Recién terminamos la materia Teoría de los Derechos Humanos en nuestra Maestría en Derecho Judicial.
E inmediatamente saliendo de clase sentí el imperativo de escribir estas líneas no sólo como testimonio sino a manera de reflexión sobre la importancia y la utilidad de esta Maestría en una doble vía.
Por un lado, como atinadamente nos lo dijo nuestro maestro Mario Álvarez Ledesma, esta Maestría representa para quienes la cursamos algo más que un posgrado directo a la vitrina; es un proyecto personal de vida. Y me explico.
Todas y todos quienes la estamos cursando somos juzgadores. Entregamos nuestra vida al servicio de la justicia. Es nuestro trabajo y es nuestra pasión.
El objetivo de esta maestría es hacernos mejores juzgadores con herramientas metodológicas, teóricas y epistémica de viejo y nuevo cuño y con habilidades que son vitales en nuestro trabajo.
Y en segundo orden, con esta maestría, la Universidad de Perugia y la Escuela Judicial de Oaxaca están sentando un valioso precedente en la actualización profesional de las y los juzgadores para innovar en la impartición de justicia. Innovar para bien.
Y es que en muchas áreas de la Judicatura y la magistratura las cosas se han venido haciendo de ciertos modos desde hace mucho tiempo.
Y ello se refleja principalmente en las sentencias que son el producto final de nuestra labor.
Se ha desarrollado una suerte de inercia, de esas que es muy difícil de romper.
El hecho de que las cosas se hayan venido haciendo de una forma, no quiere decir que se deban seguir haciendo así.
En 2011 el sistema jurídico mexicano cambió totalmente.
Lo hizo desde la Constitución. Y en cascada se reformaron varios otros ordenamientos en diferentes materias.
Este cambio de paradigma que tuvo su centro de gravedad en los derechos humanos afectó formalmente la labor de los juzgadores de todos los niveles en México.
Pero en la práctica la costumbre se impuso sobre la innovación en detrimento de la justicia.
Y hoy, muchos juzgadores siguen ciegos y sordos (con razones justificadas de sobra) al cambio.
Es obligación de los poderes judiciales alimentar y enriquecer la formación de sus jueces, mantenerlos motivados y actualizados; tenerlos en sintonía.
A fin de cuentas Oaxaca no es una isla judicial y estamos insertos en un sistema que nos obliga a racionalidad y congruencia.
Esta primera generación de esta maestría está aprendiendo a hacer control difuso de constitucionalidad y convencionalidad con la metodología apropiada para llevarla a la práctica en nuestras resoluciones.
Esto quiere decir, en términos muy generales, que de la mano de la argumentación jurídica estaremos en condiciones de aplicar las normas de derechos humanos más favorables a la persona independientemente de su fuente e inaplicar las menos favorables a la persona.
Lo que quiero dar a entender es que se trata de una Maestría con una utilidad y aplicación práctica innegable al servicio público y que, con cada nueva generación, va a impactar en la calidad de la impartición de justicia.
Generoso, como es, el pueblo oaxaqueño comparte esta posibilidad con juezas y jueces de otros estados que también la están cursando y que, sin duda, reproducirán esta vocación académicamente disruptiva en sus estados.
Por nuestra parte hemos decidido grupalmente comprometernos a lo que cursar esta maestría representa: mayores responsabilidades, mayores sacrificios, menos descanso y menos tiempo con la familia.
Mi reconocimiento y admiración a todas y todos mis compañeros que cada fin de semana puntualmente asisten a las clases con el entusiasmo, la seriedad y el compromiso del estudiante ávido de conocimientos que ingresa por primera vez a una escuela.
*Magistrado Presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
