El incidente con el periodista Humberto Padgett en instalaciones militares de Santa Lucía se añadió a videos de agresiones, insultos y falta de respeto a la autoridad castrense, pero al mismo tiempo ha servido para que las fuerzas armadas clarifiquen su papel en actividades públicas de seguridad interior.
En todos esos casos, los militares se han ajustado a los mandatos legales de respeto a la libertad de expresión y de protesta social, pero han dejado muy en claro que el ciudadano también tiene obligaciones jurídicas que respetar. Una cosa es la investigación periodística a fondo y otra invadir instalaciones militares que caen dentro de las restricciones de la seguridad nacional.
La información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional el mismo jueves fue muy clara: tres personas fueros detenidas por policías militares en el interior del campo militar 37-D en Santa Lucia, Estado de México, al ser sorprendidas grabando un video sin la autorización correspondiente. Lo grave del asunto fue que dos de ellas, presuntamente escoltas, se habían identificado como militares, estaban armadas y mintieron a los guardias internos en el campo.
El problema del caso será de implicaciones legales más allá de la irrupción a una zona militar protegida por razones de seguridad nacional: el periodista Padgett llevaba dos escoltas proporcionadas por la autoridad federal por razones del mecanismo de protección a periodistas amenazados de muerte. Lo malo no fue ese hecho, sino el que el periodista haya usado a esas escoltas en actividades no permitidas. El incidente pudo haber terminado en tragedia si los escoltas hubieran disparado a militares.
De acuerdo con la información de Sedena, en el campo 37-D “se albergan instalaciones que tienen carácter estratégico, cuya afectación pondría en riesgo la vida de personas que ahí laboran, así como a la población civil aledaña, razón por la cual todo individuo que intente ingresar a las áreas no autorizadas debe ser plenamente identificado”. Las leyes señalan la absoluta libertad de prensa, con la restricción de la que tiene que ver con asuntos de seguridad nacional, militares y de protección de las altas autoridades.
En los hechos, los militares no agredieron a un reportero y dos escoltas armados dentrode instalaciones de seguridad estratégicas, sino que detuvieron a tres personas sin permisos correspondientes que estaban haciendo filmaciones de infraestructura militar. El tema no es menor por las razones de aumento de las medidas de seguridad en instalaciones de las fuerzas armadas por las agresiones de bandas del crimen organizado.
Las tres personas atrapadas sin permisos dentro de instalaciones de seguridad nacional militar fueron entregadas a elementos de la fiscalía del Estado de México y llevados a oficinas periciales, donde fueron liberados. En un tuit nocturno Ciro Gómez Leyva afirmó lo siguiente: “he estado en comunicación con Humberto Padgett. No hay nada que reclamar a la policía militar ni a la @SEDENAmx. Esperamos que él y sus compañeros salgan en los próximos minutos”.
Este último dato es muy importante: la Policía Militar es la autoridad única de seguridad dentro de instalaciones militares y hasta ahora, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la que registra el menor volumen de acusaciones de abusos. Y es la Policía Militar el eje central de la nueva Guardia Nacional.
Las aclaraciones inmediatas de Sedena ayudaron a desdramatizar la tensión del momento, toda vez que se acumulan acusaciones de agresiones contra periodistas por parte de políticos, funcionarios, gobernantes y sobre todo agrupaciones del crimenorganizado, ante la pasividad no sólo de los diferentes niveles de gobierno, sino sobre todo de la burocratizada CNDH que se conforma con emitir boletines sin seguimiento procesal, a pesar de contar con facultades, elementos e informaciones de los casos denunciados. De todas las acusaciones hay que depurar aquéllas que nada tienen que ver con actividades periodísticas, pero debida y fehacientemente deslindadas en investigaciones periciales minuciosas.
El periodismo tiene la obligación de mostrar el lado oscuro de la realidad, pero debe tener el cuidado de respetar las restricciones establecidas en las leyes. Y los temas de seguridad nacional referidas a oficinas civiles y a espacios de las fuerzas armadas son los más importantes, toda vez que el país atraviesa por una ofensiva criminal de bandas y cárteles de la delincuencia organizada contra las organizaciones de seguridad del Estado.
El Carrete. La captura de Santiago El Carrete Mazari, jefe del grupo Los Rojos que operaba en Guerrero y Morelos, podrá desenredar dos expedientes clave: la desaparición criminal de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2014 y la protección recibida por el delincuente en los tiempos del gobierno perredista de Graco Ramírez Garrido Abreu.
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