A la memoria de mi querida amiga Fátima
Ibarrola, pilar del periodismo radiofónico
La crisis provocada por la violenciaen un restaurante de la Plaza Artz de Ciudad de México reveló un vacíoinstitucional y legal en la parte oscurade la soberanía del Estado mexicano: la seguridad nacional, un tema que comenzó desde 1985 con los primeros cártelesy que los diferentes gobiernos eludieronpor miedos políticos.
La seguridad nacional ha sido una papacaliente para las élites gobernantes: el ciclo de militares y políticos (1917-1982) asumió la seguridad nacional como un asunto políticode supervivencia de la élite gobernante, como fue enfocado la agenda de las guerrillas; los tecnócratas neoliberales (1983-2018) la sacaronsin miramientos de los espacios de gobierno pese al desafío globalizador del neoliberalismo. Los dos la vieron como un tema de coerción interna y nocomo un instrumento de ejercicio defensa de la soberanía.
La seguridad nacional se ha movido en dos vertientes: la soberaníadel Estado como eje de la sobrevivencia de la república y la seguridad interiorcomo la estabilidad social del desarrollo; la primera atiende las amenazas externasy la segunda enfatiza la existencia de amenazas internas, ambas con expresiones de violencia, disputa por el poder y actividades delincuencialesque afectan al ciudadano.
Paradójicamente, todos los gobiernos posrevolucionarios populistas y tecnocráticos negaronel uso de las técnicas estadunidenses de la seguridad nacional, pero las aplicaronsin escrúpulos contra grupos disidentes. La justificaciónha servido a los populistas tecnócratas y ahora neopopulistas: la aplicación del inciso a, fracción II del artículo 3º Constitucional que coloca el bienestarpor encima de la democracia, argumento que se reproduce como centralen la Ley de Seguridad Nacional del 2005 en su fracción IV del artículo 3: “la preservación de la democracia, fundadaen el desarrollo económico, social y político del país y de sus habitantes”.
La gran crisis de la viabilidad republicana hoy en día radica en que el gobierno nootorga democracia plena, pero tampocopuede garantizar el bienestar y el desarrollo. Y lo grave es que a las carencias presupuestales y de modelo de desarrollo del Estado se agrega la perdidade la soberanía política y económica del Estado sobre zonas territoriales de la república porque grupos delincuenciales han expropiadopartes de la soberanía del Estado.
Sobre estas circunstancias se asume la necesidad de una modernizacióninstitucional del Estado y del gobierno en materia de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública a través de un nuevo marcojurídico legal. Hasta ahora el gobierno lopezobradorista ha modificado el centro de inteligencia y ha anunciado un sistema nacionalde inteligencia sumando a instituciones y personal de estados y municipios.
Sin embargo, hace falta una nueva estructuralegal complementaria. Y, cuando menos, tresinstancias:
1.- Una ley de seguridad interior, toda vez que se necesitan elementos para combatir a la delincuencia en zonas del Estado cooptadas por el crimen organizado y sus complicidades institucionales y para dotar a las fuerzas armadas de argumentacioneslegales para su participación en apoyo a la seguridad nacional en situación de crisisde seguridad interior.
2.- Una ley de inteligenciapara hacer reglamentaria la Ley de Seguridad Nacional en su parte referida a “la información y la inteligencia”, título tercero, capítulo I, artículos 29 a 32, sobre todo la parte del 31 que dice que las instancias de producción de inteligencia “gozarán de autonomíatécnica y podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información”.
3.- Y la restauracióndel Consejo de Seguridad Nacional para coordinar las acciones que tengan que ver con la seguridad nacional e interior, es decir, que pongan en peligro la existencia del Estado y la estabilidad de la sociedad. Este Consejo ya existía, pero fue desaparecidoy sus funciones fueron fragmentadasen distintas dependencias. La definición, desarrollo y aplicación de las doctrinas de seguridad nacional y seguridad interior requieren de un espacio centralde toma de decisiones y de identificaciónde amenazas. Antes las hacía el CISEN y se supone que ahora el CNI, pero singenerar políticas de Estado ni involucrar a dependencias de alteo rango. La característica transnacionaldel crimen organizado –como se vio en Plaza Artz– requiere de un espacioadecuado para su procesamiento.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 anuncia un Sistema Nacional de Inteligencia–incumplido por Peña Nieto en 2014– que debiera por fuerza legal operar dentrodel marco jurídico que asuma la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Seguridad Nacional y el Consejo Nacional de Seguridad. Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana y el CNI han tijereteadola seguridad nacional, la inteligencia y la seguridad interior.
Si esas leyes nuncase derrotarán a los cártelestransnacionales que le siguen quitandopedazos de soberanía al Estado.
Política para dummies: La política se sostiene por los hilos invisibles de la inteligencia y la seguridad nacional.
