* ¿También correrá sangre en la UABJO por el lavado de dinero al igual que en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo empezó a correr sangre con la probable ejecución del hijo del ex rector Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad?
* Urge que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, investigue las cuentas de la UABJO, de su Fundación y de la empresa Taxx Answers S.A de C.V., en la que participan Jorge Castillo y el ex rector Eduardo Martínez Helmes
La destrucción de las universidades públicas en México por el populismo echeverrista, salvo cada vez menos honrosas excepciones, las entregó a la guerrilla, al porrismo y al narcomenudismo.
Devastación de la que es claro ejemplo a nivel nacional la otrora gloriosa Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), merced a la complicidad y utilización de los gobiernos en turno.
Caja de resonancia política de intereses mezquinos, es saqueada para financiar campañas político-electorales y enriquecer a las mafias familiares de los rectores y de los dirigentes de los sindicatos.
El colmo de la anarquía legalizada va desde la aberración jurídica de la existencia del Sindicato de Trabajadores de Confianza (SECUABJO) hasta el lavado de dinero, a través del evasor outsourcing.
Con la complicidad de la coalición PAN-PRD-PT-Convergencia, Unidos por la Paz y el Progreso, el grupo político de Diódoro Carrasco desplazó del Gobierno de Oaxaca al PRI con Gabino Cué.
Al mismo tiempo, a través del “vicegobernador” Jorge Castillo, se apoderó de los multimillonarios negocios en la UABJO, mediante el manejo de la nómina con el esquema de evasión outsourcing.
Antes de la dispersión del dinero montaron la triangulación de empresas, a través de Taxx Answers S.A de C.V., supuesta propiedad de Elios Vásquez Zárate, cuñado del ex rector, Eduardo Martínez Helmes.
Según logramos establecer, Taxx Answers S.A de C.V., tiene registrado su domicilio fiscal en el número 16 de la calle Eliseo Jiménez Ruiz, en el municipio de San Lorenzo Cacaotepec, Etla.
Reportes de inteligencia revelan que el administrador de esa empresa es el Doctor en Ciencias Fiscales Arturo Pérez Aquino arturo.perez@mrci.com.mxalto ejecutivo en el corporativo MRCI.
En MRCI Servicios Integrales el D.C.F. Arturo Pérez Aquino es responsable del Manejo de Recursos y Controles Inteligentes, en Calzada San Felipe del Agua No. 302, Fracc. Presa, teléfono 55 36 03 41 23.
A partir de abril de 2018, irónicamente Arturo Pérez Aquino, integra con Guilebaldo Cruz Cortés y Raúl Ángel Hernández Chávez la Comisión de “Transparencia y rendición de cuentas” del Consejo Universitario.
El esquema de evasión fiscal outsourcing que manejan en la UABJO Jorge Enrique Castillo Díaz y el ex rector Eduardo Martínez Helmes es equiparable al agravado delito de lavado de dinero.
Por tal motivo, urge que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, investigue las cuentas de la UABJO y de la empresa Taxx Answers S.A de C.V.
La UIF debe ampliar sus investigaciones de lavado de dinero a la Fundación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, creada por el fiscalista Francisco Martínez Neri, durante su rectorado.
En el fondo del desplome del nivel académico-docente de excelencia subyace la escandalosa corrupción, sin llenadera alguna. Las cotas históricas son rotas por los rectores en cada sexenio.
Así lo confirmó el escándalo de La Estafa Maestra que involucra a ocho universidades en la triangulación de 7 mil 670 millones de pesos del Gobierno federal vía Sedesol, Banobras y Pemex.
El dinero fue entregado a 186 empresas, pero 128 no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para proporcionar los servicios contratados.
El gobierno no entregó los contratos directamente a las empresas, varias de las cuales no existen, sino que primero los dio a ocho universidades públicas y éstas lo dieron después a las empresas.
Sólo por triangular los recursos, las ocho universidades públicas cobraron mil millones de pesos de “comisión”, a través de 11 dependencias, aunque no hayan prestado ningún servicio.
Los responsables son la Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo, y Petróleos Mexicanos en la gestión de Emilio Lozoya.
Creíamos que habíamos visto todo en la corrupción, pero recientemente surgió el escándalo por presunto lavado de dinero en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
El 22 de febrero llegó a la Unidad de Inteligencia Financiera un reporte del sistema financiero que alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias de esa universidad.
El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países de la Unión Europea: Suiza, España, Reino Unido, entre otros.
Lo recibido por la UAEH alcanzó alrededor de 150 millones de dólares, que provenían de cuentas bancarias ubicadas en Suiza. La UIF determinó bloquear las cuentas bancarias de la universidad.
La UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
Como es lógico y natural, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, negó que esta institución haya incurrido en operaciones internacionales de lavado de dinero, pese a admitir que existe una cuenta bancaria congelada,
Sin revelar los montos financieros de que dispone la institución -pues argumentó que el manejo de las cuentas lo realiza el Patronato Universitario que preside el exrector Gerardo Sosa Castelán- Pontigo Loyola señaló que el presupuesto de la institución oscila en los 2 mil 500 millones de pesos.
Entretanto, el recurso señalado como probablemente ilegal por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es de alrededor de 3 mil millones de pesos.
Obligado es preguntar si al igual que en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) empezó a correr sangre con la probable ejecución del hijo del el ex rector Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad, también correrá sangre en la UABJO por el lavado de dinero.
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