* José Bernardo Rodríguez Alamilla tendrá que enfrentar a las mafias que operan en la procuración y administración de justicia con amplias redes de complicidad familiar, amigos y compadres que venden la justicia al mejor postor y garantizan impunidad a los delincuentes.
* Una prioridad de la Fiscalía Combatir es combatir el despojo con una estela de homicidios como el de la exdiputada y candidata del PAN a la alcaldía de Ocotlán, Ivonne Gallegos Carreño, el director de la AEI, Omar Sabino Chepetla, y el magistrado, Enrique Pacheco Martínez.
(A la memoria de Pepe Herrera Reyes, integrante de la triada de extraordinarios abogados al lado de Joaquín Martínez Gallardo y José Isaac Jimenez Velasco, quienes inculcaron el amor a México y la dignidad política a generaciones de jóvenes oaxaqueños, hoy mayoritariamente perdida en el PAN)
La escalada de la espiral de inseguridad y violencia, se ha convertido en Oaxaca en una devastadora orgía de dolor, sangre y muerte, de manera particular contra las mujeres.
Por supuesto que los hombres no están a salvo de atentados a su integridad física y a su vida. Ayer domingo, por cierto, fueron ejecutados dos hombres en Mixtequilla y Tamazola, respectivamente.
Las agresiones, desapariciones y asesinatos de mujeres van desde casos emblemáticos como el de Claudia Uruchurtu hasta el de Abigail Hay en los separos de la Policía Municipal de Salina Cruz.
Uno de los principales retos del Fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, es enfrentar el “fuego amigo” de altos funcionarios en el combate al feminicidio, al manipular las marchas en demanda de justicia.
En los dos primeros meses del Gobierno de Salomón Jara Cruz suman 25 feminicidios, más los que se acumulen en las próximas semanas, meses y años. En 2022 quitaron la vida a 120 mujeres.
Fiscales vienen y van y hasta ahora no hay resultados claros y concretos que frenen la ola de la violencia contra las mujeres por razones de género y garanticen su vida libre de violencia.
Aun cuando la designación del presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca fue controvertida, hizo resurgir la esperanza de, ahora sí, combatir la impunidad.
Al margen del cuestionado nombramiento de José Bernardo Rodríguez Alamilla y de los fríos números de las estadísticas, urge atender desapariciones, asesinatos y feminicidios en aumento.
Es una tarea titánica, nada fácil, desde luego, toda vez que tendrá que enfrentar los intereses y compromisos de las mafias que operan en las áreas de procuración y administración de justicia.
Esas mafias integran amplias redes de complicidad familiar, de amigos, compadres y al final socios, todos, al vender la justicia al mejor postor, garantizar impunidad y traicionar a pueblo y gobierno.
Indispensable es, también, atender los numerosos casos de invasiones y despojo de terrenos y casas en todo el estado, pero especialmente en Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec.
La denuncia de la impunidad con la que opera el Cartel del Despojo en el Estado es motivo de escándalo nacional al ser incluido en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por las invasiones y despojo de terrenos y casas en el estado y los municipios metropolitanos suman, 1467 carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGEO) contra funcionarios, notarios, representantes agrarios y autoridades municipales.
En las denuncias de despojos de inmuebles, de marzo de 2021 a julio de 2022, hay colusión de notarios, funcionarios y grupos criminales, reveló el exsubsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, al presentar el informe Cero Impunidad durante la mañanera del pasado 15 de septiembre.
Gabino D. L., detenido por la hermana y tía del periodista Edgar Leyva, está relacionado con el asesinato de al menos 22 personas víctimas de despojo y la ejecución de otras 12 que tenían información o eran testigos clave para la persecución de estos delitos.
La Fiscalía ha establecido que entre los homicidios está el de la exdiputada y candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Ocotlán, Ivonne Gallegos Carreño, y el director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Omar Sabino Chepetla.
Por otro lado, las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGEO) han establecido, también, que el móvil de la ejecución del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Enrique Pacheco Martínez, está vinculado al Cartel del Despojo.
¿Ante la amarga realidad de estos crueles hechos, tendrá José Bernardo Rodríguez Alamilla la convicción personal y firmeza de carácter para cumplir con su obligación de respetar y hacer respetar la ley, procurando justicia a las víctimas?
¿O el Fiscal General del Estado fallará a pueblo y gobierno y al Gobernador que formalizó su nombramiento en el Congreso del Estado, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que Salomón Jara Cruz no puede fallar?
El voto de confianza que pueblo y gobierno ha otorgado al ex Ombudsperson, se fortalecerá o diluirá con el paso de los días, si por congruencia pasa de las palabras a los hechos, o no cumple con su compromiso al asumir su alta responsabilidad.
@efektoaguila
