En la pasada elección presidencial 30 millones de ciudadanos votaron por un cambio en la forma de gobierno, contra la corrupción como privilegio de poder del presidente, para terminar con la injusticia y los excesos de muchos miembros del gabinete y, también, para poner un alto a los actos impúdicos de la familia presidencial que hacía de sus vicios privados virtudes públicas.
Todo esto y muchas más acciones reprobables fueron las que llevaron a 30 millones de ciudadanos a votar por una opción de cambio, por las promesas de Andrés Manuel López Obrador de corregir malas decisiones de gobierno como las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, las reformas educativa y energética, la estrategia militar y policiaca del combate al crimen organizado y el desdén para los familiares de miles de victimas de la guerra contra el narcotráfico que demandan justicia antes que perdón.
Los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto pasarán a la historia como los más corruptos. Él, su familia, su gabinete completo y la mayor parte de la estructura de su administración, así como de su partido, el PRI, privilegiaron el uso del poder para hacer grandes negocios. La mayor parte de ellos al margen de la legalidad e incluso con vínculos con la delincuencia organizada.
El solapamiento al enriquecimiento inexplicable desde las mismas instituciones como la PGR fueron un insulto a la ciudadanía que, indefensa ante los órganos de justicia, solo miraba los excesos de enriquecimiento en viajes de lujo con todo y mascotas, bodas estrafalarias, fiestas suntuosas, compra de ropa y joyas en las tiendas más caras del mundo, todo a costa del erario.
El voto del cambio fue una expresión de hartazgo frente a todo este exceso del uso del poder público para el beneficio propio y familiar. Fue el voto del enojo social ante una clase política, empresarial y financiera que no tiene límites en su hambre de enriquecimiento a costa del bienestar de las mayorías. Fue un voto de ¡ya basta! de tanta impunidad que como privilegio usaron las tres administraciones recientes.
Eso es lo que ya no se quiere, que eso se repita, y es también lo que se debe seguir exigiendo al próximo gobierno que encabezará López Obrador quien empezará a ejercer el poder público el próximo 1 de diciembre.
Así como se mostró con el voto la fuerza ciudadana por el cambio el 1 de julio, con esa misma energía la ciudadanía habrá de ser crítica ante la nueva clase política que gobernará el país los siguientes seis años que es representada por el partido Morena como primera fuerza política nacional y por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ya no es tiempo de ser condescendientes ni de agachar la cabeza diciendo “ya ni modos”, así son las cosas.
Si el pasado 1 de julio 30 millones de ciudadanos votaron por el cambio, ese voto que significa el principio del cambio exige de quienes serán gobierno una responsabilidad inevitable de hacer las cosas distintas, no caer en los errores del pasado, en actos de corrupción, impunidad y excesos del poder público y privado para hacer grandes negocios, viajes y fiestas suntuosas que sólo lastiman a los millones de pobres que carecen de lo indispensable para una vida digna y a los familiares de las víctimas de la violencia que demandan justicia y no perdón.
Por cierto… Preocupa el aumento de las expresiones de odio y rencor que se han manifestado ya no solo en las redes sociales sino en las calles como fue el domingo pasado entre quienes asistieron a protestar por la previsible cancelación de las obras del aeropuerto en Texcoco. Ya no es sólo la polarización y el enfrentamiento verbal, sino que estamos en los linderos de la peligrosa línea de la violencia física.
Fuente: proceso.com
