Oaxaca es una de las entidades del país que junto con Chiapas y Guerrero se caracteriza por acumular insultantes rezagos en los principales indicadores del desarrollo humano: salud, educación e ingreso. A lo largo de la historia, esta condición que afecta a un gran sector de la población ha sido capitalizada política y económicamente, lo mismo por aspirantes a cargos de elección popular que por los autodenominados luchadores “sociales”, mientras los gobiernos en turno poco o nada han hecho por atender de manera efectiva las causas que generan esta situación.
Para los políticos en campaña, la numerosa población que vive en condiciones de pobreza y con escasas o nulas posibilidades de acceder a mejores condiciones de vida representa una importante reserva de votos. Políticamente manipulables mediante dádivas y promesas de atención a sus múltiples necesidades, los sectores de población que viven en condiciones de marginación son un botín que se disputan los partidos políticos cada elección y que, una vez alcanzado el cargo en disputa, vuelven a quedar en el olvido hasta el siguiente proceso electoral.
Los luchadores “sociales”, por su parte, han hecho de la manipulación de las necesidades de la población excluida de los beneficios de las políticas gubernamentales, su modus vivendi. No exageran quienes catalogan como una “industria” la forma sistemática de operar de estos personajes, por el monto de las ganancias que esto les genera. Utilizando el descontento ocasionado por la injusticia prevaleciente, estos vivales son especialistas en crear todo tipo de organizaciones con las que chantajean a los gobiernos en turno (mediante bloqueos y movilizaciones) a cambio de recursos del erario que, generalmente, tienen como destino sus propios bolsillos.
Este manejo perverso de las necesidades de la población que vive en condiciones de pobreza y marginación ha generado en Oaxaca un circulo vicioso en el que los únicos que ganan son estos dos grupos (los políticos y los luchadores “sociales”), mientras las condiciones de vida de la población en situación de rezago continúan deteriorándose y el resto de los oaxaqueños es frecuentemente perjudicado en el desarrollo de sus actividades cotidianas que son interrumpidas por marchas, plantones y bloqueos. Eso sí, a la hora de buscar culpables, unos y otros se acusan mutuamente: que si el rezago social es responsabilidad de los políticos que mal gobiernan el estado o que si es culpa de los grupos de chantaje que con su permanente activismo ahuyentan las inversiones y, con éstas, la creación de empleos.
Independientemente del rol que juegan unos y otros en este cículo que durante décadas ha frenado el desarrollo del estado, correponde al gobierno la responsabilidad de acabar con esta situación y cumplir con su deber de utilizar todos los recursos del Estado para sentar las bases que permitan a la sociedad emprender el camino hacia un mejor futuro. La tarea es compleja y requiere, además de sensibilidad y voluntad política, la implementación de acciones integrales de largo aliento en todas las regiones de la entidad.
En esta importante tarea no existe alternativa ni más tiempo que perder.
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