El nuevo escándalo en el Poder Judicial de la Federación es la revelación de que su principal representante, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) y al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales, es quien pone el ejemplo del nepotismo.
Su hija, Ana Elena Aguilar Arrangoiz, una cirujana dentista de profesión, ha ocupado diversos cargos administrativos en tribunales y en un juzgado especializado en cateos, arraigos e intervenciones telefónicas, un espacio que por la información sensible que maneja está regulado también por la Ley de Seguridad Nacional.
La hija del presidente de la Corte y del CJF cobra como “profesional operativa” en la oficina del ministro Alberto Pérez Dayán, de acuerdo con la revelación que hizo el reportero Juan Omar Fierro en el espacio Aristegui Noticias.
A Luis María Aguilar le sigue en la práctica nepotista el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien aspira a sucederlo en el máximo cargo del Poder Judicial de la Federación (PJF) a partir de enero próximo.
Pardo Rebolledo, cuya carrera ha sido paralela a la del saliente presidente Enrique Peña Nieto desde el Estado de México, tiene a su hija Daniela Pardo Soto Reyes, en el PJF desde 2011. Es una abogada que realiza trabajo judicial como secretaria de estudio y cuenta en una oficina de la presidencia de la Corte. Es decir, trabaja con Aguilar Morales.
El nepotismo está muy arraigado en la Corte y en el CJF, esa caja negra en donde se decide la suerte de los jueces en México, pasando por un millonario gasto, sin que se sepa nada de la toma de decisiones de ese cuerpo colegiado presidido por Aguilar Morales.
La opacidad del CJF no es de ahora. Así ha sido desde su creación hace casi un cuarto de siglo, con la reforma judicial del expresidente Ernesto Zedillo, en 1995.
El escándalo de ahora es con Aguilar Morales. Pero en su momento lo fue con su antecesor, el ahora ministro Juan Silva Meza. Su hijo es el juez Fernando Silva.
También ocurrió con la ministra en retiro y actual senadora Olga Sánchez Cordero, anunciada próxima secretaria de Gobernación en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Su hija Paula María García-Villegas es ahora magistrada de circuito.
Ambos fueron arropados en su momento por la ministra Margarita Luna Ramos. Próxima al retiro al cumplirse sus 15 años en la Corte, la ministra los tuvo como secretarios de estudio y cuenta, quienes son los encargados de hacer los proyectos de los casos que resuelven los jueces constitucionales.
Con Aguilar Morales tampoco es el primer caso. Cuando estaba a cargo de la Comisión de Administración del CJF, en la década pasada, tenía a su hermano en el propio Consejo. En ese entonces, el presidente de la Corte era el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. Ahora ministro en retiro, también tuvo a su hijo en el Poder Judicial.
Pero si de lazos filiales se trata, el ejemplo por definición es precisamente el de la ministra Luna Ramos. Hermanos, sobrinos y familiares políticos integran lo que fuera y dentro de los tribunales se conoce como “la verdadera familia judicial”.
No se cuestiona que haya familias que abracen la misma profesión, ni la calificación que en algunos casos puede estar fuera de duda. Lo innegable es que parten de una posición de ventaja para hacer carrera judicial.
Ante el nuevo escándalo que lo implica directamente, Aguilar Morales ha mandado a hacer “una investigación” sobre los vínculos familiares y encontrar “las áreas de oportunidades” de los servidores públicos en el PJF.
El lugar común de las comisiones para darle vuelta al asunto y evadir el cargo moral ante la sociedad.
Fuente: proceso.com
