Los todopoderosos hombre de la toga y birrete demostraron que nadaentienden de política y lucha por el poder, pero lo más grave fue que también demostraron ser ignorantesde los caminos secretos del litigio judicial. La crisis López Obrador-Suprema Corte nofue por salarios, sino por una nueva redistribucióndel poder real que implica la rupturadel orden constitucional en materia de división de poderes.
Ninguno de los pompososministros de la dependencia encargada de resguardar la Constitución entendió la lógicade la disputa por el poder. La controversia constitucional no se localizó en intentar bajar salarios, sino en el hecho de que una ley impusola figura personal del presidente de la república en materia salarial como factor de definición del poder de un poder sobrelos otros dos poderes.
La ley de remuneraciones nopuede estar por encima de la autonomía de los otros dos poderes, el legislativo y sobre todo el judicial. La tarea de la Corte, por tanto, no estaba en analizarel contenido salarial de esa ley sino de determinar si era válido que el salario del presidente de la república pudiera determinarfuncionamiento autónomo del poder judicial.
La intenciónfinal de López Obrador en realidad no radica en un asunto de justicia distributiva salarial, sino en dejar claro que el presidente de la república por la vía de los salarios era el poder supremo. Los legisladores lopezobradoristas tuvieron la inoportunidad de fijar el salario máximo con alguna otra unidadde valor –por ejemplo, los UDIs posteriores a la crisis de tasas de interés bancarias de 1995–; pero al poner el salario del presidente de la república –“nadie puede ganar más que yo”, declaró López Obrador en una variante del luiscatorcesco “el salario soy yo”– se dejó clara una nuevajerarquía de mando piramidal con dominaciónpresidencial.
El trasfondode lucha por la supremacía del poder legislativo lo reveló la bancada de Morena con su amenaza a la Corte: o se bajan los salarios o se los bajamos, un acto de destrucciónde la autonomía del poder judicial al querer dictar el poder legislativo el funcionamiento internodel judicial. La salidainstitucional es más sencilla: aprobar un presupuesto bajo y que la Corte se haga bolasejerciéndolo con restricciones.
Pero la intención de convertir el salario presidencial en el ejede gasto corriente lleva el mensaje de anunciar el regresodel presidencialismo absolutista.
No se trata, por cierto, de la construcción de una dictaduracomo la de Venezuela. El objetivo, en realidad, es el de reconstruirel viejo modelo presidencialista dominante priísta que funcionó con base electoral de mayoría calificadahasta 1982, con mayoría absolutahasta 1991 y como primera minoríadesde 1997. El modelo presidencialista funcionalizadopor base legislativa ha operado siempre.
En los hechos, el sistema presidencialista–que no presidencial— ha sido el ejede los diferentes sistemas políticos desde el imperio de Agustín I de Iturbide. Pero al paso del tiempo, la maduración de la sociedad civil le fue quitandopedazos de poder de dominación al presidencialismo de Estado absolutista-filantrópico–aportación de Octavio Paz a la ciencia política mexicana en materia de teoría del Estado–. En este escenario, el modelopresidencialista de López Obrador es el totalizador–aportación de José Revueltas desde el marxismo– y ha de necesitar la reconcentraciónde los poderes perdidos en un Estado dominante.
La oposición en la Cámara y los barones de la toga y el birrete nohan entendido la lógica del poder de López Obrador. La defensa debe centrarseen la protección de la divisiónde poderes, no del salario. Pero la astucia de López Obrador llevó la guerra de poderes al terreno de los abusossalariales del poder judicial, beneficiándose inclusive por la defensa salarialde la Corte.
Si la respuesta de la Suprema Corte fue equivocada porque ofreció la imagen mezquinade defender salarios y nivel de vida, la salida política e institucional puede aún ayudar a reorientar las argumentaciones: blindarse hacia dentro, profundizar su independenciadel ejecutivo y revolucionar la sociedad con la aplicaciónde las leyes. El gobierno mexicano noresistiría un poder judicial estricto porque el modelo de acusaciones que opera el ejecutivo está máscorrompido que la defensa salarial del poder judicial.
El debate está en el terreno de la divisiónde poderes. El hoyoanticonstitucional de la ley de remuneraciones radicó en poner la figura del presidente de la república o jefe del poder ejecutivo federal por encimadel autónomo e independiente poder judicial. El ejecutivo tiene la facultad de entregarel presupuesto al judicial y nometerse en su distribución. Y el judicial perdióla oportunidad de autorregularse.
Si quien tiene el dinerotiene el poder, también quien tiene el poder puede dominaral dinero.
Política para dummies: La política es el campo de batalla por la jerarquía del poder.
