La reunión del secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, con seismandatarios estatales de la zona alrededor de Ciudad de México el viernes 17 de mayo podría ser el prototipo de la fragmentación de la república en bloques regionales. Pero al mismo tiempo, estaría mostrando la faltade compromiso local de gobernadores y alcaldes con una estrategia realmente nacionalde seguridad.
El tema más importante de esa reunión fue la reafirmación del tema central: el nuevo modelonacional de policía. Sin embargo, el principal retrasoen la estrategia radica no sólo en la lentitud y apatía de gobernadores y alcaldes en la certificación y homologación de policías, sino en evidentes pruebas de que las autoridades locales nolo van a hacer.
La posposiciónotro año más de la certificación de policías tendrá un efecto negativo en el cronograma de suyo apretado de la estrategia nacional. Y la razón que se percibe en el interior de la republica radica en las evidencias de que la limpiade las corporaciones policiacas estatales y municipales sería costosa y, además, en la parte mas importante, trastocaríala estructura de poder de gobernadores y alcaldes.
Si desde el Acuerdo de Seguridad de 2008 se establecía la profesionalizaciónde los cuerpos de seguridad locales, once años después gobernadores y alcaldes siguen haciéndose los distraídos con uno de los puntos más sensibles de la inseguridad: el Estado nacional notiene la suficiente fuerza de despliegue de efectivos de seguridad para hacer el trabajo que pertenece, en diagnóstico, inteligenciay operación cotidiana, de policías estatales y municipales. En total, la fuerza policiaca estatal total sería de alrededor de 350 mil efectivos –y se necesitaría un aumento de 50% por lo menos para atender la fase de inseguridad– y la Guardia Nacional apenas llegaría a 150 mil efectivos.
En este sentido, los gobernadores han preferido trasladarlos delitos de fuero común que corresponden a las autoridades locales a los organismos de seguridad de fuero federal. De ahí la insistenciadel secretario Durazo Montaño en comprometera gobernadores y alcaldes en una certificación de sus fuerzas policiacas locales. Y luego tendría que venir un esfuerzo presupuestal inesperado para la capacitacióny rearmar a las policías locales.
El problema adicional radica en que gobernadores y alcaldes en realidad nohan convertido a sus policías locales en fuerza pretoriana del poder. La usan, y con mucha frecuencia, para hacer favores, para asignar policías de investigación a escoltas de amigos y aliados e inclusive para su propiaseguridad. Profesionalizar a los policías locales exigiría un apoyopresupuestal en salarios y prestaciones que no se tienen. Y, asimismo, la bajacalidad profesional de los policías afecta la cadena de seguridad involucrando a ministerios públicos, jueces y sobre todo penalesfederales y estatales en donde se han construido nidosde mando delincuencial que manejan al crimen organizado,
La oposición de gobernadores y alcaldes al mando único –la federalización informalde la seguridad– se mueve en los mismos temores de pérdidade autoridad y capacidad de mando político de las autoridades locales. El funcionamiento de las policías en el modelo de mando único tendría involucramiento federal en actividades sociales y políticas articuladasa los bloques de poder que sostienen a gobernadores y alcaldes. Pero al mismo tiempo, esos bloques de poder son la parte de sustentacióndel poder político de las bandas criminales.
En la reforma constitucional de la Guardia Nacional se incluyeron cuatrotemas que tenían que ver con los cuerpos locales de seguridad: el diagnósticode la situación de las policías, el planlocal de seguridad, la certificacióny como elemento de presión, la reforma ordenabala inclusión en el reglamento de la Guardia Nacional el criterio de que su uso en el nivel de fuero común en estados y municipios se iba a cobrar. En el escenario de la resistencialocal a profesionalizar sus cuerpos locales de seguridad, el cobro era una forma de presionarla reorganización de las policías estatales y municipales.
Pero por presiones de gobernadores y alcaldes, el presidente de la republica ordenóuna reforma a la reforma para que los servicios de la Guardia a nivel estatal nose cobraran. Más que un ahorro, gobernadores y alcaldes vieron en esa medida un apoyo a su decisión de noreorganizar ni profesionalizar a sus policías estatales y municipales. Sólo que habrá muchos problemasde seguridad cuando la Guardia realice operaciones que toquenlas relaciones perversas de complicidad de autoridades locales con el crimen organizado.
Si el gobierno federal noimpone su decisión de que en el corto plazo las policías estatales y municipales sean profesionalizadas en el modelo nacional de policía, la estrategia federal de seguridad creceráde resultados positivos. Así de simple.
Política para dummies: La política es el liderazgo…, por las buenas o por las no tan buenas y hasta por las malas.
