La decisión presidencial de incorporar a la Guardia Nacional al espacio administrativo y de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional puso nerviosas a algunas bandas delictivas articuladas a los cárteles del crimen organizado y del narcotráfico.
Si se revisan con frialdad los sucesos violentos de la última semana, habrá algunos indicios de la guerra del Cártel Jalisco Nueva Generación contra el Cártel de Sinaloa, pero los incendios de comercios tuvieron la motivación de una advertencia de los grupos dedicados al cobro de extorsiones y venta de protección.
Y en el caso de los dos grandes cárteles en pie de guerra, todos los indicios señalan también movimientos reactivos y no alguna decisión para abrir una temporada de violencia para mantener sus espacios de poder.
La violencia tuvo un escenario estratégico muy claro: la decisión operativa y de hechos consumados de incorporar a la Guardia Nacional al espacio de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional y de mantener por decisión presidencial la actividad de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Seguridad Pública.
Este último dato lleva implícito un escenario muy claro en la estrategia de seguridad pública del Estado: asumir, para quien quiera entenderlo así y tenga la capacidad de razonamiento de las argumentaciones, la seguridad interior como política de Estado, es decir preparar a la Guardia y a las Fuerzas Armadas para recuperar los espacios territoriales capturados por el crimen organizado a costa de reducir la autoridad política del Estado en algunas partes del territorio nacional, sin permitir que las bandas criminales operen como sucedáneos de la autoridad gubernamental.
Hasta ahora, los cárteles y bandas criminales estaban acostumbrándose a operar sin choques directos con la Guardia Nacional en tanto agrupación civil que tendría que cumplimentar una serie de requisitos para el uso de la fuerza; sin embargo, ahora el modelo de seguridad interior utiliza otros parámetros para el ejercicio de la fuerza. Y aunque no se perciben instrucciones para lanzar ya a la Guardia Nacional-Sedena contra los grandes criminales, sí podría entenderse o suponerse que este cuerpo de seguridad pública tendría ya mayor capacidad de respuesta y de investigación de inteligencia para combatir al crimen organizado/desorganizado.
El despliegue adicional de fuerzas de seguridad de la GN en las zonas de Ciudad Juárez, Tijuana, Guadalajara y la zona del bajío se dio ya en el escenario de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, con el dato simbólico de que esa articulación de las tres seguridades –pública, interior y nacional– será presentada en público el próximo 16 de septiembre cuando la Guardia Nacional se convierta en la columna principal del desfile militar que antes era de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Las acciones de violencia criminal de la última semana contribuyeron, en esos escenarios mediáticos de impacto negativo, a advertir a la sociedad la dimensión de la violencia criminal de organizaciones que habrían derrotado a las anteriores policías federales y se estarían posicionando de espacios productivos y sociales que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. Es decir, que las bandas dedicadas a las extorsiones y cobro de derecho de piso serán convertidas ya en adversarias de la Guardia Nacional-Secretaría de la Defensa Nacional y que podrían estarse preparando acciones de seguridad en contra de estos grupos delictivos que abusaron de la paciencia gubernamental.
Si se revisa bien la argumentación, el modelo gubernamental de construcción de la paz –que se resumió en la frase de “abrazos, no balazos”– estaba dirigida solo a los cárteles del narcotráfico y no a las bandas de delincuentes del fuero común que comenzaron a atacar a los ciudadanos en particular y a sus negocios. Los delincuentes de fuero común se encontrarán ahora no con una policía más, sino con una estructura de seguridad interior articulada a las Fuerzas Armadas y por lo tanto con un mayor mensaje de advertencia contra los delincuentes.
En la lógica y la dinámica de la seguridad, la incorporación formal de la Guardia Nacional a la Sedena marca una nueva etapa en la estrategia de defensa de la sociedad ante las diferentes formas del crimen organizado/desorganizado, comenzando con algunas decisiones dirigidas contra los grupos que aprovechan el padrinazgo o el nombre de los grandes cárteles para extorsionar a los ciudadanos con cobro de cuotas permanentes que son una especie de impuesto ilegal a la ciudadanía.
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