Insiste Andrés Manuel López Obrador con que la honestidad es su principal escudo protector; sin embargo, porque todavía es humano, no está protegido frente la posibilidad de equivocarse.
El 28 de octubre dijo: “Para no interferir durante la consulta (sobre el aeropuerto), porque hicimos el compromiso de actuar de manera imparcial, me reservé una información que llegó unos días antes del inicio de la consulta. Era necesario saber si se podían operar los dos aeropuertos (Texcoco y Santa Lucía), y le pedimos al gobierno francés que nos ayudara para que una empresa de prestigio nos presentara un dictamen sobre el asunto. El sábado (27 de octubre) me visitó el canciller del gobierno francés y me entregó una carta del presidente Macron… (donde) dice (que) ‘la rapidez con que hemos atendido a sus solicitudes… en el ámbito aéreo demuestra a qué punto queremos… la intensificación de la relación franco-mexicana’”.
Pasados los días sabemos que el gobierno de transición sí interfirió en la consulta y no se reservó la información; también que el canciller del gobierno francés no le entregó ningún dictamen a López Obrador y que la contribución del presidente Macron fue política y no técnica.
La historia comenzó cuando el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, solicitó al presidente francés consejo técnico sobre el tema del nuevo aeropuerto. Macron derivó la petición a Airbus, una empresa donde su gobierno tiene acciones. Porque esa compañía no construye aeropuertos sino naves aéreas, el requerimiento recayó en una filial que está dedicada a desarrollar programas de navegación para mejorar la eficiencia de vuelo.
Esa segunda empresa es NavBlue, cuyo dictamen sí se dio a conocer un día antes de que comenzara la consulta. El responsable de hacerlo fue Javier Jiménez Espriú, el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes.
Tal documento tiene algunos problemas: fue emitido por una empresa fundada hace apenas dos años, la cual no cuenta con ninguna experiencia en la construcción de aeropuertos –los redactores reconocen haber dejado de lado “muchos otros parámetros” relevantes para emitir una opinión rigurosa–, y cita como fuente principalísima al Grupo Riobóo, actor empecinado en la relocalización del aeropuerto de la CDMX y que, como Airbus y NavBlue, jamás ha construido un aeropuerto.
Se equivocó en público López Obrador al decir que había guardado el dictamen para no interferir, porque –a pesar de sus deficiencias– el documento citado es el mismo que Jiménez Espriú dio a conocer un día antes de que comenzara la consulta. Se equivocó también al afirmar que el canciller francés entregó algo distinto a una carta de Macron cuyo mensaje es de naturaleza exclusivamente política.
De tal calibre fue el error que la embajada de Francia se vio obligada a desmentir a López Obrador precisando que el papel del gobierno galo se limitó “a transmitir… el contacto de una empresa privada (NavBlue)”.
Marcelo Ebrard tuvo también que dar la cara para subrayar que “el estudio que se hizo sobre Santa Lucía no es (de) una empresa estatal (Airbus), es una empresa particular (NavBlue)”. Luego añadió: “con Francia… tenemos la expectativa de… una extraordinaria relación con el presidente Macron, pero (él) no ha tenido nada que ver con el aeropuerto” (Proceso 2191).
López Obrador debió leer el documento enviado por Macron antes de presumirlo; así no habría ostentado como un acto imparcial la no entrega de un dictamen que Jiménez Espriú sí difundió 24 horas antes de la consulta.
Durante la conferencia de prensa del lunes 29, el presidente electo también comentó que el futuro gobierno iba a ahorrarse 100 mil millones de pesos con la decisión de cancelar Texcoco.
Sin embargo, omitió mencionar que, días antes, habría recibido en su oficina una carta, escrita de puño y letra por el ingeniero Carlos Slim Helú. En ella el empresario más influyente del país habría comunicado el interés que él y otros socios tenían de hacerse cargo y sufragar –con inversiones netamente privadas– el costo restante de la construcción del aeropuerto de Texcoco.
Esta información fue filtrada por la columna Templo Mayor del periódico Reforma el pasado 31 de octubre. Es verosímil porque los socios a los que haría referencia Slim son el Grupo Aeroportuario del Sureste, conocido por sus siglas como Asur. Se trata de la compañía mexicana más importante en la operación de aeropuertos. Entre otros negocios, tiene la concesión de Cancún –el segundo aeropuerto más grande del país–, y también el internacional de Copenhague, en Dinamarca.
Paradójicamente, esta información sí era útil antes de la consulta: habría sido relevante saber que había una posibilidad para ahorrarle al futuro gobierno un gasto grande, pero tanto o más que Asur –la empresa mexicana con mejores credenciales para la operación de aeropuertos– estaba dispuesta a sacar adelante el proyecto de Texcoco de forma concesionada.
Si esta presunta carta de Slim realmente llegó a manos del presidente electo, hubiera sido un acierto –para promover un debate informado– darla a conocer antes de que la gente visitara las mesas de votación. ¿Por qué Jiménez Espriú no lo hizo durante la misma conferencia de prensa en que compartió el reporte de NavBlue? Tal cosa sí que habría abonado a la imparcialidad de la consulta.
Este análisis se publicó el 4 de octubre de 2018 en la edición 2192 de la revista Proceso.
Fuente: proceso.com
