Este viernes pasará a la historia por muchas razones, sobre todo porque ese 19 de agosto fue detenido el ex Procurador de Justicia de México, Jesús Murillo Karam, al que le presumen responsabilidades en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Luego, el sábado 20, se le dictó Prisión Preventiva Justificada por aquello de que “se puede escapar”, como ocurrió con Rosario Robles entonces.
…Y esto: El mismo día, siete horas después, luego de tres años de detención, salió de la cárcel Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de estado y señalada de presunta participación en la famosa “Estafa maestra” por la cual, se lee:
“A través de un sistema de 128 empresas fantasma dependencias del Gobierno Federal Mexicano derivaron más de 400 millones de dólares mediante una red de desvíos de dinero que involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno.”
En los dos casos aún persiste la presunción de inocencia. En los dos casos el proceso legal está en marcha y en los dos casos habrán de comprobar si hay inocencia o culpabilidad. Por lo pronto los señalamientos persisten y será la ley la que habrá de prevalecer en lo que resulte, luego de las investigaciones en cada caso, y de la defensa que haga de sí cada uno. Es así.
El ex procurador es señalado por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso “Ayotzinapa” ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 (cuando era el titular de la Procuraduría General de la República). 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos" que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros, luego llevados y desaparecidos. Todo en el estado de Guerrero.
Apenas el jueves 18 de agosto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, presentó las conclusiones preliminares de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, según las cuales la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 "constituyó un crimen de Estado" y que no hay indicio alguno de que las víctimas se encuentren con vida.
Advirtió que en el crimen "concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano". Y se libraron 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso. Horas después fue detenido Murillo Karam.
Según definición: “Los crímenes de Estado son aquellos delitos cometidos por los agentes estatales, o por particulares (como los grupos paramilitares) que actúan en complicidad o por tolerancia (omisión) del Estado.
“Algunos de estos crímenes son el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales.”
Todo esto habrá de probarlo la Fiscalía y fincar responsabilidades para aquellos que se pruebe que participaron en este grave delito. Habrán de probar a Murillo Karam los delitos que se le presumen: Desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
El ex Procurador llevará a cabo su defensa en ley, mediante abogados, para demostrar su inocencia. En todo caso lo importante es que en este caso impere la ley, impere la verdad, impere la justicia y, sobre todo, que se evite caer de nueva cuenta en errores cometidos en contra de la ley al acusar o retener a quienes pueden estar ahí por razones políticas y no por delitos, aun en presunción.
Como fue el caso de Rosario Robles, la ex titular de Sedesol y Sedatu, quien fue detenida en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, por tres años. Tres largos años de litigio desgastante en un procedimiento que desde el principio –señalan abogados- debió llevar en libertad con las restricciones propias del caso.
Pero se insistió en castigarla. Daba la impresión de que estaba sometida a una venganza y no a los procedimientos puntuales de la administración de justicia que debieron llevarse a cabo.
Ahora está libre, podrá llevar su proceso en libertad y lo que sigue será conocer las conclusiones: culpabilidad o inocencia. Que sea en ley.
Tampoco sería sano para el país que se utilicen estos casos de por sí de alto impacto, para ocultar el estado en el que se encuentra el país, sobre todo en momentos en los que la violencia parece prevalecer en muchos estados de la República:
Cuando la seguridad pública está al borde del colapso, cuando la economía de México está en los límites de una crisis, cuando la educación está en abandono, la economía informal sustituye al empleo formal y con falta de seguridad social:
Cuando los sistemas de salud pública no cuentan con lo mínimo para dar atención a todos los mexicanos, sobre todo a los de pocos recursos, cuando la polarización está a la vista y hay confrontaciones día a día… Tanto…
Y cuando todo lo que hace el gobierno del país es construir su permanencia luego de 2024. Incluso los señalados para ser candidato o candidata a la presidencia del país por Morena, quienes ya se enfrascan en sus propias luchas para conseguir el beneplácito de Palacio Nacional.
Si. Todos queremos saber la verdad de Ayotzinapa. Todos queremos que se cumpla la ley en los que cometieron delito, abusos, complicidades. Y todos queremos que esto no sea una cortina de humo para ocultar lo que pasa y lo que ocurre en México, como se ha visto antes. Sí: que prevalezca la ley: “Nadie por encima de la ley”, reza el mandamiento juarista tan utilizado en esta 4-T. Ojalá.
