Más de cincuenta días antes de asumir la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya delineó dos temas fundamentales para el país, que según sus dichos serán decididos a partir de la opinión de la ciudadanía recabada a través de consultas, sobre las que no se conocen ni sus mecanismos ni sus alcances reales. Un tema, inminente, es el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se encuentra en construcción; y según las afirmaciones de AMLO, en los comicios federales intermedios de su mandato, se realizará una consulta para que el pueblo decida si él debe continuar en la Presidencia, o si debe irse.
En efecto, sobre la encuesta relacionada con el NAIM, hay más incertidumbre que respuestas, aunque al mismo tiempo existe una convicción preconcebida sobre el inminente resultado (negativo) que podría tener dicha consulta. Con la sola fuerza de su legitimidad actual, el Presidente Electo decidió que la consulta sobre el nuevo aeropuerto debía llevarse a cabo antes incluso de comenzar su mandato, y que ésta debía hacerse a través de un mecanismo ajeno a los existentes en el marco jurídico vigente.
Con esa decisión, que hoy AMLO puede darse el lujo de tomar luego de su arrolladora victoria y del control que tiene del Poder Legislativo a través de sus respectivas mayorías, desdeñó los mecanismos y los tiempos constitucionales para impulsar una consulta y, de cumplirse la promesa vertida por el próximo titular de SCT sobre el posible fin de la obra “al día siguiente de que se conozca el resultado de la consulta”, podría incluso darse el lujo de lograr que la administración saliente del presidente Enrique Peña Nieto, terminara cancelando la obra que ellos mismos impulsaron.
En esa lógica, uno de los varios cuestionamientos que pesan sobre la consulta para el destino del aeropuerto, radica en el hecho de que nadie conoce exactamente cuál será el método para realizar la consulta, quiénes los encargados de recabar la opinión de la ciudadanía, y cuál el valor que podría llegar a tener el resultado de la consulta a partir de su confiabilidad y del grado de reflejo del sentir de las personas consultadas.
En el otro extremo, el gobierno electo ha sido muy poco cuidadoso sobre la supuesta imparcialidad que guardaría frente a la consulta. Su posición ha sido de abierta promoción a la opción de la cancelación de la obra, aunque en un video publicado a inicios de la semana pasada, el propio AMLO dejó abierta la posibilidad de que, de haber inversionistas dispuestos, la obra continuara su curso, pero totalmente concesionada a capitales privados. Esto último generó fuertes tensiones e irritación entre los propios partidarios de Morena, que podrían ser los primeros en valerse de la poca claridad sobre el método que se seguiría en la consulta, para demostrar los riesgos que implicaría una práctica desregulada como esta.
¿De qué hablamos? De que amplios sectores de Morena —que es un partido eminentemente heterogéneo, por la suma de fuerzas que se adhirieron a la causa electoral del tabasqueño— se sintieron agraviados por la posibilidad planteada por Andrés Manuel, sobre concesionar totalmente la obra. Al interior de esos grupos —los más radicales—, se recordó que AMLO había prometido no una consulta, sino la cancelación de la obra. Con ello han coincidido grupos como los de Atenco, que dicen que independientemente del resultado de la consulta, para ellos es una decisión tomada e inamovible, que irán por la cancelación definitiva de la obra aeroportuaria.
Si no existe un método creíble y verificable; si la consulta la realiza una organización civil carente de legitimidad y confiabilidad; si los resultados son vinculantes únicamente por la voluntad de quien la impulsa, ¿cómo podrían defenderse ellos mismos de un ‘cuchareo’ impulsado desde casa? Ese es el problema relacionado con el NAIM: que hoy, grupos afines a Morena están dispuestos a ‘incidir’ en el resultado de la consulta, a través de los métodos tradicionales del mapachaje electoral.
¿Por qué harían esto? Primero porque muchos quieren ver cumplido el deseo de la cancelación de la obra del NAIM al precio que sea; pero sobre todo, lo harán porque no sería difícil hacerlo: si la consulta carece de método, instituciones y reglamentación, y si se hace como si fuera parte de una kermesse, y no una decisión trascendente, entonces por su propia inestabilidad, cualquier forma de influir sería posible y fácilmente realizable.
REVOCACIÓN DE NADA
Algo más o menos similar ocurrirá, si AMLO impulsa una especie de plebiscito para saber si es del ánimo mayoritario que él continúe o no en el cargo de Presidente. Según sus dichos, en la elección intermedia se entregaría una ‘tarjeta’ en la que los ciudadanos podrían opinar sobre si al Presidente se le debe convalidar o si se le debe revocar el mandato. Esto entraña dos problemas: el primero, que constitucionalmente no existe la revocación del cargo de Presidente; y segundo, que si se hace a través de una ‘tarjeta’ y no de un mecanismo electoral dotado de certidumbre, método y reglamentación, entonces el resultado generará un profundo grado de incertidumbre.
Este no es un problema menor. En el ámbito federal, la revocación de mandato no está contemplada en la Constitución, y por ende tampoco existe una reglamentación respecto a cómo debe realizarse, cuáles son sus alcances y qué reglas deben cumplirse para su procedencia. Siendo así, de nuevo el Presidente se sometería voluntariamente o a una consulta sin método sobre la que él mismo podría influir, pero también —y sobre todo— la estabilidad del cargo de Presidente quedaría sujeta a las destrezas de manipulación electoral de sus no pocos adversarios políticos.
En el fondo, queda claro que en el mediano plazo esto podría significar una especie de efecto boomerang, ya que el Presidente López Obrador podría no ser siempre igual de aceptado y legitimado que ahora; y por ende, su llamado —poco responsable y demasiado abierto y abstracto— a las preguntas plebiscitarias ajenas al marco constitucional, podría poner en un serio problema de incertidumbre política no a su persona, sino a la institución presidencial que se supone que tendrá que subsistir —y fortalecerse— independientemente de quién sea el Presidente y cuál sea el tiempo para el que éste habría sido electo.
LA CONSTITUCIÓN, HOY Y MAÑANA
El otro camino posible es que AMLO y sus amplias mayorías, reformen la Constitución. Sería lo más saludable constitucionalmente hablando, aunque quién sabe si eso no termine ubicando a Andrés Manuel mucho más cerca de sus adversarios políticos, que de su feligresía. Hoy, Morena sí puede reformar la Constitución. El problema es que ellos mismos desdeñan la vía constitucional, que dentro de no mucho tiempo habrán de necesitar.
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