Hoy terminan las campañas rumbo a la gubernatura del Estado en Oaxaca, y a ninguno de los candidatos se les escuchó alguna propuesta real para avanzar en el establecimiento de un auténtico pluralismo de sistemas jurídicos, respecto a los pueblos indígenas. En lugar de ello, a lo mucho alguno de los aspirantes alcanzó a esbozar algunas líneas relacionadas con únicamente mantener política de dádivas que ya debería estar superada —o al menos complementada con otras acciones— en la atención de las comunidades originarias.
En efecto, en medio de toda la parafernalia de las campañas —máxime que ahora hubo candidatos que hicieron proselitismo temático—, vale la pena rescatar una de las problemáticas de fondo a las que todo el mundo dice referirse pero que nadie atiende, y que incluso desdeña: las propuestas sustantivas. Las relativas a los pueblos indígenas son de la primera importancia porque, aun cuando éstos son tratados institucionalmente como una minoría, la realidad en Oaxaca indica que los oaxaqueños que se auto adscriben como indígenas representan alrededor de las dos terceras partes del total de la población.
Así, aunque son una evidente mayoría poblacional, y que hoy la Constitución federal y los tratados internacionales les reconocen una serie de libertades y derechos individuales y colectivos, lo cierto es que pareciera que nada de eso es prioridad para la esfera gubernamental, que prefiere mantenerse en la política de darles recursos a cambio de que no pidan algo más —como mayor reconocimiento a sus derechos. Queda claro que los pueblos indígenas representan una complejidad mucho mayor, que no sólo no ha sido atendida, sino que incluso no es comprendida.
¿De qué hablamos? De que hoy la Constitución mexicana, y por ende la legislación oaxaqueña, reconocen la existencia de la multietnicidad y multiculturalidad de la sociedad, así como diversas garantías para lograr progresivamente la igualdad —jurídica, política, social, económica— de todas las personas aceptando el principio de la pluralidad. Ello implica el hecho de que en México existen y conviven no sólo diversas culturas sino también diversos sistemas jurídicos: tanto el de derecho positivo como los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas. Oaxaca es epicentro de esa realidad nacional, al tener más de 400 municipios que se gobiernan jurídica y constitucionalmente de acuerdo con sus usos, costumbres y tradiciones.
A partir de ello, y de que han mantenido una lucha que ha sido siempre cuesta arriba, los pueblos indígenas oaxaqueños han ido ganando terreno en el reconocimiento de sus derechos, y de la vigencia plena de sus sistemas normativos internos, frente a un Estado que se ha visto orillado a reconocer su existencia y la convivencia de los sistemas jurídicos, pero que en las últimas dos décadas no ha tenido mayor voluntad o convicción para seguir escalando en el establecimiento de políticas que no sólo atiendan la problemática social inmediata —las carencias sociales, la pobreza, la marginación, la desigualdad—, sino que contribuyan a un proceso de integración institucional entre el ámbito de gobierno estatal, y los municipales que se rigen por sus sistemas normativos internos.
¿De qué hablamos? De que los pueblos indígenas oaxaqueños siguen esperando una reforma de segundo nivel para integrar a la ley, por ejemplo, el amplio conjunto de acciones afirmativas a través de las cuales han ganado espacios y logrado el reconocimiento de sus derechos en diversos aspectos; la integración asimismo administrativa para tener relaciones más eficientes entre ámbitos de gobierno, así como un proceso de reconocimiento mutuo y progresivo de la vigencia y aplicación de la justicia indígena en las comunidades originarias, entre muchos otros tópicos que hoy existen únicamente como normas declarativas, cuyo reconocimiento luego se debe litigar y casi arrancar al Estado a través de tribunales y mecanismos de control constitucionales.
¿UNA MINORÍA?
En el caso del candidato del PRI-PRD a la gubernatura Alejandro Avilés, su equipo de campaña ubicó la atención de los pueblos indígenas dentro de las minorías poblacionales a pesar de que, como se dijo, ellos constituyen el sector poblacional mayoritario en Oaxaca. Al respecto, y de acuerdo con información de su sitio web, alcanzan a esbozar algunas ideas aunque lamentablemente sin lograr superar la política de las dádivas.
Señala, por ejemplo: “Impulsaremos un nuevo marco jurídico que fortalezca y garantice los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Se trata de una serie de reformas, de la mano del Poder Legislativo, que impulsen los derechos y garanticen el desarrollo de nuestros pueblos originarios en aspectos sustantivos como la educación, la salud, los servicios, el medio ambiente, la justicia y la seguridad. Estas reformas deben estar enfocadas en una refundación del estado que resuelva los pendientes históricos en materia de exclusión y reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.”
A pesar de lo loable de la intención, los constructores de las propuestas de Avilés se enredaron en las ideas y las finalidades. Derechos como el acceso a la salud, educación, medio ambiente, justicia o seguridad, se encuentran plenamente reconocidos por la Constitución federal en su artículo 2 apartados B. ¿Para qué seguir reiterando la necesidad de legislar lo que ya existe en la ley? Quizá tendrían que comenzar por reconocer que el Estado ha sido incapaz de cumplir con ese programa constitucional de acciones, y al menos bosquejar reformas que mejoren el cumplimiento por parte del Estado oaxaqueño de los derechos individuales reconocidos en la legislación federal, e incluso en la estatal pero cuyo acatamiento está lejos de ser voluntario y espontáneo.
Luego esboza otras ideas loables pero insuficientes: fortalecimiento de la Secretaría de los Pueblos Indígenas; la creación del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afromexicano; la creación de un Programa Emergente de Servicios e Infraestructura en municipios indígenas y afromexicanos o la implementación de un programa de becas para artistas indígenas. Es decir, con todo y lo bueno que eso pudiera tener, no pasa de la continuación del sistema de dádivas y atención de urgencia de necesidades de los pueblos, pero sin avanzar en el reconocimiento e integración de sus respectivos sistemas jurídicos.
El caso del candidato Salomón Jara (Morena-PT-PVEM-PUP) es escalofriante. Ni el ser de origen indígena, el ser candidato del único partido indígena de Oaxaca, o el haber tenido una campaña y un respaldo social esencialmente basado en los pueblos originarios oaxaqueños, parece haberlo puesto en la lógica de la atención sustantiva a sus necesidades. No tiene página web en la que se contenga algún tipo de documento con sus propuestas; y ninguno de los ejes de gobierno (gobierno honesto, estado de bienestar, seguridad, infraestructura y desarrollo económico) delineados en su campaña se refirió a las comunidades indígenas, y tampoco tiene alguna idea en concreto ni siquiera para la continuación de la política de dádivas. Pareciera que para él los indígenas no existen más que como votantes.
EPITAFIO
Al final, unos y otros candidatos hablaron de propuestas pero lo único que hicieron fue distraer y engañar a la ciudadanía. Tratan como minoría a la mayoría poblacional oaxaqueña, y desprecian y desconocen las discusiones y las acciones sustantivas que, más allá de las dádivas, han ganado los pueblos originarios oaxaqueños a punta de juicios, de amparos y de acciones de reconocimiento que le han arrancado al Estado.
