Ya son 17 los jóvenes aprehendidos por haber cometido agresiones contra el estudiantado en Ciudad Universitaria. Han sido acusados de haber causado motín; ataque contra las instalaciones universitarias y golpeado gravemente a estudiantes, que pacíficamente se manifestaban en la explanada de la Rectoría. Además, fueron expulsados de la UNAM por el Tribunal Universitario, a consecuencia de los delitos cometidos contra la autonomía universitaria en su conjunto.
No es la primera vez, ni será la ultima que suceden en los campus universitarios este tipo de actos cargados de violencia. Han ocurrido varios, incluso, más graves, mortales a lo largo de la vida histórica de la Universidad.
Y es que, cuando se mezcla la actividad político-estudiantil con intereses ilegales, como es la venta y consumo de drogas, más el comercio ambulante expendedor de alcaloides, tolerado y protegido por los mismos vigilantes del campus, y un sistema de seguridad que, irónicamente, lo es todo menos un sistema de vigilancia y que, si se le investigara, quedaría al descubierto la Caja de Pandora revelando sus vínculos con los vendedores de droga, con los porros y con los consumidores; más otras tantas prácticas que nada tienen que ver con la autonomía, la academia y la vida universitaria. Solo que hay una condición que implica aclarar la posición del STUNAM al respecto porque, hasta ahora, los cubre y los protege, y además no ha expresado nada en referencia a la ineptitud de sus agremiados de los cuerpos de vigilancia. Solo así se explica la impunidad que caracteriza a estos “trabajadores” de vigilancia en los campus universitarios.
Todos y cada uno de los ilícitos que se cometen en la UNAM, decíamos, no son nuevos, con el correr del tiempo y durante varios periodos de los diferentes rectores y directores de facultades los ilícitos se han ido acumulando hasta hacer bombas de tiempo, como la que ahora le explotó al rector Enrique Graue.
Explosivos que estallan por el simple hecho de no enfrentar la problemática cuando esta se presenta, tal es el caso pendiente del Auditorio llamado “Che Guevara, convertido en nido de mal-vivientes, drogadictos, delincuentes, vagos sin oficio ni beneficio, mujeres que hasta partos y abortos han tenido en el “revolucionario” alojamiento en donde todo cabe menos la autonomía universitaria.
Graue, al inicio de su gestión, ofreció recuperar el espacio; sin embargo, todo quedó en eso, en un simple ofrecimiento. Quedó claro, que no pudo hacerlo porque algo superior a sus atribuciones se lo impidió puesto que surgía el riesgo de prender el fuego de manifestaciones y protestas que no convenían ni a la rectoría ni al propio gobierno del presidente Peña Nieto.
Así que los buenos deseos quedaron en eso, en buenos deseos solamente.
Casi superado el estallido reciente, el Rector Graue se dispuso a escuchar y asistir al estudiantado, ofreciendo resolución a sus demandas, como ha sido el caso del Pliego petitorio, que le fue entregado el pasado 4 de octubre por los integrantes de la Asamblea estudiantil. Acto de recepción del documento en el que se informó que han sido expulsados 31 estudiantes hasta el 5 de octubre.
“Como rector, reitero mi compromiso de continuar actuando conforme a derecho y a nuestra legislación para eliminar de nuestra Universidad a todos los llamados grupos de porros, y así librar a nuestras entidades académicas de su nociva presencia”, aseguró Graue.
Sobre la violencia de género, el Rector dijo que desde el inicio de su gestión se han incorporado las 27 acciones en favor de la igualdad de género y en contra de la violencia contra las mujeres.
Hay varias acciones importantes a cumplir por las autoridades universitarias, tal y como las que se incluyen en el Pliego petitorio, aunque la prioridad que destaca es, sin duda, la seguridad de la población: estudiantado, académicos y trabajadores en los campus universitarios.
Concluyendo, si no hay seguridad se está impidiendo el libre ejercicio de las ideas, no poder estudiar con tranquilidad, no impartir cátedra en libertad y confianza, no poder transitar dentro del campus con seguridad y libertad.
En suma, en un ámbito de inseguridad amenazado por golpeadores a sueldo del narcomenudeo, no se está cumpliendo el ejercicio pleno de la autonomía universitaria, debido a que el precio de la libertad para ejercer la autonomía es la garantía de su seguridad y vigilancia estricta para protegerla.
De no hacerlo, de no utilizar las leyes para defenderla, la autonomía continuará siendo una entelequia que adorna las frases de los discursos académicos.
@luis_murat
