Sobre aviso no hay engaño. A mediados de junio pasado, el presidente Trump aprobó una declaración oficial para colocar a México como una preocupación de seguridad nacional de los EE. UU. en materia de narco y cárteles y amenazó con descertificarlo si no combatía en serio a los cárteles del narco.
Detrás de esa declaración había un juego de dos bandas: primero, obligar al gobierno del presidente Lopez Obrador a regresar al modelo de guerra contra las organizaciones criminales transnacionales porque los cárteles mexicanos están metidos hasta el fondo de la sociedad estadunidense: y segundo, colocar a México bajo el paraguas de la doctrina imperial de seguridad nacional de la Casa Blanca.
El gran debate, pues, radica en la relación guerra/paz o balazos/abrazos de la estrategia mexicana de seguridad pública. El segundo gran aviso fue la extraordinaria e inexcusable presión de la Casa Blanca para obligar a México a cumplir una orden de extradición contra Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán y coordinador del área de metanfetaminas del Cártel de Sinaloa. Y México tuvo que cumplir con esa orden de extradición inclusive sin tener antes la indispensable orden de aprehensión de El Chapito II con fines de extradición.
En algunos escritorios del sistema de inteligencia y seguridad nacional de los EE. UU. se tiene la estimación de que la operación contra El Chapito II se suspendió como parte de la estrategia de no-guerra contra los cárteles y porque en esa estrategia no hay decisión mexicana de seguir arrestando grandes capos.
El asesinato artero de miembros de la familia mexicano-estadunidense LeBarón en Sonora fue el detonador de la nueva fase de estrategia de presión de la Casa Blanca para obligara México a perseguir narcos. A lo mejor será difícil cumplir la exigencia de Trump de declarar terroristas a los cárteles, pero México no tendrá tiempo de averiguarlo. Ocurrirá lo mismo que con la advertencia perentoria de Washington de detener migrantes o sufrir un castigo arancelario.
Pero demás de ello, detrás de la amenaza de Trump se encuentra la Estrategia de Combate al Crimen Organizado Transnacional aprobada en julio de 2011 por el presidente Obama, dentro de la cual existen condiciones y formas de intervenir directamente con tropas en países donde existan cárteles que ya operan dentro de los EE
En el mapa de los EE. UU. de la agencia antinarcóticos DEA se han coloreado las zonas de influencia y control del tráfico y venta de drogas en ciudades estadunidenses y que están controladas por cárteles mexicanos: del medio oeste a la costa este, el Cártel de Sinaloaes el que domina el narco. Este mapa es el que explicaría la obsesión de Washington por El Chapo, sus hijos y el Cártel de Sinaloa.
Si alguna vez los EE. UU. han cumplido con las condiciones de Gore Vidal para ser un Estado de Seguridad Nacional imperial, ese momento es ahora: la penetración del narco mexicano en los EE. UU. por la vía de cuando menos siete cárteles identificados por la DEA. En este sentido, la Estrategia de Combate a las Organizaciones Criminales Transnacionales de la Casa Blanca tiene objetivos para meterse en las naciones sede de la producción y estructura del narco en función de que esas organizaciones son un problema vital de seguridad nacional de la Casa Blanca.
En este contexto se ubicó la advertencia de Trump en junio que la cancillería mexicana y el gabinete de seguridad no procesaron. Si la declaratoria de terroristas a cárteles tarda o no se puede, en el camino el gobierno de los EE. UU. obligará a México a regresar a la estrategia de guerra, como tuvo que usar la Guardia Nacional para controlar migrantes. Y como parte de la argumentación estadunidense se usará aquella exigencia del canciller mexicano a la Casa Blanca de declarar terroristas a los atacantes contra mexicanos en El Paso.
Teoría de los juegos. Aunque los políticos mexicanos carecen de habilidad para usar algunas fórmulas de la politología, en el caso de la nueva ministra de la Corte se está aplicando la teoría de los jugos o el manejo de ternas que conduzcan al objetivo deseado por el proponente. De las tres aspirantes, la jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT) Margarita Ríos-Farjat es la que reúne las condiciones para llegar a la Corte. Otra de las tres es de relleno, la otra satisface presiones académicas, pero el presidente de la república tiene el poder y la facultad de designar ministros/ministras. Y Ríos-Farjat tiene la formación jurídica para el poder judicial, al margen de que su trabajo fiscalista en realidad no será tomado en cuenta.
Política para dummies: La política no el rosario de justificaciones, sino la capacidad de adivinar los movimientos del adversario para no terminar derrotando y ofreciendo disculpas.
