El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Luis María Aguilar Morales, afirmó que la “existencia de pesos y contrapesos en una nación es parte de la configuración del Estado de derecho, por lo que para garantizar una tutela efectiva de los derechos de las personas, el Juez habrá de contar con las garantías mínimas de autonomía e independencia”.
Las afirmaciones del también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se realizaron en momentos en los que en el Congreso se han presentado propuestas legislativas que buscan transformar el CJF y que solamente el Senado de la República tengan facultades para designar a sus integrantes, además de que una magistrada ya logró un amparo en contra de la disminución de salarial que reducirá los sueldos de los altos funcionarios del país, y que los integrantes del Poder Judicial de la Federación han considerado una intromisión de otros poderes.
Aguilar Morales hizo estos señalamientos al encabezar la Ceremonia por el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho a un recurso efectivo.
En el llamado Salón de Murales, en la sede de la SCJN, el ministro dijo que, desde su creación en el siglo XIX, el juicio de amparo funcionó como límite real al poder del Estado, de acuerdo con 31 expedientes de la época registrados por México en el Programa Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
“Dichos documentos muestran el actuar del Poder Judicial de la época para consolidarse frente al poder político y a los intereses económicos de las grandes corporaciones. Este legado documental es evidencia de la evolución de la impartición de justicia en nuestro país, y de cómo el amparo fue fortaleciéndose como un elemento jurídico paradigmático, que cubre una gama amplia de efectos para la protección, restitución y reparación real y objetiva de los derechos de las personas”, detalló.
Destacó que el juicio de amparo, se creó para asegurar los derechos de las personas contra los abusos de poder en el ámbito interno, se trasladó al ámbito internacional para introducir la Declaración Universal el derecho a un mecanismo judicial que garantice la protección de los derechos humanos.
Fuente: jornada.com
