En la fecha límite establecida por la ley, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió la convocatoria para la selección y postulación de su candidata o candidato a la gubernatura del Estado de Oaxaca. Lo hizo para cumplir el requisito y, pareciera, lo hizo más por asumir el compromiso que porque verdaderamente exista una expectativa electoral favorable a la causa priista en la entidad. Del propio documento se desprenden algunas premisas que apuntan a que al PRI le preocupa Oaxaca, pero no por lo que pase en el presente año, sino en el mediano y largo plazo.
En efecto, la convocatoria lanzada el lunes no contiene ninguna sorpresa: establece el procedimiento para el registro de candidaturas, los requisitos que deben cumplir los y las aspirantes, y los plazos en que se desahogarán las fases de una eventual precampaña, hasta la posible realización de la convención de delegados, que ocurriría el 10 de febrero para definir quién será el abanderado priista a la gubernatura del Estado.
Todo se basa en supuestos, porque en la convocatoria también se establece la posibilidad —potencial— de que se registre un solo aspirante como precandidato, y éste sea declarado como único. En tal caso se pasaría directamente a la fase de precampaña —que duraría veinte días, del 20 de enero al 10 de febrero—; de ahí a la declaratoria de validez del proceso interno. Y la Convención de Delegados serviría únicamente para llevar a cabo la entrega de la constancia de candidatura “en la que se ratificará —dice la convocatoria— la candidatura en votación económica sin la necesidad de quórum de los convencionistas”. Evidentemente, dicho acto sería, sobre todo, la ratificación política y la presentación pública del ya ungido candidato priista.
¿Por qué hablar de supuestos? Porque, por un lado, ha quedado claro que el PRI tiene un abanico bastante reducido de opciones para la elección de su posible abanderado y muy pocos bríos para realizar, entre su militancia, una precampaña que pueda generar alguna expectativa de revitalización de sus filas; y porque, en el otro extremo, las miras de la cúpula priista en realidad parecen estar puestas en un momento posterior: el proceso electoral de 2024.
Si se considera que constitucionalmente los partidos políticos son el mecanismo prácticamente único de acceso a los cargos de elección popular —pues las candidaturas independientes siguen siendo una aspiración en el sureste mexicano—, y que todo ello quedará reservado para 2024 —porque la elección del presente año es sólo de Gobernador—, entonces la preocupación de fondo en la cúpula del tricolor es quién, o qué grupo político, heredará o mantendrá el control del membrete priista más allá del 2022.
A todos les queda claro que, a estas alturas, la elección de este año es un proceso descontado, al menos para el tricolor. Entre lo formal y lo fáctico, es evidente que todos los intereses y las expectativas están puestas en el proceso interno de otro partido —Morena— para la definición de su candidato, y que incluso ya hay un número importante de priistas —muchos de esos que, hasta hace poco, sostenían tener una militancia arraigada hasta la médula— que tienen los ojos puestos en lo que ocurra alrededor de la disputa entre Salomón Jara y Susana Harp por la candidatura morenista a la gubernatura, para ofrecer el mismo humo de la ingeniería y las supuestas estructuras electorales, gracias a los que obtuvieron cargos y prebendas en los tiempos de bonanza priista.
Y es que, en realidad, entre ellos la militancia se diluye y la codicia por los cargos domina, porque tampoco hay tanto qué negociar —y qué repartir— dentro del tricolor, ya que en el presente año sólo una candidatura irá a la boleta, y esa ya la tienen perdida. Ninguna encuesta da al menos un viso de que las preferencias electorales en Oaxaca puedan cambiar entre enero y junio próximo; y ningún aspirante tricolor parece tener la chispa y el empuje necesario entre la ciudadanía como para advertir al menos la posibilidad de un viraje, e incluso de una elección competida con cualquiera que resulte el candidato de Morena.
LA HERENCIA
Existen algunas premisas que valdría la pena validar, en el contexto de la definición de una posible candidatura única. Una de ellas —advertida denodadamente hasta hace no tanto tiempo por la facción priista que comanda el diputado Alejandro Avilés—, es que independientemente de quién fuera el aspirante favorito de la cúpula priista, ellos tenían el control de la mayoría de los integrantes registrados para participar en la Convención de Delegados, y que por ello cualquier definición cupular tendría que pasar por una negociación con ellos. En el supuesto, ¿los integrantes de ese grupo tendrían aún el combustible suficiente para manipular la Convención de Delegados, al grado de contrariar a quienes realmente toman las decisiones desde lo más alto de la cúpula priista de Oaxaca, y del país?
Otra premisa que habría que validar, es si quien se convierta en candidato a Gobernador será quien luego herede la titularidad del PRI oaxaqueño. Eso fue justo lo que ocurrió en 2010 luego de que el PRI perdiera la gubernatura de Oaxaca por primera ocasión. El entonces derrotado candidato priista Eviel Pérez Magaña fue quien heredó el control del membrete tricolor, y vaya que él —y sólo él— le sacó provecho a la derrota: en los años siguientes fue dirigente priista, Senador de la República y aspirante a la gubernatura en 2016, para luego brincar a la entonces Secretaría de Desarrollo Social como subsecretario —gracias a la negociación para que claudicara en su aspiración a la gubernatura—, y finalmente ocupar la titularidad de esa Secretaría de Estado en el último tramo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Con ese antecedente, es claro que quien sea ungido como abanderado en 2022 será quien se quede con la herencia del priismo oaxaqueño. Y es evidente que, aun perdiendo la gubernatura, el actual grupo dominante no querrá perder la puerta de acceso a los cargos públicos a través de la dirigencia priista oaxaqueña. Por eso, se habla con tanta insistencia de que Germán Espinosa Santibáñez es el más viable para convertirse en candidato del tricolor; no porque tenga carisma o arrastre entre la militancia, o porque pueda ser el más carismático de los aspirantes a la gubernatura —sin calificar si lo es o no, porque su medición cualitativa y cuantitativa como candidato, ocurrirá en los meses próximos—, sino porque es un integrante orgánico, y de toda la confianza, del actual grupo gobernante, a quien sí le pueden encargar esa herencia sin el riesgo de que pretenda una ruta independiente, o traicionarlos.
Las miras están puestas en 2024. Entienden el desgaste natural del Presidente de la República. Saben que para entonces Andrés Manuel López Obrador será todo menos candidato. Y que eso plantea un escenario electoral distinto, en el que sí estarán en juego todos los demás cargos: diputaciones locales y federales; las senadurías y un conjunto inmenso de presidencias municipales. Eso es lo que en Oaxaca nadie quiere perder. Y es lo que, nada más y nada menos, está en juego en la definición actual del abanderado priista.
EPITAFIO
Antier y ayer hubo reuniones en la Ciudad de México. Ya se tiró la línea desde la más alta cúpula priista. Y sólo falta que todo eso se materialice en cambios en el gabinete y los anuncios respectivos.
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