La amenaza del presidente Donald Trump de caracterizar a los cárteles mexicanos del narco –se supone que todos– como terroristas tendría un efecto adverso dentro del territorio estadunidense que sólo se pudiera prever como un infierno violento y criminal.
Si los principales cárteles mexicanos devienen en terroristas, entonces la cacería de sus estructuras tendría que sentirse al interior de los EE. UU. donde las organizaciones mexicanas controlan el mercado de venta al menudeo de droga. Por que ello querría decir las secciones estadunidenses de los cárteles mexicanos también serían abatidos.
El efecto sería desastroso: la interrupción del flujo de droga en las comunidades adictas –10% oficial, hasta 30% no permanente– que verían suspendido su abasto. Y en los EE. UU. se tiene probado que el aumento en los precios de las drogas en las calles o su disminución en la disponibilidad en el mercado callejero deriva en incremento de la delincuencia: drogadictos comienzan a asaltar y asesinar a personas de la tercera edad y familias para conseguir dinero, suben robos a tiendas y gasolineras y transeúntes para cubrir precios de las drogas y desde luego los motines de adictos exigiendo sus dosis para permanecer en la tranquilidad.
En este sentido, a lo mejor sería bueno alentar a los EE. UU. a declarar terroristas a cárteles de la droga porque con ello aumentaría la decisión mexicana de combatir siembra, flujo y contrabando de drogas y con ello habría un desbasto dentro de los EE. UU. Eso sí, esta estrategia necesitaría de una gran operación social-policiaca-militar en México para impedir que la droga que no vaya a los EE. UU. se quede en México como consumo.
De todos modos, el procedimiento legal para llegar al punto de la declaración de terroristas a cárteles tendría que pasar por un complejo camino legal que contaron el embajador en la ONU Juan Ramón de la Fuente y el investigador Pablo Arrocha (https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon-de-la-fuente/narcotrafico-no-es-terrorismo), contando además con la intervención del Congreso.
Y la parte más grave del asunto estaría en la decisión de la Casa Blanca de movilizartropas a México para perseguir cárteles, pero sin contar con el permiso mexicano, lo que llevaría a una situación simple de invasión extranjera que debiera estar precedida de una declaración formal de guerra.
La diplomacia mexicana ha estado por debajo de las necesidades estratégicas del Estado y no ha sabido construir un discurso integral –con excepción del texto de De la Fuente– y menos ha sabido elaborar una narrativa circunstancial para desactivar preocupaciones. El sólo hecho de que el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón haya abierto conversaciones directas con la Casa Blanca ha sido interpretado por la sociedad como una forma de darle veracidad a las amenazas de Trump, pero sin pasar por las explicaciones de que es imposible en las relaciones bilaterales.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado tienen todo el derecho de caracterizar a los cárteles mexicanos como terroristas, pero sería sólo una decisión retórica y de ciertos castigos procedimentales en materia de relaciones diplomáticas. Durante años las FARC de Colombia fueron calificadas de terroristas y nunca hubo decisión alguna de los EE. UU. para invadir Colombia y sus relaciones militares por narcotráfico se basaron en acuerdos formales y no en una invasión militar masiva.
La amenaza de Trump pudiera resumirse en la intención de reanudar el modelo de colaboración a la colombiana que firmó el presidente Calderón el 30 de junio del 2008 con el presidente Bush Jr. y extendida por el presidente Obama y conocida como Iniciativa Mérida, diseñada para ofrecer cooperación con aumento de asesores estadunidenses militares y de inteligencia y la entrega de equipamiento en desuso. Buena parte del aumento del crimen organizado en México fue producto del fracaso de esa Iniciativa. Este acuerdo estuvo en medio de la ofensiva integral de todas las fuerzas de seguridad contra cárteles en diciembre de 2006 y el Acuerdo integral de seguridad con todas las fuerzas sociales y policías del Estado firmado en agosto de 2008 como consecuencia del secuestro y asesinato de Fernando Martí.
En todo caso, la estrategia del gobierno de Trump radica en reactivar la Iniciativa Mérida y la guerra contra los cárteles en México, aunque su problema mayor es –de acuerdo con documentos de la DEA– la presencia de delegaciones de esos cárteles mexicanos en las principales ciudades de los EE. UU. Es decir, que el problema de la droga en los EE. UU. es interno, aunque usan lo externo como maniobra de distracción.
Política para dummies: La política es la capacidad de argumentación sostenible en la realidad para encarar agresiones.
