La autonomía o la dependencia son las opciones que tienen los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para construir una institución que sirva al México que ha tocado fondo, o bien, que continue como estamos, es decir, hundidos en la corrupción.
Existen dos grandes obstáculos para que la Fiscalía General de la República sea una institución autónoma e independiente semejante a la UNAM, al INE y al Banco de México. Instituciones que son ejemplo de lo que es y significa la autonomía que ha dado certeza al país con las actividades desarrolladas.
La UNAM sorteó la tragedia del 68 con honor y dignidad frente al absolutismo de un gobierno que aplastó con fuego la libertad de pensamiento.
El INE ha sabido coordinar a la nación por el rumbo de la democracia efectuando elecciones libres en todo el país. Ha sabido hacer su trabajo con alta responsabilidad impidiendo las acciones fraudulentas en las elecciones en plazas donde la voluntad de los caciques era indiscutible.
Que decir de la capacidad de BANXICO para capotear las tempestades y vaivenes de la economía mundial; de las constantes amenazas de la inflación, y de una moneda que esta montada en una montaña rusa conteniendo los temores y los miedos que amenazan vaivenes económicos de otros tiempos que hicieron polvo la economía al haberse fugado miles de millones de dólares del país.
Instituciones autónomas que realizan actividades ejemplares para el bien de la nación y la estabilidad política del país.
En consecuencia, ¿porque impedir que la Fiscalía General de la República sea autónoma e independiente de la esfera de influencia del Poder Ejecutivo?
Hacer lo contrario, “dejar hacer y dejar pasar” el aval que el Senado dio para que las cosas permanecieran igual, al haberle negado la reforma del artículo 102 constitucional que en síntesis otorga las ventajas al presidente de la República para nombrar Fiscal General mediante una terna previamente seleccionada por él mismo, no abona para bien de la construcción de la 4a Transformación.
Impedir reformar el artículo 102 constitucional da pie a reconsiderar las promesas de campaña del gobierno electo, en el sentido de ir con todo y a fondo contra la corrupción, aunque habría que recordar que el pasado 6 de julio cuando el presidente electo descartó la posibilidad de reformar el artículo 102: “Yo estoy por el procedimiento actual vigente, y vamos a cumplir con esto”, enfatizó en aquella ocasión. Las contradicciones no fortalecen los temas sustanciales como es la autonomía de la Fiscalía.
Hacer una Fiscalía autónoma e independiente del resto de los poderes, significaría acabar de tajo con la corrupción en la Procuraduría General la República, terminar con la ineficacia laboral, poner fin a la burocracia que impide la aplicación de la justicia al venderla al mejor postor, aumentando con ello, los actos de impunidad, despotismo y corrupción.
No hacerlo, no reformar el articulado 102 constitucional equivaldría a seguir tolerando las anomalías que ahora padecemos. Sería tanto como cambiar para que nada cambie y, en consecuencia, se estaría engañando a la nación.
¿Porque impedir la autonomía si se actúa y se trabaja con honestidad?
Cuando la nación cuenta con un gobierno justo y honesto, que ve por la salud, el bienestar, la paz y la libertad de la nación, el gobierno deberá estar tranquilo y seguro porque esta actuando bien y, por lo tanto, su conciencia estará en paz y, querido y protegido por el pueblo que supo elegir en libertad al mejor gobernante.
Negar la autonomía a una institución que todavía no nace es practicar un aborto sin sentido, sin necesidad, toda vez que todo esta dispuesto para vivir y trabajar para reconstruir la moral, la justicia y la honestidad; virtudes que fueron despedazadas por la rigidez de un sistema presidencialista que ya es obsoleto.
Es pues, tiempo de airarse, de aprovechar la oportunidad de modificar estructuras que ya no ofrecen los resultados que reclama y necesita la nación. Instituciones que están anquilosadas, que ya no son creíbles, pues solo han respondido a la voluntad de un solo hombre. Es pues el tiempo de los legisladores para actuar a favor de la razón y de la autonomía para que se aplique la ley con justicia.
Por ello, es importante recordar en estos tiempos la afirmación del genio florentino: “El legislador es el arquitecto, no solo del estado, sino también de la sociedad con todas sus instituciones morales, religiosas y económicas”.
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