El Presidente de la República entró en un terreno resbaladizo cuando decidió increpar —e insultar— a medios y periodistas, frente a la revelación de investigaciones que dan pautas sobre posibles actos constitutivos de conflicto de interés, y potencialmente de corrupción, en que presuntamente incurrieron sus familiares directos. Lejos de ganar la discusión sustantiva con ese engañoso mecanismo de defensa, e incluso de evadirla, el presidente está irremediablemente destinado a tropezar con las piedras de la intolerancia que él mismo está sembrando.
En efecto, hay un cúmulo de preguntas que vale la pena intentar responder, comenzando por la relativa a por qué nadie le dice al Presidente que, de entrada, incurre en el más simple de los errores del pensamiento: la falacia ad hominem. Este argumento que, por su forma o contenido no está capacitado para sostener una tesis, que consiste en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de ésta. Para utilizar esta falacia se intenta desacreditar a la persona que defiende una postura señalando una característica o creencia impopular de esa persona.
Así, como el primero de los elementos que vale la pena repensar, es necesario considerar si el derecho al cuestionamiento —valido, evidentemente— que tiene el Presidente de la República, en su calidad de ciudadano, en realidad intenta emparejar un debate que muchos consideran desigual; o si en realidad lo que intenta es tratar de enmascarar la discusión sustantiva relativa al patrimonio y posesiones de uno de sus hijos, a través del cuestionamiento a los medios y los periodistas que investigación y, con aciertos o errores, e incluso con sesgos e impulsos políticos, dieron a conocer la información que hoy incomoda al Presidente.
En ese sentido, valdría la pena preguntarse de qué lado resulta desigual el debate entre un Presidente y un periodista. Al respecto, es claro que muchos de los que apoyan la postura del Ejecutivo federal de cuestionar a comunicadores como Carlos Loret de Mola o Joaquín López Dóriga, e incluso a Carmen Aristegui, sostienen que la razón presidencial es válida en la medida de que con ello intenta emparejar un debate que reiteradamente es desigual a favor de los comunicadores. ¿Por qué el Presidente se debe quedar callado, sostienen, frente a los ataques de Loret o López Dóriga?
Dicen ellos que el Presidente también es ciudadano y que como tal, tiene derecho a devolver el cuestionamiento a quienes denodadamente ponen interrogantes a la gestión del Mandatario; máxime, cuando —dicen— esos periodistas han sido financiados por los actuales adversarios del Presidente. Frente a esos argumentos, ¿de verdad eso le da derecho al Presidente no sólo a cuestionar el trabajo periodístico, sino directamente a adjetivar en contra de algún comunicador?
Parece que las fronteras entre uno y otro caso son claras, con sólo mirar el mismo problema desde la perspectiva contraria. El Presidente es el representante político y constitucional de todos los habitantes de un país, pero un periodista tiene una audiencia que le puede ser fiel o no, pero que siempre es opcional. Mientras que a un comunicador se le puede anular cambiando la televisión de canal, yendo a otra página web, o sintonizando otra estación radiofónica, el Presidente cuenta con una representación política y tiene a su favor la más poderosa tribuna mediática del país, desde la cual en buena medida gobierna todas las mañanas.
¿PILA, PIRA O QUÉ?
Es evidente que el Presidente tendría todo el derecho, como ciudadano y como servidor público, de cuestionar las investigaciones de un periodista, e incluso refutarlas. Para eso han ido en progresión derechos como el de la libertad de expresión en su modalidad de derecho de réplica. Ni el comunicador ni el medio informativo tienen la verdad absoluta, y por eso es un derecho oponible el de contrastar información y el de exigir que un medio publique datos o acontecimientos omitidos accidental o deliberadamente respecto a la actuación de una institución o servidor público.
En esa lógica, queda claro que el problema actual del Presidente frente a los medios y periodistas críticos, no es que intente cuestionar su actuación e investigaciones, sino que lo hace desde la lógica equivocada. Pues si bien tiene todo el derecho a decir y demostrar que mienten, y exhibirlos, el Presidente decidió encararlos a partir del insulto y del dilema sobre la moralidad de sus trabajos periodísticos respecto a su movimiento político. Así, quien está a favor del movimiento lopezobradorista o de la 4T actúa correctamente aunque mienta; pero quien está en contra del Presidente es moralmente cuestionable, aún cuando sus investigaciones y datos publicados sean correctos.
Ésta última afirmación no implica que el trabajo de Loret, de Aristegui o de quien sea, publicado hasta ahora sobre la actuación y posibles conflictos de interés en que incurren integrantes de la familia del Presidente, sea veraz y técnicamente pulcro. Eso en realidad parece que no importa. Si ellos están en contra del Presidente entonces merecen ser cuestionados, e incluso insultados sin medir no sólo las consecuencias contra ellos —que también son ciudadanos— sino contra el ejercicio de derechos determinantes para una democracia como el de la libertad de pensamiento y expresión. ¿Por qué? Porque la Constitución del país —y todas las demás normas que contienen derechos para las personas— prohíbe cualquier forma de condicionamiento —y más desde el sector público— a la libertad de las personas de pensar y decir lo que les venga en gana, siempre que esto sea lícito.
Así, pareciera pues que la llamada conferencia mañanera del presidente es hoy una pira o una pila bautismal, según sea la conveniencia o el ánimo del Mandatario. Quien cuestiona el movimiento o los intereses del Ejecutivo federal, o quien simplemente dejó de coincidir con ellos a pie juntillas, es quemado en una hoguera irremediable de insultos, intolerancia y repudio. Pero quienes apoyan al movimiento, así lo hagan con zalamería, mentiras o ataques a los comunicadores críticos, son cálidamente redimidos, son bien vistos por el régimen, e incluso son premiados con cargos públicos.
EPITAFIO
Al final, el Presidente puede cuestionar las afirmaciones de otra persona —sea o no comunicador—, porque hacerlo forma parte de sus derechos como ciudadano, y todos tenemos los mismos derechos. Pero hacerlo desde su calidad de Presidente de México, con argumentos ad hominem y bajo un esquema de que lo que le conviene al régimen es correcto, y lo que no es condenable, revela la irracionalidad del sentido ético y político del mandatario, y las debilidades democráticas que ya se asoman en un poder que por definición no es eterno —acaba el 30 de septiembre de 2024— pero que ya pretende ser totalitario.
