Las firmas italianas que participaron en la construcción del gasoducto Los Ramones Fase II Sur, adjudicada por Pemex, aseguran que hubo un sobreprecio de 223 millones de dólares en esa obra. Por medio de su abogado, Salvador Ochoa, se quejan también de que el consorcio que los contrató –ICA-Fluor– aún les adeuda 570 millones de pesos y aseguran que la obra carece de la certificación internacional que garantiza la seguridad.
Las compañías Sicilsaldo y Nuova Ghizzoni que participaron en la construcción del gasoducto Los Ramones Fase II Sur –la tercera parte del tramo de esa obra ubicada en Guanajuato, la zona de mayor robo de hidrocarburos– denunciaron ante la Fiscalía General de Querétaro a la empresa mexicana ICA, a la estadunidense Fluor y a funcionarios de Pemex de haberlos engañado y desviado el dinero público para el pago de la obra.
Salvador Ochoa, abogado de ambas firmas, asegura que de enero a diciembre de 2017 denunció esas irregularidades ante los órganos internos de control de Pemex, de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la de Energía (Sener). Esas instancias, dice, rechazaron sus argumentos y desdeñaron los documentos probatorios que presentó.
Hoy, dice el abogado, sus representadas adeudan cerca de 3 millones de dólares –50.5 millones de pesos– a proveedores asentados en Querétaro, los cuales fueron subcontratados para el traslado de maquinaria, equipo e insumos. Ello se debe a que el consorcio ICA-Fluor, el que contrató a las firmas italianas, aún no les paga.
Según documentos de la Sener, el gasoducto Los Ramones Fase II Sur tiene una longitud de 291 kilómetros que van de San Luis Potosí a Apaseo El Alto, Guanajuato, pasando por Querétaro. Su costo oficial fue de 945 millones de dólares.
La obra se le adjudicó a ICA-Fluor de manera directa –sin licitar–, por lo que subcontrató a las empresas italianas para construir un tramo de 106.5 kilómetros; incluso se firmó un contrato con cinco añadidos que sumaron 92 millones de dólares (mdd), de los cuales el consorcio dejó de pagar 30 a sus clientes, dice el abogado.
Y expone: “Si la obra fue de casi 300 kilómetros con un costo de 945 mdd, según los documentos de la Sener, entonces el costo aproximado por 100 kilómetros fue de 315 mdd. Y si a nosotros nos contrataron para construirlo por sólo 92 mdd, entonces hay un faltante de 223 mdd. ¿Dónde están? ¿Quién se quedó con ellos? ¿Quién los cobró?
“No sólo desconocemos quién se quedó con esos 223 mdd que Pemex pagó por la construcción de un tramo de 100 kilómetros, sino que además el único encargado de ‘bajar’ o cobrar el dinero a la petrolera nos quedó a deber 30 millones de dólares.”
Todo eso, dice el abogado, se encuentra en la denuncia penal que presentaron sus clientes ante la fiscalía de Querétaro, a la que acusa de no investigar.
Dudosa asignación a ICA
El 13 de mayo de 2013, Pemex Gas y Petroquímica Básica (hoy Pemex Transformación Industrial, PTI) lanzó la convocatoria internacional para “prestación de servicios de transporte de gas natural de la estación de Los Ramones, Nuevo León, a la estación de Apaseo el Alto, Guanajuato”.
Se trataba de construir el gasoducto Los Ramones Fase II Sur. Hubo tres concursantes: Transportadora de Gas Natural de la Huasteca –conocida como TransCanada–, Infraestructura Energética Nova –conocida como Sempra– y Enagas International SLU-Ramones BV.
A pesar del ventajoso contrato y después de haber trabajado “con interés y esfuerzo” durante cuatro meses y presentar propuestas, el 27 de septiembre de 2013 las dos primeras compañías se desistieron de manera irrevocable “por así convenir a sus intereses”; sólo Enagas se mantuvo en la puja.
Sin embargo, semanas después –el 15 de octubre–, se le informó a la compañía que su propuesta “no fue solvente” y se declaró “desierto el proceso licitatorio No. PGPB-PL-001/2013. En consecuencia, el 14 de abril de 2014 se otorgó un contrato por 743 millones de pesos de manera directa a ICA, cuyo dueño es Bernardo Quintana Isaac, y a Fluor para diseñar y construir el gasoducto de 291.7 kilómetros, con tubería de 42 pulgadas.
Desde la convocatoria de mayo de 2013 se establecieron las grandes ventajas para quien se adjudicara el contrato. Se estableció, por ejemplo, que el ganador pasaría a tener 90% del capital social de la empresa Tag Pipelines, creada por Pemex, mientras el restante 10% estaría en manos de las firmas MGI Enterprises LTD y MGI Supply LTD, ambas constituidas en paraísos fiscales como las Islas Caimán.
Según esa convocatoria, al año Pemex adquiriría otro 20% de ese capital, subsidiando así 30% de la inversión requerida. Y, una ventaja más, se le autorizaría a “subcontratar todas aquellas actividades relacionadas con el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del sistema de transporte”.
En la página 28, el documento del 13 de mayo de 2013 indica que Pemex “pagará” al ganador el transporte de gas bajo las reglas que establezca la Comisión Reguladora de Energía. Otra ventaja: los millones que la contratista ganara diariamente por el transporte de gas serían de 5 millones 801 mil pesos, según las tarifas establecidas para Tag Pipelines Sur.
Al ser Tag Pipelines una empresa de Pemex, firmó el contrato para el servicio de transporte de gas con PTI. Pero como los dos consorcios ganadores se desistieron y el tercero fue descalificado, la beneficiaria fue ICA-Fluor.
El 5 de junio de 2014, la Comisión Reguladora de Energía otorgó a TAG Pipelines el permiso G/335/TRA/2014, con una vigencia de 30 años.
Sin embargo, de manera extraña, antes de que se otorgara la adjudicación directa a ICA-Fluor, ésta tenía ya varios meses recibiendo las propuestas de subcontratistas para la construcción del gasoducto.
Así lo prueba la carta que ICA-Fluor envió el 19 de junio de 2014 al Consorcio Corporativo de Construcción en México (Cocomex)-Sicilsaldo-Nuova Ghizzoni, según la cual su oferta se aprobó “el 28 de febrero de 2014”.
La misiva fue para notificar al consorcio Cocomex-Sicilsaldo-Nuova Ghizzoni la adjudicación GLR-007-14 para la construcción de 106.5 kilómetros del gasoducto que va de San Luis Potosí a Apaseo El Alto, Guanajuato. Semanas después, el 22 de agosto se fijó el monto del contrato: 62 mdd más impuestos.
El 22 de mayo de 2015, ICA-Fluor y Cocomex-Sicilsaldo firmaron el subcontrato para construir los 106.5 kilómetros de gasoducto del 22 de mayo al 19 de octubre de ese año. Sin embargo, se hicieron cinco añadidos y la suma se elevó a 90 mdd, según el abogado de las empresas italianas.
Un mal rompimiento
La buena relación entre ICA y los italianos se rompió. El 23 de noviembre de 2015 se notificó a los empresarios la “suspensión de trabajos” por “incumplimiento contractual”.
Ochoa rechaza esa imputación. Recuerda que el último pago lo recibieron sus clientes la primera quincena de octubre de 2015; asegura también que se firmaron dos estimaciones más de pago e incluso las firmas italianas emitieron las facturas correspondientes. ICA-Fluor no se las liquidó, por lo que, puntualiza, les debe 30 mdd; es decir, 570 millones de pesos. Hoy, dice, sus representadas adeudan 50 millones de pesos a sus proveedores de Querétaro.
Durante un año se intentó conciliar con ICA y con Ricardo Álvarez Fonseca, el representante de Cocomex –la empresa con la cual la propia ICA pidió a los italianos formar la sociedad–, que finalmente firmó el subcontrato para la construcción de los 106.5 kilómetros de gasoducto.
Finalmente los italianos presentaron la denuncia penal contra Álvarez Fonseca, Quintana Isaac y los funcionarios de Pemex que manejan Tag Pipelines por engaños y por el adeudo de 30 mdd.
El abogado alega que “sí se terminaron las obras”. Aclara que sólo faltaron como “10 kilómetros, pero eso fue porque nos sacaron del lugar”. Y añade que Cocomex se encargaba de “bajar” el recurso de Pemex, que depositaba en sus cuentas y luego pagaba a los italianos.
Para 2017 ninguno de los señalados había sido citado a declarar. Y ante la declarada negligencia de la fiscalía, el abogado recurrió al juez primero de Oralidad Penal del Estado de Querétaro, quien el 31 de agosto de 2017 ordenó a la fiscalía realizar las investigaciones del caso. “Al día de hoy –puntualiza el demandante– todo sigue en la impunidad y nadie se ha hecho cargo de las indagatorias”.
Meses antes, el 13 de enero de 2017, los italianos recurrieron a la denuncia administrativa, interpusieron denuncias ante el Órgano Interno de Control de Pemex, ante la Sener y ante la SFP. Luego de un año, el 15 de febrero de 2018, y de aportar pruebas de sus denuncias, la SFP determinó que “no se advirtieron elementos suficientes de prueba o convicción que permitieran acreditar la existencia de conductas irregulares…”.
Un dato alarmante que revela el abogado y se incluye en las denuncias, es que en 81 kilómetros del tramo, ICA –la empresa a la cual Pemex le adjudicó la obra– no cuenta con los certificados de seguridad en el sellado o pruebas de soldadura no destructiva del gasoducto.
Ochoa explica que, como parte de las normas internacionales, el gasoducto debe contar con un escáner, películas y certificados que se realizan a lo largo del tramo y donde consta la seguridad. Los italianos y Cocomex fueron los encargados de contratar a la empresa internacional Norcontrol Inspección para realizar la inspección. Los italianos recibieron el material, pero como ICA-Fluor no les pagó, decidieron no entregárselos.
En las denuncias a Pemex y la Sener se detalla que ni Pemex ni Tag Pipeline ni ICA tienen el material y “por la seguridad de la obra” y al carecer de la documentación o película comprobatoria el gasoducto no puede operar.
En sus denuncias, los italianos también advierten que la “seguridad del gasoducto es de orden público, de interés social… y para que se ponga en operación en esos tramos, de encontrarse tal documentación, ésta es falsa e ilícita”, ya que todo el material está en poder de Sicilsaldo.
El abogado incluso muestra fotografías de los miles de rollos de película y escáner de los 81 kilómetros del tramo construido.
La ganona
Noviembre de 2015 fue un mes de altibajos para ICA, pues no pudo cubrir el pago de intereses por 31 mdd a sus acreedores, canceló el contrato con los italianos en la construcción del gasoducto y aún les debe 30 mdd por sus servicios.
Además, el 27 de ese mes Pemex decidió “desinvertir” en Tag Norte Holding, Tag Pipelines Norte y Tag Pipelines Sur (responsables del desarrollo e inicio de operaciones del gasoducto Los Ramones Fase II), en sus tramos norte y sur. Ello implica, para ICA, quedarse con los permisos de transporte de gas, pues al adjudicársele la obra de manera directa se quedó con 90% del capital social de los tags.
Y como el permiso para transporte y cobro de gas fue otorgado a Tag Pipeline, ahora podrá cobrar a Pemex por transportar el gas, 5.8 mdd por día en el tramo sur. Para el tramo norte el cobro asciende a 11.1 mdp.
Pero ICA sabe hacer buenos negocios y cubrir sus deudas. El 1 de marzo pasado logró salir de concurso mercantil en que se encontraba y pudo reestructurar pasivos con su acreedor por más de 3 mil 500 mdd, según reportó el 19 de marzo de 2018 la periodista Erika Hidalgo, del portal Lexlatin.
Este reportaje se publicó el 28 de octubre de 2018 en la edición 2191 de la revista Proceso.
Fuente: proceso.com
