La decisión del Presidente de la República para actuar contra la corrupción en Pemex es inobjetable como necesaria.
Decisiones que no fueron aplicadas a fondo en los gobiernos de los presidentes de la República, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, porque no quisieron o no pudieron enfrentar los riesgos políticos, económicos y sociales, que la lucha contra los intereses ocultos de la corrupción implicaría.
Riesgos que obligarían a los presidentes a romper antiguas alianzas políticas; a la aplicación de penas corporales contra funcionarios de alto nivel; a reconocer la complicidad por tolerar o aparentar ignorancia sobre la perforación de ductos que se cometían a lo largo y ancho del país bajo la asesoría y dirección de personal técnico de Pemex empleando tecnología de la Paraestatal para ubicar y señalar los lugares precisos para hacer las perforaciones clandestinas.
Transcurrieron 20 años de robos, de complicidades, de ordeña energética, de vilezas tales, las cuales convirtieron al país en uno de los más corruptos del mundo.
La tolerancia y las complicidades gubernamentales permitieron que los presidentes de los 3 sexenios anteriores y sus respectivos gobiernos no fueran alcanzados por la ley; nada les sucedió; nadie fue a la cárcel porque las leyes a modo lo impiden, pues hasta ahora, el robo de energéticos no es calificado como delito grave, toda vez que dicha ley huachicolfue aprobada por legisladores corruptos, a fin de blindar el robo de energéticos.
Hubo que ganar el poder un Quijote, que decidió a luchar contra “Los molinos de viento”, para cortar los tentáculos del pulpo que chupó y chupó a la Paraestatal año tras año, sexenio tras sexenio, sin que nadie lo impidiera al estar todos implicados.
Seguir tolerando un sistema de corrupción, que durante 20 años sangró las finanzas de la Paraestatal, sería tanto como ser cómplice de las mafias enquistadas en los tres gobiernos anteriores. Mafias integradas por trabajadores sindicalizados, por funcionarios de Pemex, cárteles del crimen organizado que atracaban sin riesgo y bajo la protección y complicidad gubernamental como fue el caso del General brigadier, Eduardo León, subdirector de Salvaguardia Estratégica en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Eduardo León, contaba con la confianza presidencial para que protegiera las instalaciones energéticas; los bienes y valores de Pemex, pero el General no cumplió con lo encomendado ¿o lo hizo?
Frente a una realidad difícil de creer, como es el robo diario de 800 pipas de gasolina; el gobierno federal decidió enfrentar el reto y correr los riesgos que la decisión implica. Sin embargo, la realidad que hoy se padece en 10 estados del país, incluyendo Ciudad de México, rebasó los limites de la prudencia, la tolerancia y la comprensión de poblaciones que ahora están siendo afectadas seriamente debido a una logística gubernamental equivocada para realizar la distribución adecuada y puntual de los energéticos en las estaciones de servicio.
Está claro que el gobierno federal no calculó con precisión los daños colaterales como el abasto a las estaciones de venta; la distribución y los tiempos de descargas por tierra; el suficiente transporte terrestre para abastecer las estaciones de venta; la violencia desatada por los consumidores por las irregularidades que se han producido en las gasolineras; los sabotajes contra los ductos como respuesta de las mafias contra las decisiones presidenciales; la incapacidad policiaca para mantener el orden en las estaciones de venta; la incapacidad de la autoridad en Ciudad de México para impedir la reventa de gasolinas por los vivales que aprovechan el desabasto para revender gasolinas; la falta de espacio de almacenamiento en los depósitos portuarios para descargar los energéticos que permanecen a bordo de 14 barcos anclados en puertos mexicanos tanque procedentes de Estados Unidos.
¿Que va a suceder? No lo sabemos, porque tampoco se previeron los tiempos para superar las consecuencias. Nadie sabe, tampoco el Presidente que prefiere no adelantar vísperas, pero que nos dice, “No hay desabasto, pero si hay desabasto”.
La información objetiva, clara, que permita prevenir mayores afectaciones no la hay, lo que esta transformando una decisión presidencial atinada en una angustia social que dura ya 11 días.
@luis_murat
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