Por fin se ha anunciado la mecánica para la consulta sobre el nuevo aeropuerto. Habrá quienes postulen que con ella queda inaugurada una nueva forma de democracia más cercana a la gente. Algo que distinguirá al próximo gobierno de todos los anteriores. Quisiera estar de acuerdo, pues llevo muchos años de litigio para exigir el respeto del derecho a la participación directa en asuntos públicos. Sin embargo no puedo, me resulta imposible dejar de criticar la consulta revelada.
No puedo dejar de cuestionarla porque tergiversa la figura y diluye un par de derechos al mismo tiempo. Pero sobre todo, porque en mi opinión su realización conlleva una violación a nuestra Constitución. Y así como en el debate en torno a las remuneraciones en el sector público, lo primero que no comparto es que se dejen de lado las disposiciones constitucionales que no convienen a quienes abogan por conservar el actual estado de privilegios, en este otro tema tampoco puedo ignorar los derechos humanos reconocidos que deben regir a las consultas.
Cada vez que nos apartamos de la Constitución complicamos nuestra vida democrática, cada vez que olvidamos las más esenciales normas que regulan nuestra convivencia en sociedad abonamos a que sea la ley de la fuerza la que impere y en cada ocasión que hacemos de lado aquel texto constitucional y nada sucede, la impunidad gana terreno. Por esa razón, debo afirmar que desde mi perspectiva, la consulta anunciada se encuentra al margen de la ley de leyes y por si fuera poco coloca en jaque dos derechos que ha costado mucho hacer respetar.
Si alguien piensa que lo del nuevo aeropuerto es una cuestión de trascendencia nacional –como sí lo es conservar nuestros recursos naturales–, entonces debe necesariamente postular que si se ha de consultar, se consulte como la Constitución manda en su artículo 35, fracción VIII, y después lo que la ley detalle.
Lejos de eso, no se va a consultar a toda la población, porque aunque cualquiera pueda acudir a esta consulta improvisada, ella no será accesible para todo mundo. Solamente en algunas plazas públicas de algunas poblaciones se instalarán sitios de consulta. Esta circunstancia priva en la práctica del derecho a la consulta popular a ciertas personas y eso no es algo que constitucionalmente esté avalado.
Con todo, eso no es lo más grave. El tipo de consulta que se quiere inaugurar tiene un problema mucho mayor. Ninguna consulta popular puede restringir derechos humanos. No hay más. No se puede poner a consulta el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado, no se puede poner a consulta el que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos puedan obtener verdad, justicia y reparación, y tampoco se puede poner a consulta el desconocimiento de los derechos de las personas y comunidades afectadas por el nuevo aeropuerto. Es algo muy simple, y de nuevo, así lo ordena la Constitución.
Lo cual me lleva al otro motivo de confusión alrededor de la figura y el derecho a la consulta. Quienes tienen derecho a que se les consulte sobre el nuevo aeropuerto son esas personas y comunidades a las que se puede afectar con este proyecto. Si se identifican como indígenas o pueblos originarios, la consulta siempre ha debido de ser previa, informada, libre, culturalmente adecuada y llevarse a cabo de buena fe de principio a fin, cuando menos. Si no se identifican como indígenas, la consulta debe ser sinónimo de su derecho a participar de manera informada y directa en la decisión de asuntos de interés público como lo es dicho aeropuerto.
Pero ahora resulta que una mayoría en una consulta muy singular puede imponerles un proyecto en menoscabo de múltiples de sus derechos humanos, más allá de si quieran y puedan participar en aquélla. Las mayorías no pueden aplastar los derechos de las minorías en un orden constitucional y democrático de derecho digno del nombre. Y si alguien quiere argüir que todo México puede beneficiarse del nuevo aeropuerto y que en esa lógica, cualquiera puede participar en la consulta, habrá que refutarle que estas decisiones deberían ser adoptadas por las personas afectadas, no las interesadas en aprovecharse de este proyecto.
Los intereses de un sector privilegiado nunca deberían de ganarle a los derechos de una sola persona. De eso se ocupa nuestra Constitución cuando nos reconoce derechos humanos. Ya para finalizar, habría que volver a reflexionar sobre lo que está detrás de los derechos de consulta y participación. No se consulta ni se participa como parte de una simulación, no se consulta ni se participa para legitimar proyectos que se han decidido desde antes y que no se piensan cambiar. Se consulta y se participa para defender nuestra libertad, al menos esa parte de la libertad que se entiende incompatible con la imposición de cosas que nos atañen y que no queremos. Vivir en libertad, sin dominación, sin imposición, así de sencillo, así de complejo. Por todo eso, esta consulta recién anunciada es inconstitucional.
Fuente: proceso.com
