Pese a la creciente disidencia en los gremios petrolero y del IMSS así como en el de las Líneas del Transporte de la República Mexicana “Agustín Serna” y en la cooperativa de la Cruz Azul, las autoridades de Trabajo y Previsión Social siguen avalando las elecciones amañadas para perpetuar el charrismo. El caso más emblemático es el de Pemex, donde, según los empleados, Olga Sánchez Cordero y Rocío Nahle, quienes se perfilan, respectivamente, como secretaria de Gobernación y de Energía en la administración de Andrés Manuel López Obrador, avalaron las fraudulentas elecciones en las 36 secciones del sindicato petrolero.
Las elecciones del miércoles 17 en 11 de las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) estuvieron plagadas de irregularidades. No sólo se conculcó el voto libre y secreto de los agremiados, sino que el actual líder nacional, Carlos Antonio Romero Deschamps, no atendió la petición del Senado de cambiar sus estatutos.
Ese mismo día, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, entregó la toma de nota al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), que encabezará Arturo Olivares Cerda, pese a las denuncias de la disidencia, que se quejó de las irregularidades en la elección del lunes 8.
Por su parte, esposas y familiares de los cooperativistas de la Cruz Azul, que se hacen llamar CruzHada, AC., denunciaron las arbitrariedades de los integrantes de la familia Álvarez, a la que ya no quieren los trabajadores en la dirigencia, aseguraron.
Otro caso es el de César Serna Escalera, director general del Sindicato de Trabajadores de las Líneas del Transporte de la República Mexicana “Agustín Serna”, quien el 18 de septiembre pasado anunció su salida de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, afín a Isaías González Cuevas, para sumarse a la disidencia, denominada Consejo Coordinador Laboral y ahora busca la democratización del gremio.
El martes 16, Rocío Nahle, futura secretaria de Energía, y Olga Sánchez Cordero, quien estará al frente de la Secretaría de Gobernación en la próxima administración, celebraron la convocatoria para elegir a los secretarios generales seccionales del STPRM porque, según Sánchez Cordero, se estableció el voto secreto y libre.
“Festejamos esta situación y, además, compartimos que esta elección va a ser sin nombre y tampoco ficha del trabajador en la cédula. Por lo tanto, festejamos esta situación y también estamos comprometidos al respeto irrestricto a éste y a todos los sindicatos”, indicó Sánchez Cordero.
Las cartas
Sánchez Cordero y Nahle obtuvieron respuesta el jueves 18 –un día después de las elecciones en las secciones del sindicato petrolero–, cuando un grupo de trabajadores de ese gremio difundió una carta que les había enviado para precisarles algunos puntos.
Sus elecciones, expusieron, son cada tres años, no cada dos, como mencionó Sánchez Cordero; la convocatoria, añadieron, fue publicada el lunes 15 pero con fecha del jueves 11, y estaba dirigida a las 36 secciones locales. Asimismo, las convocatorias locales fueron emitidas y publicadas el lunes 15 y en ellas se precisaba que el registro de planillas se realizaría el martes 16 y las elecciones serían el miércoles 17.
Eso, arguyeron los petroleros, es totalmente contrario a lo establecido en el primer párrafo del artículo 281 de los estatutos generales del STPRM; “no le vemos motivo de festejo por el voto libre y secreto que menciona la futura secretaria de Gobernación”.
Aclararon también que las convocatorias señalan que la elección sería por escrutinio, mediante el uso de cédulas, cada una debería llevar el nombre completo del trabajador, su número de ficha y su firma.
Los petroleros señalaron también que se enteraron de la convocatoria por las declaraciones de Sánchez Cordero y que, cuando acudieron a registrar las planillas opositoras, ya había vencido el plazo.
Sin embargo, el miércoles 17, según la misiva, las boletas sí tenían nombres de los trabajadores, como lo acreditan las que se han estado publicando en las redes sociales.
Y se preguntan: “Si las convocatorias no expresan que la forma del voto sería por cédulas sin nombre y sin ficha del trabajador, ¿cómo se enteraron las futuras secretarias (Sánchez Cordero y Nahle) de que esas cédulas serían sin nombres y fichas de los trabajadores para emitir tal pronunciamiento?”.
Asimismo, recordaron a Nahle que la STPS siempre envía a representantes, quienes “actúan como fieles servidores de los líderes en cada sección sindical y nunca han actuado de manera imparcial”.
En internet circula otra carta de un presunto trabajador petrolero dirigida al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la cual exige la renuncia de Sánchez Cordero y Nahle, quienes dice “se prestaron para construir, con el corrupto Carlos Romero, Alfonso Navarrete Prida y Roberto Campa, la imposición de los representantes sindicales petroleros”.
También mencionan que las agrupaciones de las 36 secciones acordaron no registrar ninguna planilla porque no había condiciones para competir, lo que informaron a los senadores que los han apoyado.
Y precisan: “Sale la convocatoria, no se registran y aparecen las senadoras (Sánchez Cordero y Nahle) para hacer la corrección a la convocatoria sobre cómo sería el voto. Todo se hizo cuando el registro de planillas ya no era posible, por el tiempo.
“Esto fue un engaño, amañado, contra los trabajadores. Usted ha dicho: ‘El pueblo los puso, el pueblo los quita’. Como parte del pueblo que soy, así como muchos más, pedimos la renuncia de las senadoras Olga Sánchez Cordero y Norma Rocío Nahle, por traición al pueblo.”
SNTSS
La lucha petrolera contagió a trabajadores de otros gremios que formaron sus respectivas disidencias, como la sección 10, de Tamaulipas, del SNTSS.
El aspirante a la dirigencia sindical, el químico Arturo Gómez Hernández, denuncia a Proceso que el 28 de septiembre se realizó el congreso seccional en el que la dirigente saliente, Beda Leticia Guajardo Hernández –quien hoy es diputada local por el PAN–, impuso a su esposo, Pedro Luis Ramírez Perales, también legislador local panista.
Esas irregularidades fueron impugnadas, señala Gómez Hernández, porque el acto de la sección de Tamaulipas se realizó en Apodaca, Nuevo León, argumentando que en aquel estado no hay condiciones de seguridad, a pesar de que el 13 de abril realizaron su Consejo Nacional en Tampico sin ningún conflicto.
Además, “la convocatoria salió el 27 de julio. En ella se proponía una mesa de debates y, ese mismo día, la elección del secretario general, lo que viola sus estatutos”.
El químico insiste en que él ganó la elección con 135 delegados, pero la renuncia del secretario de Actas y Acuerdos, Óscar Herrera Gómez, a la mesa de debates permitió al tesorero del CEN nacional, Eduardo Barrera, ser el suplente y así, de manera ilegal, le dio el triunfo a Ramírez Perales.
Narra que, ante el caos, no clausuraron el congreso, por lo que los delegados volvieron a votar, de manera libre y secreta, en presencia del notario 50 de Monterrey, José Juan Cerna Ibarra, y él volvió a ganar; incluso, dice, le tomaron protesta, pero el CEN nacional, que encabezaba Manuel Vallejo, lo desconoció.
Otra elección irregular se dio en el CEN nacional, el lunes 8, en el Congreso Nacional que se trasladó a Cancún, Quintana Roo, con una sola planilla, para imponer a Arturo Olivares Cerda. El miércoles 17, el titular de la STPS, Roberto Campa Cifrián, le entregó la toma de nota.
El jueves 4, Eduardo Pérez Saucedo, jubilado y representante del movimiento disidente del SNTSS, anunció que impugnarían desde la convocatoria hasta el Congreso, porque el CEN les había negado el derecho de inscribir a su candidato Mario Flores.
“Estamos listos para presentar la demanda que habrá de impugnar un proceso viciado de origen, que ha violado incluso los derechos constitucionales que garantizan el derecho a votar y ser votado. Además, contamos con actas notariadas que certifican la clase de atropellos y represión de la cual fueron presa, tanto los candidatos, como quienes trataron de hacer la planilla para competir en contra de los oficiales”, señaló.
La CruzHada
Las esposas de los socios de Cruz Azul denunciaron que el 29 de septiembre pasado se realizó la Asamblea General Ordinaria, tres años después de emitir la convocatoria.
Por primera vez, la asamblea se realizó en el Centro de Convenciones del SNTSS, de la Ciudad de México. Ahí, los socios decidieron reformar sus Bases Consultivas y renovar a los consejos de Administración, Vigilancia y Comisiones.
En entrevista, contaron que esta lucha comenzó en 2015, con el primer intento de privatizar la cooperativa y sus cuatro plantas productoras de cemento, en Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes y Puebla.
De acuerdo con las entrevistadas, los hermanos Álvarez propusieron que Nacer Global –propiedad del empresario Jorge Nacer Gobera, quien es dueño también de la Universidad ICEL y del periódico El Economista– invirtiera en la cementera, financiándola con 49%, mientras que los 850 socios se quedarían con 51%.
Estos se opusieron con el argumento de que el origen de la cooperativa dependió del esfuerzo de 192 socios fundadores y que en la actualidad Grupo Cruz Azul está formado por las cuatro plantas productoras de cemento y 15 empresas horizontales, de las cuales dependen 8 mil familias.
El segundo intento de privatización fue en abril de 2016. Al año siguiente comenzaron las denuncias contra el director financiero, Juan Manuel Briseño González, a quien los cooperativistas acusaron de extorsión (causa penal 231/2015), y contra el presidente del Consejo de Vigilancia, José Antonio Marín Gutiérrez, acusado de presunto fraude (causa penal 27/2017).
Otros inculpados son el gerente de Ventas de la Zona Centro, Jorge Cruz Romero, y el director Comercial, Víctor Manuel Velázquez Rangel, acusados de trata de personas y reclasificación de delitos sexuales (AP CI-FDTP/TP-1/UI-1 C/D/00031/03-2017). Los dos directivos también fueron acusados de abuso sexual en enero pasado (AP CI-FDTP/TP-1/UI-1 C/D/00031/03-2017D01).
Al gerente de la Planta Hidalgo, Wilfrido Arroyo Reynoso, se le imputa un fraude genérico, en Acapulco, Guerrero; incluso se giró una orden de aprehensión, según la causa penal 092018-11.
Wilfrido Arroyo Reynoso, Mario Francisco Morán Lagunes, José Antonio Marín Gutiérrez, Héctor Lara Avendaño, Víctor Manuel Velázquez Rangel, Oliverio Guerrero Trujillo –gerente de Planta en Hidalgo, gerente corporativo de Optimización, presidente del Consejo de Vigilancia, presidente de la Comisión de Conciliación y Arbitraje, director comercial y socio activo, respectivamente–, fueron acusados de asociación delictuosa en septiembre pasado (AP) FED/SEIDF/UMAI-MOR/U00O12122018.
Las mujeres de CruzHadas aclararon que sólo esta última causa no ha sido litigada; en las demás los denunciados han salido beneficiados.
“Los cooperativistas, trabajadores y familias de Cruz Azul queremos transparencia en el manejo de los recursos, parar la represión laboral sistemática, frenar la estrategia de judicialización que inventa delitos, acabar con el caos en nuestra sociedad cooperativa ante los ataques e impedir que se continúe con la compra de voluntades que pervierte la democracia interna de la agrupación”, señalaron.
Por otro lado, el director general del Sindicato de Trabajadores de las Líneas del Transporte de la República Mexicana “Agustín Serna”, César Serna Escalera, afirmó que llegó la hora de reinventar las estructuras tradicionales del sindicalismo mexicano y anunció que en enero de 2019 una delegación del Consejo Coordinador Laboral hará misiones de trabajo en Alemania, Francia y Brasil. El propósito es establecer contactos con los principales sindicatos de esos países.
Este reportaje se publicó el 21 de octubre de 2018 en la edición 2189.
Fuente: proceso.com
