* Las más de las veces las autoridades federales y estatales no actúan, dadas las complicidades con los dirigentes de las organizaciones políticas y sociales que presionan y chantajean al Gobierno con el bloqueo de calles y carreteras.
* De ahí la trascendencia social que tiene que el gobierno de Alejandro Murat, a través de la secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública cumplan con su obligación de respetar y hacer respetar la ley y retiren los bloqueos.
Junto con la proliferación del ambulantaje los frecuentes bloqueos de calles, carreteras y toma de la caseta de peaje de Hutizo, se han convertido en un grave problema que tiene hartos a los oaxaqueños. El pretexto es lo de menos.
Sin dejar de desconocer que en algunos casos la causa que motiva los bloqueos al igual que las marchas es justificada, sin embargo, no podemos dejar de reconocer que en otros muchos casos, se trata de simples presiones y chantajes.
Este tipo de movilizaciones plantean un conflicto legal, toda vez que los inconformes se amparan en su derecho a la libertad de manifestación y expresión, no obstante el ejercicio de su derecho lesiona los derechos de terceros a la libertad de tránsito.
La obligación de respetar los derechos humanos es muy clara en las leyes que emanan de la Constitución federal y estatal, en virtud que los derechos de un grupo por más numeroso que sea no debe prevalecer sobre el interés general de la sociedad.
Hasta ahí no hay mayor problema de interpretación, las cosas se complican como resultado de la renuncia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno a cumplir su obligación de respetar y hacer respetar la ley a todos por igual.
Las más de las veces las autoridades federales y estatales no actúan, dadas las complicidades con los dirigentes de las organizaciones políticas y sociales que presionan y chantajean al Gobierno con el bloqueo de calles y carreteras.
Para nadie es desconocida esta nefasta realidad, debido a que muchas veces los políticos y los propios gobernantes y autoridades utilizan a los dirigentes de las organizaciones política y sociales como ariete para llegar al poder y mantenerse en este.
De ahí la trascendencia social que tiene que el gobierno de Alejandro Murat, a través de la secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública, cumplan con su obligación de respetar y hacer respetar la ley y retiren los bloqueos.
No se trata, de ninguna manera de convocar a la represión, por el contrario, es indispensable que los grupos y organizaciones inconformes reencaucen sus protestas en el marco de la ley, mediante el diálogo y la negociación.
El objetivo común a perseguir por pueblo y gobierno debe ser la convivencia armónica y con paz social, puesto que si uno y otro no ajustan su conducta al respeto a la ley prevalecerá la ley de la selva y terminaremos enfrentados todos contra todos.
Después de más de tres meses, 97 días, de bloqueo por ex trabajadores de los Servicios de Salud sorpresivamente elementos de la Policía Preventiva y la Policía Vial Estatal liberaron la Avenida Juárez y la calle Pino Suárez.
Ayer, un día después, elementos de la Policía Estatal Preventiva liberaron el crucero del Estadio Eduardo Vasconcelos, luego que fuera tomado por la fracción disidente del STEUABJO encabezada por Julio Mora para presionar y obtener su Toma de Nota.
La decisión tomada por el Gobierno del Estado, a través de las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública, obliga a reflexionar y concluir que más vale que el desalojo de los bloqueos se haga tarde que nunca.
Además del diálogo y la negociación las propias leyes proporcionan herramientas y medios para exigir pacífica y legalmente a las autoridades que respeten nuestros derechos consagrados en la Constitución General de la República y de Oaxaca.
El Estado y sus tres órdenes de gobierno tienen la obligación irrenunciable de garantizar la seguridad pública, respetando y haciendo respetar la ley a las propias autoridades de los diversos niveles de gobierno y a los gobernados.
Y estos últimos no deben afectar los derechos de terceros en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos a la libertad de expresión y manifestación, atentando contra la libertad de tránsito de conductores de vehículos y peatones.
El Secretario de Seguridad Pública, Heliodoro Díaz, aseguró que el operativo se realizó la madrugada del domingo con estricto apego a la ley para garantizar la libertad de tránsito y por demanda de la ciudadanía afectada.
El desalojo fue calificado como represión por los ex trabajadores de la Secretaría de Salud desalojados al supuestamente utilizarse gas lacrimógeno, lo que fue desmentido por el director de la Policía Vial Estatal.
En mutuo respeto entre las partes, el Gobierno de Alejandro Murat dijo que se mantiene firme en continuar el diálogo y mesas de trabajo con los tres órdenes de gobierno y representantes de las y los trabajadores del sector salud.
Mientras el Gobierno estatal sigue el diálogo con los manifestantes, la Policía Preventiva y Policía Vial mantiene un dispositivo de seguridad en Avenida Juárez, garantizando el derecho al transporte, público-privado y peatones al libre tránsito.
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