Nadamás esto nos faltaba. Que ante la incapacidad de estructurar una seguridad institucional, la que es seguridad pública según se dice, las comunidades tuvieran que hacer acopio de gente para defenderse de las agresiones de pandillas organizadas que asolan rancherías, pueblos, municipios… Y que estos grupos de defensa estuvieran compuestos por adultos, hombres y mujeres, pero también niños que van de los 12 a los 15 años… eso es: niños apenas…
Niños que en otras circunstancias deberían estar en la escuela aprendiendo la construcción de mundos de lo justo; aprendiendo a que el ser humano tiene recursos legales para defenderse y para erigir un mundo en armonía, en paz y de trabajo productivo en unión social y familiar…
Niños que sepan que hay mundos distintos al que construyeron para ellos y que en esos mundos se puede convivir y luchar sin armas y sí con esfuerzo, con dedicación, con conocimiento y con la mirada puesta en un universo más amplio y ancho… Y todo esto porque hay un gobierno que hace su trabajo, y que al mismo tiempo que es emanado de su voluntad es, asimismo, el responsable de su seguridad, de su integridad física y patrimonial y que ese gobierno está ahí para fortalecer la unidad pacífica y de trabajo y no para medrar, corromperse y ser al mismo tiempo juez y parte…
Durante años, meses, días los pobladores de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera, en el estado de Guerrero, han pedido ayuda. Han seguido la regla de gobierno y los protocolos que marcan tiempos y ritmos de ayuda: pero esa ayuda no llega y sí el abandono y el silencio cómplice.
Por ejemplo: El viernes 17 de enero fueron asesinados diez músicos en la comunidad de Mexcalcingo, Guerrero. Pertenecían al grupo “Sensación” y habían ido a tocar a un evento en la comunidad de Tlayelpa. A su regreso, en la carretera que va de José Joaquín Herrera a Chilapa, fueron emboscados por un grupo criminal quienes los agredieron con armas punzocortantes, luego subidos de nuevo a las dos camionetas de redilas y quemados. Cinco de ellos ya fueron enterrados, otros cinco no pueden ser identificados aun.
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) dicen que solicitaron ayuda del Ejército y de la Guardia Nacional. Nadie acudió en su auxilio. Pero luego, la autoridad estatal acusó de la masacre a seis miembros del grupo de delincuentes “Los Ardillos” que tiene asolada a la región y que desde hace cuatro años tiene una confrontación directa con la CRAC.
Así que el coordinador de la CRAC, Bernardino Sánchez Luna, decidió organizar a integrantes de la comunidad, hombres, mujeres y niños, para adiestrarse en el uso de armas. Dijo que esto es así porque ni el Ejército ni la Guardia Nacional ni la Policía Estatal han detenido los ataques de “Los Ardillos” y que los niños “no harán funciones de policías comunitarios”, pero que sí deberán aprender a defenderse.
Como quiera que sea la imagen en la que se ve desfilar a los pequeños que apenas levantan un palmo de estatura y que apenas se miden con el arma, cubiertos los rostros y cuya vestimenta evidencia pobreza extrema, ha recorrido el mundo. Y ese recorrido responde con indignación y reproche al gobierno mexicano…
¿Cómo es posible esto? ¿Qué es lo que pasa en México que se ha llegado a estos extremos? ¿Por qué se utiliza a niños de esta edad para integrar un ejército?
La avalancha de reproches no se dejó esperar. Y fue el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien increpó a los adultos por entregar armas a los niños…:
“Es lamentable que adultos irresponsables armen a jóvenes que no tienen en el mejor de los casos ninguna posibilidad de defenderse adecuadamente. Se generalizaron las Policías comunitarias. Pero no todas ellas tienen un origen legítimo ni un propósito legítimo, consecuentemente como Gobierno tenemos la obligación de revisar el funcionamiento de esas organizaciones y respetar aquellas que son producto nato de usos y costumbres” dijo.
Sí, pero hasta cuándo, porque lo que se sabe es que desde Chilapa se ha pedido auxilio al gobierno federal y al estatal y no ha habido respuesta. Es hasta ahora, cuando el agua llega a los aparejos que se decide calificar o descalificar la existencia de policías comunitarias de defensa…
Pero sobre todo, es responsabilidad de gobierno estatal y del federal que estos niños vivan esta situación; que tengan que ser reclutados y armados. Ellos, muy probablemente lo hacen con toda su voluntad y en razón a lo que ocurre en su entorno y en sus vidas familiares y particulares, pero ni es la edad ni es la solución y sí el riesgo para ellos, para su futuro aún incierto.
El gobierno federal prometió que con la puesta en marcha de la Guardia Nacional y con apoyo del Ejército, la Marina y las policías estatales y municipales el estado de violencia criminal en el país sería disminuido de forma drástica. No ha sido así y sí, por el contrario, el año pasado fue, según se ha informado, uno de los años más violentos en la historia de México con 35,600 homicidios dolosos en todo el país, además de los no dolosos.
Sí, es una tragedia que los niños de 12 a 15 años estén armados y dispuestos a su defensa. Si es verdaderamente lamentable que los pequeños vivan la tragedia cotidiana de la violencia, el agravio y la turbulencia social; pero es peor que el gobierno se deshaga de su gran parte de responsabilidad acusando a otros de lo que debiera ser su tarea y la solución. Es el estilo hoy.
Por lo pronto hay que rescatar a estos niños. Urge.
