En la proximidad del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las decisiones que ha venido tomando junto con su partido Morena, han dejado mucho que decir.
Las consultas a modo, las alianzas con Televisa y TV Azteca, la militarización de la seguridad pública, la concentración de los medios públicos en manos de la Secretaría de Gobernación y su cercanía con empresarios oscuros como Carlos Hank, ninguna de estas acciones coincide con lo prometido en campaña.
Ahora, las recientes revelaciones de presuntos sobornos de Joaquín El Chapo Guzmán a los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que no sorprendieron en México, sino que confirmaron el juicio popular de que el poder político y el poder del crimen organizado son desde hace tiempo una sola figura que es el narcoestado, pondrán a prueba a López Obrador y su famosa Cuarta Transformación basada en un código de ética y justicia.
El desafío para López Obrador y su gabinete de enfrentar el narcoestado es quizá uno de los más importantes porque de nada valdrán los proyectos de construcción férrea y aérea o los programas sociales sino se ataca este cáncer que ha minado las estructuras de gobierno y el tejido social.
El narcoestado es un nuevo concepto dentro de la ciencia política que define perfectamente bien la nueva integración del poder político, económico y financiero que, en países como México, se ve claramente en algunas partes de su territorio donde el político y el criminal son lo mismo y gobiernan con el terror a la población estableciendo sus propias reglas de vida.
Hay un dicho muy singular entre los periodistas, de que fueron los políticos los que corrompieron a los criminales con esta ambición desmedida por controlar desde la cúpula del gobierno el multimillonario negocio del crimen organizado que va desde el trafico de drogas y de personas, hasta el negocio ilegal de las falsificaciones y la venta de armas, minerales, órganos humanos, autos, hidrocarburos, ropa, calzado y alimentos, además de las extorsiones y secuestros.
Hace siete años escribí un artículo en vísperas de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia y que hoy tiene la misma vigencia ante el inicio del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de diciembre.
A finales de diciembre del 2011 señalaba que, de acuerdo con reportes de la ONU, en Estados Unidos, Canadá y Europa se queda la mayor parte de las ganancias de la venta de droga en el mundo, que en el caso de la cocaína representa 70% de los 72 mil millones de dólares traficados al año. Mientras que, en el año 2009 los cárteles del narcotráfico de México obtenían ganancias anuales de hasta 40 mil millones de dólares.
En ese entonces, David Robillard, presidente de la Consultora Global Kroll aseguró que esa situación traería serios inconvenientes en la economía mexicana, pues había regiones enteras donde los ingresos de actividades ilegales soportaban buena parte de su economía. Esto no ha cambiado y con los años se ha hecho más evidente.
Recientemente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que el crimen organizado tiene ingresos anuales por 870 mil millones de dólares, que equivalen al 1.5% del PIB total mundial, el cual es seis veces más de lo que dispone la asistencia oficial para el desarrollo y el 7% de las exportaciones mundiales de mercancías. De todo esto, el narcotráfico es el negocio ilícito más lucrativo con una ganancia anual estimada de 320 mil millones de dólares.
La maquinaria del crimen organizado a nivel nacional y global no puede funcionar sin la complicidad de los operadores del mercado financiero y bancario quienes se encargan del lavado, secado y planchado del dinero sucio para reinsertarlo en la economía local y mundial.
Pero también, de manera esencial, de los gobernantes de cada país que, en el caso de México, alcanza hasta los presidentes que en su turno hacen pactos con algún grupo que, a cambio, le entrega grandes cantidades de dinero o incluso los hacen sus socios.
El plan de seguridad y paz que recientemente presentó López Obrador y su gabinete, fundamentado en la militarización de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional, no será suficiente y tampoco creíble ante la sociedad sino hay justicia. Es decir, si no se investiga a los cómplices en el sistema financiero, bancario y en los exgobernantes.
Los últimos tres presidentes –Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto–, sospechosamente no lo hicieron y solo en el discurso manifestaron que resolverían este problema, traducido en los más altos niveles de homicidios, secuestros, extorsiones y desapariciones de la historia.
Ahora le tocará a López Obrador quien llegará a la presidencia con 30 millones de votos de ciudadanos que le dieron su confianza y que él y su equipo izan como la bandera de la legitimidad. La pregunta es si se atreverá a investigar a los expresidentes y de encontrarse su culpabilidad los meterá a la cárcel.
Por cierto… Del juicio del Chapo en Nueva York aún se espera que salgan más nombres de políticos mexicanos coimeados por el sinaloense. Faltan los que se han beneficiado en Estados Unidos que tampoco cantan mal las rancheras cada vez que ven que sus carteras se abultan con dinero manchado de sangre proveniente del crimen organizado.
Fuente: proceso.com
