A pesar de que uno de los ejes principales del discurso gubernamental versa sobre el uso escrupuloso de los recursos públicos, y sobre el combate a la corrupción, en realidad existen muy pocas acciones consistentes que revelen que existe una verdadera política de Estado en esos rubros. El estado de abandono en que se encuentran tanto el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEO) como el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, y las nulas referencias que la nueva administración ha hecho respecto a ellos, permiten ver el estado de incertidumbre que versa no sobre los nombres y los cargos, sino sobre la noción que se tiene de esos temas, ambos esenciales para cualquier gobierno que se jacte de seriedad y de vocación democrática.
En efecto, en la anterior entrega nos referimos en específico a la situación que prevalece respecto al OSFEO. Apuntamos que el cambio de denominación recientemente aprobado (de OSFE a Auditoría Superior de Fiscalización) revela el interés sólo por la reorganización del órgano técnico de fiscalización del Congreso, pero no por fortalecer sus atribuciones o alcances respecto a la revisión de las cuentas de los entes públicos municipales y estatales. Las reformas a la Constitución y a la Ley de Fiscalización Superior sólo se refirieron a la denominación del órgano y su estructura operativa, pero no a sus facultades o alcances. Así, aún con un nombre nuevo, será más de lo mismo.
Caso aún más grave lo representa el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, ente aparentemente ciudadano y especializado, pero que carece de esas y todas las demás que debieran ser sus características esenciales. ¿Qué pasó? Que, a partir de 2017, cuando se estableció el Sistema Nacional, se estableció en la legislación estatal un ente con similares atribuciones pero para el ámbito local. Así, en la Ley Estatal del Sistema de Combate a la Corrupción se estableció que su Comité de Participación Ciudadana debía estar integrado por personas de la sociedad civil, que garantizaran su independencia de criterio a partir de estudios o aportaciones a la rendición de cuentas o al combate a la corrupción en la entidad.
Lejos de eso, el Comité de Participación Ciudadana fue integrado con personajes cercanos a los diputados locales, a los que no les importó que no se reunieran las cualidades previstas en la ley —comenzando porque en Oaxaca existe una enorme aridez académica, científica y social en esos rubros.
Fue, en la Legislatura antepasada, uno más de los esquemas de colocación de personas cercanas, del que no sólo fue objeto el Sistema Anticorrupción sino otros entes como el ya mencionado OSFE, el Órgano Garante de Acceso a la Información (OGAIPO, se llama ahora) o la Defensoría de los Derechos Humanos, que ahora se encuentra en medio de un limbo legal por la designación de su aun titular como Fiscal General del Estado.
En específico, la vida del Sistema Anticorrupción en Oaxaca ha estado marcada por la incertidumbre, las disputas por los espacios, los salarios y los presupuestos, y la evidente falta de resultados.
Y es que se supone que, por citar un ejemplo, una de las tareas primordiales del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción radicaba en estructurar una plataforma digital estatal “que integre y conecte los diversos sistemas que posean datos e información necesaria para verificar no sólo los intereses y patrimonio de los servidores públicos, sino también para monitorear el adecuado manejo y uso de los recursos públicos, así como de sanciones, adquisiciones, licitaciones, bienes, arrendamientos, auditoría y fiscalización…”
Dicha plataforma se supone que existe en la página web http://www.sesecc.oaxaca.gob.mx aunque en realidad no tiene ningún tipo de información adicional a la contenida en otros sitios web institucionales especializados en información pública, tal como la Plataforma Nacional de Transparencia. Y qué decir de los estudios, recomendaciones y seguimiento a cuestiones relacionadas con el combate a la corrupción. Sobre eso, y sobre todas las demás atribuciones que la ley les confiere, no existe prácticamente nada.
LA DISPUTA
En lo que sí han sido prolíficos es en pelear por los espacios, por los jugosos salarios y el aparente candil político que ello representa. El Comité Coordinador no tiene una integración plena porque desde hace un año no hay titular del OSFE; y el Comité de Participación Ciudadana ha sido también objeto de diversas disputas no entre sus integrantes sino entre los diputados de las sucesivas legislaturas oaxaqueñas.
La LXIII Legislatura estableció la integración actual como Comité, pero la siguiente Legislatura decidió cambiarle el nombre y establecerlo como un Consejo de Participación Ciudadana. Eligió incluso a sus integrantes y les tomó protesta, hasta que a través de un amparo se frenó el funcionamiento del nuevo órgano, porque un juez federal consideró que dicha reforma no cumplía con los requisitos necesarios para el cabal cumplimiento de la democracia deliberativa, entre otros quebrantos. Al final, prevaleció la figura del Comité… aunque en realidad esto no ha garantizado un buen funcionamiento del sistema.
En realidad, tras lo que han ido unos y otros son los recursos asignados al Sistema y los jugosos salarios que, enmascarados bajo la figura de los contratos de prestación de servicios por honorarios, perciben los actuales integrantes del Comité de Participación Ciudadana, los cuales de acuerdo con información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia, ascienden a más de 100 mil pesos mensuales para cada uno de ellos, independientemente de la estructura administrativa que fue creada para el supuesto funcionamiento del Sistema Anticorrupción.
Al final, lo más lamentable es que tampoco existen coordenadas claras respecto tanto a la Legislatura actual como al nuevo Titular del Poder Ejecutivo. La actual integración del Comité de Participación Ciudadana se desangra día a día en medio del olvido y la indiferencia tanto de la Legislatura como del Gobierno. Los integrantes que quedan del Comité viven guarecidos en la protección jurídica que consiguieron, pero en medio de la ignominia por su falta de resultados. Hasta pareciera que tanto al Ejecutivo como al Congreso les conviene tenerlos así, para voltear de cuándo en cuándo para acusarlos de inoperancia y mostrarlos como una evidencia de ese pasado ominoso del que, inopinadamente, pretenden no dejar piedra sobre piedra.
EPITAFIO
El problema es que no parece haber futuro para la cuestión sustantiva, que es el combate a la corrupción. No hay líneas claras por parte del gobierno sobre qué harán para mejorar la fiscalización, el control interno y las demás cuestiones que deberían también ser parte de la nueva entidad denominada Secretaría de la Honestidad. Lejos de parecer entender su naturaleza y funciones, esa dependencia parece ser el bunker del politburó desde donde parece que se intenta socavar a todo aquel que no es, o dice ser, químicamente puro para la 4T oaxaqueña. Y señalar a funcionarios tachándolos únicamente de ser “priistas” no es, ni por asociación, algo equiparable a combatir la corrupción.
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