Pocos recuerdan que el Instituto Nacional Electoral fue una condición externa al presidente Salinas de Gortari para avalar la globalización económica y para tratar de borrar el fraude de su elección presidencial. Pero la salida no significó una solución, sino el trasladado del control electoral del ejecutivo priísta al ejecutivo del partido que ganara las elecciones y la mayoría legislativa.
Ahora se presenta la gran oportunidad para crear un sistema electoral barato, funcional, eficiente y sin compromisos de poder. El asunto de los altos salarios y prestaciones a los funcionarios medios y altos del Instituto es apenas la punta del iceberg. El fondo radica en la creación de una casta burocrática como garantía de una democracia que al final de cuentas sólo se acredita con el voto y el conteo.
La reorganización del INE debe pasar por revisar nuevos mecanismos electorales, entre los que destacan cuando menos seis:
1.- Disolver el INE como está y crear un Centro Nacional de Elecciones, cuya función sea sólo instalar casillas, supervisar votos y contar sufragios.
2.- Disolver el costosísimo Consejo Electoral y dejar sólo a un director y jefes de área. Los partidos nada tienen que hacer en un organismo electoral.
3.- El sistema de quejas deberá pasar al Tribunal, con una nueva instancia de revisión de sentencias como oficina de control de impugnaciones.
4.- Desaparecer la credencial de elector y cumplir el compromiso del modelo de seguridad pública del gobierno actual de la cédula de identidad con uso electoral, como ocurre en muchos países.
5.- Desaparecer los INE locales y dejar sólo delegaciones con la misma figura del Centro Nacional de Elecciones.
6.- Quitarle al INE la distribución de dinero a los partidos y pasarlo al Tribunal que tiene facultades legales de sanciones.
La estructura del INE llegó a casi un cuarto poder electoral –similar al que existe, por ejemplo, en Venezuela– con facultades coercitivas ilegales que afectaban derechos constitucionales y sólo basados en reglamentos. En los hechos, la persecución de periodistas que violaba el derecho constitucional de opinión fue usado como venganzapersonal del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello contra críticos a su gestión, aunque el Tribunal siempre desechaba esas aberraciones legaloides.
Como la CNDH, también el INE fue un organismo que creció sin control y desvirtuó sus funciones. El consejero presidente se convirtió en un poder superior al de los partidos y tomaba decisiones por razones de gusto personal. Los demás consejeros fueron electos por cuotas de partido, lo que llegaba a decisiones que eran delineadas por los partidos y no por la capacidad profesional de los consejeros.
El costo del INE paga sólo la desconfianza en las instituciones que dejó el largo periodo de control electoral en la Secretaría de Gobernación hasta el fraude de julio de 1988. Sin embargo, la estructura del sistema político carece de instancias como para repetir otros fraudes. Y, peor aún, en sus 27 años el INE arrastra una serie de acusaciones graves de irregularidades electorales iguales o hasta peores que las que marcaron el lado oculto de la Comisión Federal Electoral y la caída del sistema de cómputo la noche del 6 de julio.
El formato de INE ya llegó a su fin y ahora se requiere fundar nuevas instituciones. La tarea electoral se debe ceñir a la realización de las elecciones y no a salvaguardar la democracia, como si el INE fuera un organismo superior a las instituciones que ponen en práctica y en riesgo la democracia. En muchos países democráticos la democracia tiene otras instituciones y no sólo la electoral.
El debate sobre el recorte presupuestal del INE afecta al gasto burocrático, el de sus funcionarios, y no al destinado a realización de elecciones. Ahí es donde se va a medir la funcionalidad del instituto: si el INE funciona igual con menos gasto operativo, entonces será la prueba de que el gigantismo burocrático ha obedecido a grupos de poder que a funcionalidad práctica.
La reforma electoral que acote el poder del INE no será una reforma de régimen, pero si una reorganización necesaria de organismos que crecieron por razones internas de grupos y funcionarios y no por necesidades de funcionalidad electoral.
Tomar la calle. Colombia y Uruguay se suman a las naciones donde las protestas sociales salen de manera violenta a las calles. Y se trata, hay que subrayarlo, de naciones con prácticas e instituciones democráticas consolidadas. Salvo en Bolivia sonde la protesta fue electoral, en las demás han sido reacciones a ajustes de precios con nefastos efectos sociales.
Política para dummies: La política es la función de garantizar la democracia, no para satisfacer grupos de interés.
