Como lo anunció el 1 de diciembre: “Informaré a la nación, temprano por la mañana, sobre la seguridad del país… Y, sí, a las 7 am del lunes 3 de este último mes del año, asistió puntual a la cita con la prensa para confirmar lo dicho y prometido a las familias de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa antes de tomar protesta como presidente del país: Encontrar la verdad sobre la masacre de Ayotzinapa.
Horas antes de la matutina conferencia del Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, a través de un boletín, invitaba a los medios a que asistieran al Salón de la Tesorería en Palacio Nacional para estar presente en la firma del Decreto presidencial que instalaba La Comisión de la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, Comisión que le fue asignada al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez.
El Decreto se firmó, y según el responsable directo del caso, Alejandro Encinas, en esta ocasión, las autoridades van a fondo del asunto para saber que fue lo que realmente sucedió y, por supuesto, encontrar a los culpables materiales y a los que ordenaron el macabro acontecimiento; mas aun, cuando ha pasado mucho tiempo, cuatro años largos años de angustia y desesperación de las familias que perdieron a sus hijos, en aquella noche de pesadilla y terror cuando la masacre enlutó a las 43 familias de los estudiantes normalistas desaparecidos, y que llenó de asombro y vergüenza a gran parte de la nación al tratarse de un brutal acto de barbarie condenado e inaceptable en todo país que se precie de civilizado.
El bárbaro y masivo acto criminal fue el naufragio político y moral del gobierno anterior, masacre que perfiló su derrota en la justa electoral del pasado 1 de julio. Elecciones federales en la cuales el PRI del presidente, brazo político del anterior régimen presidencial, perdió casi todas las posiciones políticas de elección popular, considerada como la más grave derrota en toda la historia política del PRI, tanto en las Cámaras Legislativas, como en los ejecutivos estatales y municipales. Nunca antes había sucedido tal despeñadero político. En efecto, “la gota derramó el vaso” de la credibilidad y la confianza en el Presidente de la República y en su partido. Credibilidad y confianza desaparecieron debido a que el Presidente no pudo o no quiso aplicar la justicia para resolver con la verdad y la ley el caso de Iguala.
En palabras de Hobbes: “La ley sin espada es tan solo papel, y sin una mano sólo es hierro frío”, las dos ecuaciones ocurrieron en el régimen que acaba de concluir; eso lo precipitó la perdida de la confianza de 30 millones de electores que optaron por dar sus votos al Movimiento de Regeneración Nacional y a su candidato hoy convertido en presidente de la República.
A partir del día 3 de este mes, el nuevo gobierno, encabezado por un “iluminado” tal y como lo calificó Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, intentará llegar al fondo de lo que ocurrió con aquella matanza que todavía sangra, lastima y nos llena de vergüenza: Ayotzinapa.
Este nuevo intento para llegar hasta conocer la verdad debe ser definitivo, pues las autoridades designadas están obligadas a no fallar ni a tratar de mentir con argumentos falsos para explicar lo que ocurrió, ya que hacerlo solo exhibirían, como sus antecesores, ineptitud o complicidad para mantener la impunidad.
En esta oportunidad para llegar a la verdad, va de por medio la confianza de la nación en el gobierno del Presidente López Obrador, el cual deberá sortear con la verdad, y solo con la verdad, la primera prueba de que, en efecto, el Presidente “tiene las riendas del poder en sus manos” para no hablar con mentiras y evadir el compromiso de la aplicación de la ley.
De manera, que las nuevas autoridades no pueden ni deben equivocarse porque millones de personas están pendientes de la conducta del nuevo régimen; miles de millones de ojos y oídos, conservadores y liberales, están observando los movimientos gubernamentales para confirmar o desmentir las promesas señaladas en los discursos del presidente, tanto en la Cámara de diputados como en el zócalo de la Capital, frente 150 mil personas que asistieron a escucharlo.
