El gobierno de Enrique Peña Nieto no solo fracasó en sus políticas de combate a la pobreza y a la desigualdad, a la corrupción y la obesidad, o en sus medidas de defensa de los derechos humanos y del agua y la salud; negó además que organizaciones de la sociedad civil puedan incidir en ellas.
El Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) de la Alianza para el Gobierno Abierto en México denunció hoy que el gobierno de Peña Nieto incurrió “simulación del proceso de co-creación” de las políticas públicas, a pesar de que adoptó hace dos años un “Plan de Acción” elaborado de manera conjunta por 400 expertos, activistas, académicos y funcionarios.
Representantes de organizaciones que conforman el NOSC denunciaron hoy que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sigue incompleto, en materia de derechos humanos, el gobierno terminó de implementar la ley contra desapariciones –no hay comisiones de búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo–; en términos de combate a la corrupción, el gobierno negó a las organizaciones que puedan monitorear los perfiles de los candidatos a los Órganos Internos de Control (OIC), entre otros.
Respecto al SNA, “es muy visible la brecha entre lo que se prometió y lo que tenemos hoy”, deploró Justine Dupuy, integrante de la organización Fundar.
La iniciativa de Gobierno Abierto, lanzada en 2011 a nivel internacional, debería abrir espacios de participación a organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones en unas políticas públicas. Si bien el gobierno de México encabezó la iniciativa y forma parte del Comité Directivo internacional, le fue muy mal a nivel interno, pues en marzo de 2017 las organizaciones abandonaron la iniciativa.
Las organizaciones explicaron su salida por el estallido del escándalo de espionaje ilegal a periodistas y activistas –conocido como #GobiernoEspía– y porque unos meses antes, el gobierno redujo los alcances de cinco de sus siete compromisos.
Por si fuera poco, las organizaciones se percataron que las instituciones no consideraban los objetivos del Plan de Acción como prioritarios y que Peña Nieto presumió sus avances en materia de gobierno abierto. En otras palabras: las organizaciones fueron engañadas con la promesa de que incidirían en las políticas públicas, y en cambio fueron utilizadas para conseguir capital político.
A dos años de revelarse el uso ilegal del programa espía Pegasus por parte de agencias a gubernamentales contra activistas y periodistas, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha dado a conocer avances sobre la investigación del caso, aunque abogados de las víctimas señalan que prácticamente no ha hecho nada.
Juan Manuel Casanueva, de SocialTIC, señaló la evidente “falta de voluntad política” de la PGR para llegar al fondo del asunto, pues la misma dependencia adquirió y utilizó el polémico software espía cuando Tomás Zerón de Lucio encabezaba la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
El activista también aseguró que integrantes del próximo gobierno –entre ellos Irma Sandoval, la futura titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP)–, expresaron su interés para continuar con la iniciativa de gobierno abierto, aunque el caso de espionaje ilegal puso a México en “en el banquillo de acusados” y podría conducir a la expulsión del país de la iniciativa global.
Fuente: proceso.com
