Las protestas callejeras violentas y las respuestas policiacas también violentas están ofreciendo el indicio de que algo anda mal en las estructuras de la democracia iberoamericana: con todo e irregularidades, los gobiernos confrontados llegaron al poder por la vía de la legitimación electoral.
El contenido de las protestas es de temas coyunturales: alzas de precios, con la excepción de Bolivia donde la crisis estalló por sospechosos conteos electorales que modificaron el saldo oficial final. En ambos casos, sin embargo, se acude a la instancia última de la protesta masiva en las calles, a veces sin transitar por mecanismos intermedios institucionales de la democracia.
Lo que importa destacar aquí no son las razones de las protestas, sino los mecanismos de la movilización. En alzas de precios e irregularidades electorales existen mecanismos e instancias para canalizarlas, dejando como fase final la protesta violenta en las calles. Todos los presidentes confrontados llegaron al poder por la vía de las instituciones democráticas, incluyendo las trampas de Nicolás Maduro en Venezuela.
Por lo tanto, la crisis de gobiernos, de sistemas políticos y de propuestas partidistas se presenta como la prueba más importante de la disfuncionalidad o limitación institucional del sistema de representación política parlamentaria o legislativa o partidista, es decir, los mecanismos de la intermediación política. Y ni qué decir del régimen autoritario de Cuba, donde las estructuras legislativas del “poder popular” están controladas por la existencia sólo del Partido Comunista y el gobierno como el organizador de las elecciones.
La primera conclusión es desafiante: todos los gobernantes, de cualquier signo ideológico, han sido los responsables de dislocar las estructuras generales de la democracia. La mejor herencia del parlamentarismo británico ha sido destruida por el modelo oligárquico de los partidos, cumpliendo la maldición de la “ley de hierro de la oligarquía” de Robert Michaels: no hay tributación sin representación.
Los parlamentos nacieron para contener el abuso antropofágico de los presidencialismos y monarquías en el cobro de los impuestos; pero las crisis en América Latina por alzas en precios, por ejemplo, tienen que ver con el sistema fiscal distorsionado, a favor del capital y sin capacidad para financiar el Estado de bienestar, además del alto grado de corrupción que desvía el dinero de las arcas públicas a los bolsillos de políticos y gobernantes.
El sistema de representación legislativa/parlamentaria fue el gran salto en la configuración de la democracia después de la Revolución Francesa (John Dunn), aunque como herencia de la Revolución Inglesa de 1642 (Thomas Hobbes). Cuando al rey Charles I de Inglaterra exigió en 1649 que le dijeran en nombre de qué autoridad lo juzgaban a él porque su poder monárquico procedía solo de Dios (Robert Filmer), la respuesta fue; “en nombre del pueblo que nos ha elegido”. Ahí quedó determinado el papel de los ejecutivos y los legislativos: ningún hombre sobre la ley –ni reyes ni presidentes ni líderes absolutistas–, todos controlados por el legislativo.
El proceso de perversión de la democracia ha llevado a situaciones absurdas en sistema presidencialistas sin controles legislativos: los presidentes designan a los candidatos a legisladores de su partido y por tanto los legisladores le deben lealtad al jefe y no al pueblo. En consecuencia, las leyes y presupuestos aprobados en el legislativo responden a la subordinación al ejecutivo. Los poderes legislativos y los partidos debieran ser los mejores y más eficaces controles de los ejecutivos y monarcas, pero resultan sus simples empleados.
La crisis del sistema de representación legislativa es producto, a su vez, de la crisis de la organización de los partidos políticos porque la mayoría no representa a la sociedad, sino que funciona en función de los intereses de la oligarquía gobernante (Michaels). El modelo clásico de división de poderes (barón de Montesquieu) deja de funcionar por el absolutismo de reyes y presidentes: el ejecutivo decide, el legislativo ya no vigila al ejecutivo y el judicial tampoco garantiza el Estado de derecho social. En este contexto, la sociedad deja de tener una representación en el poder, los grupos oligárquicos de izquierda o derecha deciden en función de sus propios intereses. Eso se percibe, por ejemplo, en los ajustes de precios en Chile por parte de un sistema democrático formal, pero que no tomó en cuenta los intereses de los ciudadanos.
La crisis de representación social ha puesto en jaque al modelo tradicional funcionalista procedimental de la democracia. La oscilación pendular de los grupos con ideologías tradicionales no radicales ya no le inyecta funcionalidad al sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional, sino que potencia los problemas. Al carecer de representantes en el legislativo que frenen los ajustes de los ejecutivos, la gente sale furiosa a las calles a protestar escalando la violencia al enfrentarse a las estructuras autoritarias policiacas y militares al servicio de las oligarquías.
Las izquierdas socialistas que decían representar los intereses populares se convirtieron en nuevas oligarquías de clase dirigente perpetuadas en el poder, sin siquiera ofrecer un modelo económico de mayor equidad. Con el pretexto de repartir la riqueza, al final sólo han podido repartir la pobreza, sin siquiera, como Cuba, tener la posibilidad de la protesta popular. Del alza de precios por acuerdos de estabilidad macroeconómica con el FMI a las tarjetas de racionamientos de alimentos, el ciudadano no tiene más camino que el conformismo –Cuba y Venezuela– o la violencia en las calles.
La ciencia política se ha quedado estancada en la democracia formal y no ha encontrado algún modelo de funcionalidad de la democracia en relación con los pueblos. Lo que queda es reflexionar sobre las formas de participación de la sociedad organizada al margen e inclusive contra los partidos. En esas estamos.
