La resolución final de la elección de gobernador en Puebla va a definir el rumbo de la política electoral del gobierno del presidente López Obrador: o seguir los pasos del viejo PRI que se quedaba con todas las posiciones electorales usando su fuerza institucional o fundar un mecanismo realmente democrático donde impere el respeto al voto.
La filtración de la propuesta de dictamen del magistrado José Luis Vargas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su twitter contaminó el proceso legal y tuvo una mala intención por la visita de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al Tribunal.
Si la hoy flamante funcionaria política del régimen en turno Sánchez Cordero fuera coherente, entonces tendría que reconocer que su visita al Tribunal fue un acto de presión institucional que interrumpió el debido proceso electoral y por tanto la resolución del magistrado Vargas debiera quedar sin efecto por ser lo que en derecho se conoce como “fruta de un árbol envenenado”.
Y el asunto compromete más a la ministra jubilada de la Suprema Corte en tanto que utilizó esa argumentación para dictaminar la liberación absoluta de la secuestradora Florence Cassez en enero de 2013. A menos, claro, que la ministra jubilada haya ya transitado a la velocidad de la luz del Estado de derecho al derecho absolutista del Estado de dictar reglas que beneficien a la nueva élite del poder.
En todo caso, la decisión final sobre las elecciones en Puebla que va a dictaminarse esta semana va a definir si el gobierno de López Obrador pondrá la democracia por delante o utilizará los mecanismos, instrumentos y formas absolutistas del poder presidencial para quedarse con todas las elecciones por venir. Lo que se juega en Puebla no es un resultado electoral ya dictaminado a favor de la candidata del PAN-PRD, Martha Erika Alonso, por pruebas endebles en contra, sino la existencia –como en los tiempos del PRI– de un pasadizo nada secreto que iría de la presidencia de la republica a Morena como partido con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la presidencia de la república.
En el pasado reciente, el PRI-Gobierno-presidente de la república presionaba a las autoridades electorales para determinar victorias sin pasar por las urnas, desde que el poblano Manuel Bartlett Díaz forzó a la Comisión Federal Electoral a dictar la victoria de Carlos Salinas de Gortari en las elecciones presidenciales de 1988. El IFE-INE y el Tribunal Electoral se separaron del gobierno justamente para evitar que el sistema político presidente de la república-PRI ganará elecciones por consigna y no por votos.
La filtración del dictamen del magistrado Vargas envenenó el ambiente electoral para generar presiones morenistas y anular las elecciones de julio pasado, a fin de beneficiar al experredista y neomorenista Miguel Babosa con una victoria en la mesa de negociaciones y no en las urnas. Puebla podría sentar el precedente para que Morena impugne y presione a las autoridades electorales –como lo hacia el PRI hasta no hace mucho– y con amenazas legislativas violentar el debido proceso electoral.
Alrededor del caso Puebla y el comportamiento sospechoso del magistrado Vargas coloca al entrante gobierno morenista ante revelaciones de presiones sobre el magistrado Vargas: la visita de la ministra jubilada de la Corte y secretaria de Gobernación y una propuesta de la bancada de Morena en la Cámara para despedir al magistrado Vargas de su cargo. Justo después de estas acciones, el magistrado circuló su dictamen proponiendo anulación de elecciones y con ello desvirtuando el Estado de derecho en una elección de gobernador.
Por razones de la dimensión de su victoria, Morena y el presidente López Obrador están obligados a abandonar las viejas prácticas priístas de controlar procesos electorales para demeritar a la oposición. Una de las argumentaciones de respuesta del PAN al dictamen del magistrado Vargas deber dominar en la serenidad de la votación en el pleno:
“El proyecto de sentencia es un absurdo a la razón jurídica: el propio magistrado reconoce que no hay variaciones en los votos obtenidos por la candidata panista entre el primer cómputo y el recuento total que hizo el mismo magistrado Vargas con decenas de funcionarios del Poder Judicial Federal”.
Si Morena usa todo su poder para obligar al Tribunal Electoral federal a anular la elección de gobernador en Puebla sólo porque ganó la coalición PAN-PRD-MC, el arranque del sexenio Morena-AMLO despertará las certezas de que no hay cambio de sistema ni de régimen sino sólo relevo de partido en una estructura de poder marcadas por los vicios priístas del absolutismo político.
Política para dummies: La política debiera ser el juego democrático, no las tensiones del poder absolutista.
