* Con esta resolución laboral inédita, sin precedente en la historia, iniciará el principio del fin de los seis sindicatos, STEUABJO, STAUO, SECUABJO, SITUABJO, SUMA y SUA, cuyos dirigentes han sido prostituidos por los rectores y ex rectores, y la mano negra de funcionarios y políticos.
* Fernando David López Cruz, olvida que el STEUABJO es sujeto obligado en materia de transparencia y acceso a la información, es decir, a rendir cuentas, por lo que si le sigue jalando los bigotes al tigre de la Cuarta Transformación, puede ser sujeto de auditoría que no aprobaría.
Al celebrarse hoy la audiencia incidental de pruebas y alegatos para demandar la inexistencia de la huelga del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UABJO (STEUABJO), en breve, ésta será declarada inexistente por los miembros de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Al no buscar la huelga el equilibrio de los factores de la producción, según la Fracción I del artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo, Héctor López Sánchez, representante legal de la UABJO, demandó la declaratoria de inexistencia el pasado 2 de febrero.
Con esta resolución laboral inédita, sin precedente en la historia, iniciará el principio del fin de los seis sindicatos, STEUABJO, STAUO, SECUABJO, SITUABJO, SUMA y SUA, cuyos dirigentes han sido prostituidos por los rectores y ex rectores, y la mano negra de funcionarios y políticos.
Los dirigentes de los seis sindicatos que sangran a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pero en particular el del STEUABJO Fernando David López Cruz, está teniendo una muy mala lectura de la lucha contra la corrupción que ha emprendido el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pasa por alto que, hoy más que nunca, la universidad pública oaxaqueña, única opción de educación superior de los hijos del pueblo bueno, está obligada a respetar y hacer respetar las leyes relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Además, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UABJO es sujeto obligado en materia de transparencia y acceso a la información, es decir, está obligado a rendir cuentas, por lo que si le sigue jalando los bigotes al tigre de la Cuarta Transformación, puede ser sujeto de auditoría que no aprobaría.
Uno de los mayores argumentos para declarar la inexistencia es que la UABJO ha acumulado un creciente déficit financiero, lo que pone en riesgo la prestación de sus servicios educativos durante el presente ejercicio fiscal.
En las pláticas conciliatorias, la UABJO demostró su insolvencia financiera para acceder a las desmedidas peticiones de carácter económico que solicitó el sindicato emplazante a huelga.
Para atender el creciente déficit presupuestario, en el Convenio de Apoyo Financiero extraordinario, firmado en 2018 con la SEP y el Gobierno local, la UABJO se obligó a incorporar y fortalecer en su reglamentación las disposiciones en materia de disciplina financiera institucional.
De esta manera, la universidad pública oaxaqueña, se comprometió a observar los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia y economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos del subsidio otorgado.
Para nadie es un secreto que los últimos ex rectores y sus familias, pero especialmente Abraham Martínez Alavez, su hijo Eduardo Martínez Helmes y Leticia Mendoza Toro, se han dedicado a saquear los recursos de la Universidad pública oaxaqueña desde hace 40 años.
Lo mismo han hecho los corrompidos ex dirigentes y dirigentes de los Sindicatos de Trabajadores y Empleados, de Trabajadores Académicos, de Empleados de Confianza, Independiente de Trabajadores, Universitario de Maestros y Universitario de Académicos.
La institución educativa depende de un subsidio que otorga fundamentalmente el Gobierno Federal y una parte proporcional el Gobierno de Oaxaca, es decir, es una institución que no genera recursos económicos ni riqueza financiera.
A pesar que la UABJO comunicó el aumento salarial fijado por la Dirección General de Educación Superior de la SEP en el periodo conciliatorio de pre-huelga, desafortunadamente, no se llegó a un arreglo satisfactorio para ambas partes.
Asimismo, la Universidad cumplió con cada una de las supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y convenios suscritos con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UABJO.
Por su insolvencia, la Universidad Benito Juárez solicitó en 2018 a los gobiernos federal y local, un apoyo extraordinario para contar con los recursos necesarios para garantizar su operación.
La SEP otorgó a la UABJO, por conducto del Ejecutivo Estatal, con base en su disponibilidad presupuestaria, autorizado por la Secretaría de Hacienda, un apoyo de hasta 51 millones de pesos.
Según el Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales Extraordinarios No Regularizables, el apoyo se cargó a la clave presupuestaria 11 511 25 03 00 005 U006 43801 1 1 20.
La UABJO, se obligó a destinar los recursos públicos extraordinarios de carácter no regularizables materia del convenio, única y exclusivamente a solventar los servicios personales para garantizar la continuidad de los servicios educativos de la Universidad durante 2018.
El convenio fue celebrado el 21 de diciembre de 2018 entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, representada por el Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez.
El Subsecretario de Educación Superior, estuvo asistido por la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria; y el Gobierno del Estado de Oaxaca.
El Gobernador Alejandro Ismael Murat Hinojosa estuvo asistido por el Lic. Jorge Gallardo Casas, en ese entonces Secretario de Finanzas y la UABJO, representada por el Rector, Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez.
En el convenio quedó expresamente estipulado, que los recursos presupuestarios federales que se otorgaron en 2018 a la UABJO por conducto del Ejecutivo Estatal, tiene el carácter de subsidios extraordinarios no regularizables.
Así también, se comprometió a elaborar y presentar al Consejo Universitario, dentro de los tres meses posteriores a la firma del convenio, una propuesta de normas o disposiciones generales
Para la adecuada administración, ejercicio y rendición de cuentas de los recursos públicos que reciba.
Para ello, debió considerar, en lo aplicable, las leyes relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción. La propuesta debió contemplar los objetivos, metas, estrategias, acciones y mecanismos de seguimiento y evaluación por los órganos de control y vigilancia de la institución que permitan su cabal cumplimiento.
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