Una vez más Rosario Robles, titular de la Sedesol y de la Sedatu en este sexenio, vuelve a estar en el ojo del huracán por los desaseados manejos del presupuesto público en ambas secretarías.
El periódico Reforma publicó este martes que de los mil 900 millones asignados a ambas secretarías para financiar proyectos a 76 empresas, 708 millones de pesos se destinaron en efectivo a una red de oficinas y compañías fantasmas a través de un intrincado sistema de depósitos mediante el servicio de compañías como Tameme, Cometra y Panamericano.
La investigación periodística, basada en datos de la Auditoría Superior de la Federación, presume que estos fondos fueron repartidos entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017.
Este periodo coincide con el de varias campañas electorales en distintas entidades, especialmente la del Estado de México, donde la titular actual de Sedatu jugó un papel clave para la victoria del candidato priista Alfredo del Mazo, según reconoció en reunión con su gabinete el propio presidente Enrique Peña Nieto.
También en este periodo dos secretarios de Desarrollo Social –José Antonio Meade y Luis Enrique Miranda Nava– nada o muy poco hicieron para investigar lo que ya se había ventilado en investigaciones periodísticas como La Estafa Maestra.
En su defensa, Rosario Robles ha insistido en que ella no aparece firmando ningún documento ni desviando fondos. En una entrevista en Milenio TV, en junio pasado, la exjefa de Gobierno capitalino afirmó que ha sido víctima de una “infamia maestra” y desacreditó la investigación de la entonces titular de la Dirección General de Asuntos Forenses de la ASF, Muna Dora Buchain, principal responsable de la indagatoria sobre un presunto desvío en Sedesol y Sedatu que asciende a 7 mil 700 millones de pesos.
Buchahin, quien tenía pendientes aún varias auditorías por completar, dio a conocer una carta donde el actual titular de la ASF, David Colmenares Páramo, le pidió la renuncia. En la parte medular de su misiva, la auditora informa que “están en curso ocho auditorías forenses y existen cinco propuestas más para investigar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de 2017. Dos de ellas se refieren a denuncias documentadas y vinculadas nuevamente con SEDATU y sus convenios con instituciones públicas de educación superior en 2016, con desvíos graves de 275.2 millones de pesos descubiertos durante la ejecución de nuestras auditorías en diciembre de 2017”.
Muna Dora traía más irregularidades en contra de Rosario Robles y de su equipo, el mismo que durante su paso por la Sedesol hizo la Cruzada Nacional contra el Hambre y varios programas sociales “consentidos” del peñismo.
A raíz de la publicación del periódico Reforma, Buchaín y Robles volvieron a hacer declaraciones públicas, pero ahora ya ningún funcionario del gobierno federal y menos un legislador del PRI en el Senado o en la Cámara de Diputados salió a defender a una de las operadoras más importantes en el sexenio peñista.
Rosario Robles apareció este martes en una conferencia de prensa a retar no al gobierno al que pertenece o a la ASF, sino a la futura administración de Andrés Manuel López Obrador para que la investigue.
“Entiendo que han dicho que el presidente electo no me perdonará. Yo no pido el perdón de nadie. No tengo absolutamente nada que temer, ni nada que esconder. A mí que se me investigue hasta por debajo de las piedras”, afirmó Robles.
En su rueda de prensa se le recordó a la titular de Sedatu que la ASF interpuso 27 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) derivadas de las observaciones que hizo a la Sedesol en 2013. Robles insistió en su mantra: “En cuatro años nadie, absolutamente nadie, ha sacado una cuenta, una casa, una propiedad que diga ‘Rosario Robles’ más allá de lo que tengo desde antes de entrar en el gobierno”.
Sin embargo, Robles no descartó que algún integrante de su equipo pudo participar en el mal uso de recursos públicos. En respuesta al reportero de Proceso, Mathieu Tourliere, insistió que los servicios públicos se entregaron, y “si hay personas que hayan incurrido en alguna irregularidad, que se castigue, con nombre y apellido, a la gente que ha sido denunciada ante la PGR. Por cierto, yo no estoy en ninguna denuncia y, sin embargo, mi nombre aparece porque es el que vende”.
Añadió: “En lo que sí no estoy dispuesta es que por vender se utilice esto. Eso sí me parece inaceptable porque estamos hablando de la honra, de la reputación de las personas, y en esto yo concuerdo con lo que se ha dicho (por López Obrador): ‘nadie por encima de la ley, nadie por debajo de la ley’, que la ley se aplique, pero con justicia y con pruebas”.
La exresponsable de la Cruzada Nacional contra el Hambre sigue confundiendo la mercadotecnia con la responsabilidad administrativa. Los reportajes publicados en Proceso, Animal Político, Sin Embargo, Aristegui Noticias y el periódico Reforma se basaron en pruebas documentales, nunca desmentidas.
Su nombre aparece porque ella fue la titular de las dos dependencias investigadas por la ASF y porque los principales colaboradores y presuntos implicados en ambos escándalos los mantuvo a su lado, en especial a su oficial mayor, Emilio Zebadúa.
En aquella entrevista con Milenio TV, Rosario Robles afirmó que su principal adversario es “quien no quería que llegara al Senado de la República para defender el legado del presidente Peña Nieto”. No aclara si se refirió al exdirigente nacional priista Enrique Ochoa Reza, al candidato presidencial priista José Antonio Meade, o al jefe político de ambos, el actual canciller Luis Videgaray. Robles fue una aliada del secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, en la disputa por la sucesión presidencial de Peña Nieto.
Ahora, su narrativa ha cambiado. Robles ya no habló de quien le impidió llegar al Senado de la República. Ahora retó al futuro gobierno de López Obrador. Se le olvidó admitir públicamente que la soledad en medio del escándalo se la debe al gobierno saliente, no al futuro.
Fuente: proceso.com
