* Este es el caso concreto de Olga Hernández Ramírez, representante del INPI en Santa Catarina Juquila, quien aliada con el Síndico Procurador de ese municipio, Cándido Domínguez
Fidencio, incendian el emblemático municipio y santuario religioso.
* Nada de extraña la agitación de la funcionaria del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Juquila, en virtud que su director general, el oaxaqueño Adelfo Regino Montes, provoca “infiernitos” en la zona Mixe para luego aparecer como quien los resuelve.
La creciente descomposición económica, política y social, por la escandalosa corrupción, que pudre todas las actividades humanas en los sectores público, privado y social, tiene hoy en día su manifestación más clara en los municipios y sus agencias.
La causa fundamental es la desmedida ambición por apoderarse de los recursos del millonario presupuesto que reciben los municipios en general, pero de manera particular por la permanente disputa por las participaciones federales de los ramos 28 y 33.
La premisa que en política no hay casualidades, sino causalidades, cobra plena vigencia, toda vez que detrás de los conflictos municipales está presente la mano negra del senador Salomón Jara Cruz, así como de diputados federales y locales de Morena.
Funcionarios del Movimiento de Regeneración Nacional en el gobierno de la 4T, tienen metido el cuerpo, no sólo la mano, como ocurre especialmente con los funcionarios federales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), dirigido por Adelfo Regino Montes.
Este es el caso concreto de Olga Hernández Ramírez, representante del INPI en Santa Catarina Juquila, quien aliada con el Síndico Procurador de ese municipio, Cándido Domínguez
Fidencio, incendian el emblemático municipio y santuario religioso.
La funcionaria del INPI utiliza al agente municipal de San Marcos Zacatepec, Toribio Ramírez Canseco, para bloquear desde el pasado 17 de octubre la carretera que comunica a Santa Catarina Juquila con el vecino municipio de Río Grande afectando a la población.
Nada de extraña la agitación de la funcionaria del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Juquila, en virtud que su director general, el oaxaqueño Adelfo Regino Montes, provoca “infiernitos” en la zona Mixe para luego aparecer como quien los resuelve.
De nada ha servido que de manera más que insistente, el presidente municipal de Santa Catarina Juquila, Francisco Zárate Pacheco, ha probado con recibos en mano el pago de participaciones mensuales correspondientes al Ramo 28, de enero a julio 2021.
El alcalde juquileño ha informado a las autoridades locales y federales que ha cumplido con la entrega de las participaciones que le corresponden a esta agencia, de acuerdo a lo establecido por la ley de la materia hasta el pasado mes de julio.
“Hemos cumplido con las participaciones que le corresponden a la agencia de San Marcos Zacatepec. Se ha cumplido con la realización de obras priorizadas por la comunidad y damos seguimiento a las que están en proceso, correspondientes al Ramo 33”.
En documentos a los que tuvo acceso el columnista, Francisco Zárate Pacheco da a conocer que existe un retraso en la comprobación de los recursos por parte de la agencia municipal, siendo esta la razón por qué aún no entregan los meses consecuentes.
En refuerzo de sus palabras, el munícipe de Santa Catarina Juquila informa del contrato de donación de fecha 5 de agosto de 2021, con el que comprueba la entrega de una camioneta para la recolección de la basura de esa agencia municipal, correspondiente a los recursos del Fondo 4.
Para no seguir afectando más a los habitantes de la región chatina y, sobre todo, la economía de las familias con el prolongado bloqueo, el alcalde de Juquila demanda, con sobrada razón, el apoyo y colaboración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y de su gobierno.
Solicita que el secretario general de Gobierno, Francisco García López, llame a una mesa de diálogo al agente municipal de San Marcos Zacatepec, Toribio Ramírez Canseco, a su asesora del INPI Olga Hernández Ramírez, y al Síndico Procurador, Cándido Domínguez Fidencio.
El alcalde de Juquila, Francisco Zárate Pacheco, reitera su interés por saber cuáles son las peticiones que hacen los inconformes, ya que por su parte en reiteradas ocasiones ha tratado de entablar diálogo sin tener respuesta favorable.
Desde 2016, Olga Hernández Ramírez y su esposo Tirso Liberio Ventura Guzmán, autonombrados representantes de los chatinos, se han dedicado a agitar la zona chatina, a través de distintos movimientos que han afectado la estabilidad y la paz social de la zona chatina.
Su principal estrategia de presión política y chantaje económico son los bloqueos carreteros, como lo hicieron en 2016 en la agencia de San Marcos Zacatepec, también con el pretexto que no les eran entregadas sus participaciones, sin embargo, un juicio demostró lo contrario.
Olga estuvo involucrada en el bloqueo carretero de los pobladores de Santiago Yaitepec en 2019 con demandas legalmente improcedentes ante las autoridades de Bienes Comunales de Juquila, en donde su esposo Tirso Liberio Ventura Guzmán, fungía como asesor legal.
Este conflicto tuvo grandes repercusiones económicas y de paz social en la zona chatina. Para prolongar el conflicto, las autoridades de bienes comunales nunca se presentaban a las reuniones de trabajo, asesorados por Tirso Liberio Ventura Guzmán.
Este año 2021, Olga Hernández Ramírez y su esposo encabezaron la protesta contra la instalación del Banco Bienestar en Santa Catarina Juquila por causas desconocidas, por personas de origen chatino de escasos recursos, a quienes beneficiará el Banco Bienestar
Después interpusieron una demanda, cuyo asesor legal, una vez más era Tirso Liberio Ventura
Guzmán, esposo de Olga Hernández Ramírez; demanda que no procedió, ya que carecía de fundamento, sin embargo, como asesores cobraron caros sus servicios.
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