El exgobernador de Tamaulipas recibió este recurso para dejar sin efecto la orden el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su contra.
Jesús Alberto Chávez Hernández, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, el cual deja sin efecto la orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez ordenó al juez séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en el Estado de México, dejar sin efecto la orden y pronunciarse de nuevo, siempre y cuando aclare si se trata de un delito continuado o si éste ya prescribió.
Chávez Hernández señaló que el juzgador en materia penal fue omiso en exponer las razones que le permitieron establecer que, en relación con las conductas delictivas imputadas al exgobernador existió unidad de propósito delictivo, que prevé la fracción III del artículo 7 del Código Penal Federal, requisito indispensable para poder a afirmar la configuración de un delito continuado.
Asimismo, en la sentencia, radicada en el expediente 210/2018, el juez de amparo resolvió que de concluir que no ha prescrito la pretensión punitiva respecto de las conductas delictivas imputadas al exmandatario o alguna de éstas, el juez penal “con plena libertad de decisión, deberá clasificar los hechos consignados y determinar qué delito configuran, en cuyo caso tiene a salvo su facultad para cambiar la clasificación del delito, o bien, de reiterar que son constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al constituir un tipo penal alternativo, deberá especificar la hipótesis relativa, en que necesariamente tendrá que verificar que entre sus elementos exista congruencia material y jurídica, acorde con el estudio realizado en el presente fallo”.
La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a Yarrington Ruvalcaba, así como a Miguel Alberto Treviño Guevara y Alfredo Sandoval Musi de un supuesto delito de lavado de dinero por 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares, recursos que según el Ministerio Público Federal se utilizaron para la compra de tres inmuebles en México y Estados Unidos.
Fuente: elfinanciero.com
