicano de aceptar el dinero del Departamento de Estado, en su despacho sobre el asunto incluso, dio cuenta del rechazo de legisladores a la idea de querer que México le hiciera el trabajo sucio a Washington.
“La intención del Congreso de aprobar este dinero (en la Iniciativa Mérida) es apoyar a las comunidades a enfrentar el problema del crimen, corrupción y muchos otros retos, no para ampliar la cruzada de deportaciones de esta administración”, declaró al New York Times el representante federal demócrata por el estado de Nueva York, Eliot Engel, integrante del Comité de Asuntos Internacionales.
El próximo 11 y 12 de octubre en Washington se celebrará la Segunda Conferencia de Prosperidad y Seguridad en Centroamérica con la participación de los gobiernos de esa región, el de Trump, de Peña Nieto e integrantes del equipo de Andrés Manuel López Obrador.
Fuente: proceso.com
