Las inconsistencias jurídicas en los argumentos esgrimidos por Elba Esther Gordillo y sus secuaces para pretender apoderarse de lo que ellos consideran suyo, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), rayan en la perversidad y la ignorancia, tras señalar que esperan el fallo del Tribunal Superior de Justicia Administrativa para que la maestra sea presidenta legal y constituida.
Nada más falso que lo anterior en virtud de que la ley establece que, para dirimir una controversia sindical, la instancia es laboral; por ese motivo, no puede ser el Tribunal Superior de Justicia Administrativa el que conozca de ese asunto. Este tribunal sólo puede resolver (en razón de su competencia) que el Estado cometió un error de carácter administrativo al inculpar a la maestra injustamente y que, en razón de ello, se debe indemnizar.
Suponiendo, sin conceder, que la indemnización fuera el resultado de un juicio, el Tribunal de Justicia Administrativa no puede, dentro del resarcimiento, contemplar la restitución de Gordillo en la presidencia, porque esa es una acción de carácter laboral que no le compete.
Lo peligroso del asunto es que con falsas peroratas y posturas leguleyas podrían irse con la finta Esteban Moctezuma, futuro secretario de Educación Pública y Olga Sánchez Cordero, en Segob, ambos propuestos hasta ahora como titulares de esas carteras en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y con ello dar pie a una ilegalidad que de suyo tendría graves consecuencias para el gremio de los maestros y, por ende, para el sistema educativo del país.
El derecho mexicano contempla que cualquier juicio que se ventile, ante cualquier instancia, debe garantizar el derecho del tercero interesado a defenderse ante cualquier acción que se enderece en su contra y que tenga por finalidad privarlo de un derecho que ostente y que fue legítimamente obtenido.
Si Elba Esther demanda la indemnización del Estado en razón haber sido acusada injustamente, lo único que pudiera obtener en la instancia administrativa es dinero o una resolución que diga que hubo un error del Estado al procesarla penalmente y acusarla sin pruebas, privándola de su libertad.
Si así fuera el caso, con esa resolución la maestra podría intentar, ahora sí, acudir a un tribunal laboral a demandar su restitución.
Nada más que hay un pequeño detalle, que en un tribunal laboral estarán obligados a llamar a juicio a las partes para defenderse y alegar lo que a su interés legal convenga.
En términos de la ley, es de imposible reparación la petición de la maestra, porque al restituirla a ella, al mismo tiempo, quedarían sin efectos todos los congresos seccionales del país y tendrían que restituir a las anteriores dirigencias secciónales en sus cargos.
El periodo para el que fue electa fenece el 18 de octubre (le queda muy poco tiempo) que en términos normales no le alcanza para acabar el presente juicio e intentar un nuevo juicio laboral.
Diversas fuentes consultadas, especialistas en temas jurídico-laborales, señalan que para restituirla tendrían que dejar sin efecto el actual estatuto sindical, lo que afectaría también a otros sindicalistas que fueron electos de forma legítima en un congreso con más de cuatro mil delegados electos democráticamente en asambleas en todo el país.
En ese supuesto, se estarían violentando los derechos de elegibilidad de todos los trabajadores de la educación del país.
Así las cosas cuando una mente está obnubilada por la venganza, la manipulación y la obsesión de poder, pues es imposible que atienda razones; lo grave de este asunto es que su obstinación, si pretende llevarla a cabo, pondrá contra la pared al nuevo gobierno, al convulsionar la vida interna del sindicato más grande de América Latina.
Fuente: elfinanciero.com
