La iniciativa reforma político-electoral presentada por el presidente López Obrador en Palacio Nacional a través del exlíder comunista y experto electoral Pablo Gómez Alvarez nada tiene que ver con el sentimiento de persecución personal que tiene apanicado del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien llegó al cargo a través de un pactopolítico secreto con el presidente Enrique Peña Nieto.
No es gratuito que Córdova haya sido parte –como asesor– del primer Consejo Ciudadano del Instituto Federal Electoral que inventó el presidente Carlos Salinas en 1990 para darle una revolcada a la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett Díaz y seguir manteniendo el control gubernamental de los procesos electorales primero con el secretario de Gobernación como presidente del nuevo Instituto y después a través de consejeros presuntamente ciudadanos votados por los partidos políticos dominantes a través de un reparto de cuotas de poder.
Uno de los puntos más sensibles de la actual reforma del INE no tiene que ver con la salida de Córdova y de Ciro Murayama Rendón del Consejo General porque terminan su gestión legal a mediados del próximo año de 2023, sino que la actual estructura del Instituto está en manos del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, una posición impuesta de manera ilegal por Córdova adelantando su reelección para que seguir manteniendo y mangoneando al Instituto hasta el 2026 en que termina su periodo.
Por lo tanto, la reforma o reorganización del INE debe de pasar por la renovación de la estructura del Consejo General, las nuevas formas de selección de consejeros que nopasen por arreglos cupulares entre los partidos en el Congreso y que la nueva reorganización recupere para la institucionalidad el cargo estratégico de secretario ejecutivo como una posición que nada tenga que ver con ninguno de los consejeros o exconsejeros y menos con el próximo consejero o consejera presidente y tenga relaciones institucionales más estrictas con el Congreso.
El funcionamiento actual del IFE/INE encontró la posición oportunista del PRD descardenizado por el alejamiento del partido de Cuauhtémoc Cárdenas en el 2000 y la nueva burocracia chuchista que pactó con los presidentes de la República de Zedillo a Peña Nieto para obtener, inclusive, la presidencia del Consejo General del 2008 al 2014 a través de Leonardo Valdez Zurita y como premio al papel complaciente del PRD ante el fraudeelectoral del 2006 que avaló el consejero presidente Luis Carlos Ugalde, impuesto por la maestra Elba Esther Gordillo ya con un acuerdo político de poder con el PRI y el PAN.
La clave de la reforma política del presidente López Obrador tendría tres puntos fundamentales: la reorganización del Consejo General con consejeros votados en elección abierta y no como cuota de los partidos, básicamente el prianredé; desaparecer los diputados distritales y arribar a las listas; y reducir diputados y senadores que recibieron el beneficio de las plurinominales para privilegiar a los políticos que les daba flojera hacer campaña a ras de tierra y ante el pueblo.
El actual INE controlado por el cacicazgo de José Woldenberg –posicion de Salinas-Aguilar Camín en 1990– a través de su exasesor Córdova Vianello se quiere convertir en algo mucho más de una dependencia dedicada a organizar elecciones y contar votos y arribar a una especie de instituto garante de la democracia procedimental o una especie de venezolano-chavista Cuarto Poder equiparable al Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Todo el grupo político del IFE/INE lo controla Woldenberg y en el Instituto se ha construido toda una burocracia dorada con capacidad suficiente para defender privilegios salariales y prestaciones extraordinarias a costa del erario y llevar sus privilegios a los ministros de la Suprema Corte para impedir el funcionamiento de una ley de austeridad republicana.
La reducción del poder político del INE es la que está en disputa, toda vez que el Instituto que nació y se fortaleció con Salinas-Zedillo-Fox-Peña Nieto en estos momentos está jugando el papel de un partido político de la democracia procedimental, pero sobre todo un frente prianredé de lucha contra el populismo de López Obrador, violandoinclusive las reglas de la democracia que señalan el reconocimiento a la victoria de quien sume votos y que no se excluyan de manera autoritaria corrientes políticas por supuestos enfoques populistas o populares.
La iniciativa del presidente López Obrador puede liquidar el IFE/INE salinista.
Política para dummies: La política democrática puede derivar en democracia autoritaria.
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