Cuando Fernando Gutiérrez Barrios salió electogobernador de Veracruz a mediados de 1986, dedicó sus 150 días de espera para la toma de posesión a revisardos temas vitales: recursos presupuestalespara arrancar con obras y, por su formación en el área de seguridad del Estado, un mapaestratégico de la delincuencia en el estado.
La masacre de Minatitlán fue malenfocada: la prioridad nodebió radicar en darle un espaldarazoa la incompetencia y negligencia del gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez, sino que todos se quedaron a la esperade una estrategia de emergencia para capturar y castigar a los responsables, presuntamente miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El actual gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, tuvo casi 300 días para tener un panorama estratégicode su entidad: cinco meses de interregnoentre la victoria y la toma de posesión y cuatro meses y 19 días como titular del poder ejecutivo estatal-jefe político del estado y por tanto responsabledel tema de la seguridad local.
La masacre de Minatitlán puede entenderse como productodel neoliberalismo 1983-2019 y como consecuencia de la corrupción de autoridades estatales con el crimen organizado, pero el tema de la inseguridady los cártelesestaba en la prioridad número uno de la elección federal y local. Y luego de 300 días de pasividad estatal, el presidente de la república pidió un plazo adicionalde 180 días o seis meses para retomarel control de la seguida estatal.
Las declaraciones del gobernador y del presidente dejan ver que los dos carecende un entendimiento del problema de la inseguridad y sus reacciones son institucionales. Para resolver Minatitlán no se necesitan tantos días: un operativo inmediatode inteligencia y acción policiaca y de seguridad interior podría dar resultados en menosde una semana: ya tienen identificados a los presuntos responsables, deben saber ya quiénesson los cómplices corruptos de los cártelesen las estructuras de gobierno y labores de inteligencia militar y naval deben tener detectados sus nidosde operación.
Las políticas y estrategias de seguridad pública-interior-nacional son actosde poder y más cuando las actividades criminales de las organizaciones delincuenciales buscan asentarsu poder territorial e institucional en zonas expropiadas a la soberanía territorial del Estado. Acusar al neoliberalismo y a la corrupción como los villanosfavoritos –los derechos de autor de esta caracterización de Carlos Salinas de Gortari– es decir todo y nada.
Los primeros actos del gobernador García Jiménez debieron enfocarse al tema de la inseguridad. Amenazar hoy con programas sociales y partidas de la Guardia Nacional novan a resolver el crimen de Minatitlán ni resolverán el problema de inseguridad en el estado: inhibiránun rato, si acaso la Guardia patrulla todo el Estado.
La estrategia de seguridad pública del nuevo gobierno federal carecede un sistema de inteligencia que localice organizaciones delincuenciales, movimientos estratégicos territoriales, luchas generales y particulares por plaza y, sobre todo, las redesde corrupción con autoridades municipales-estatales-federales. En Minatitlán el Cártel Jalisco Nueva Generaciónno puede existir sinla complicidad oficial. Y, de querer, en una semanapodrían darse las destituciones y enjuiciamientos de los cómplicesconocidos de ese grupo criminal.
La estrategia de seguridad del gobierno federal necesita un replanteamiento. A dos años del anuncio informal de una nueva Secretaría de Seguridad pública, a diez meses de la victoria electoral, a casi ocho meses del inicio de la mayoría morenista en el congreso y a cuatro y medio meses del inicio formal de la administración, el corte de caja de la estrategia de seguridad arroja saldos negativosen cifras criminales.
Pero lo importante noson las cifras. Lo que debe centrar la atención sería la integralidadde la estrategia, su profundidad y sobre todo su objetivo de desmantelara las organizaciones criminales. La Guardia y los programas sociales buscarían un replieguede los cárteles, no su desarticulación ni la prohibición para operar en zonas-reservación.
La prioridad en Veracruz no debe ser el sostenimientodel gobernador García Jiménez en el poder a pesar de su clara incompetenciacomo jefe político de un territorio del Estado nacional, sino derrotar al CJNGen Veracruz porque ya contaminóa Tabasco y Oaxaca y se enfila a la Península de Yucatán.
Minatitlán debe potenciarla acción del Estado contra las estructuras de poder político y social de la delincuencia organizada, aunque el caso de los huachicolerosha revelado que el Estado carecede fondos suficientes para rescatar la pobreza a amplias extensionessocial que encontraron en la delincuencia los ingresos indispensables.
La seguridad debe precederlo social.
Política para dummies: La política es el arte perverso de la previsión, no la frivolidad del disfrute del poder.
